Distintos medios de comunicación de Estados Unidos comenzaron una campaña de presión para lograr que se inicie un proceso de destitución contra el presidente Donald Trump.

The New York Times exhortó en febrero pasado al ministerio de Justicia a nombrar un procurador especial, independiente y calificado para investigar "los lazos de la Administración Trump con el Gobierno ruso".

The Atlantic también señaló que Trump podría estar violando la constitución de EE.UU., más exactamente la 8ª cláusula de la 9ª sección del artículo primero, en el que se establece que "ninguna persona que ocupe un empleo remunerado u honorífico que dependa de ellos aceptará ningún regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuese, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso".

En ese sentido, las ganancias que recibe la organización Trump (que tiene negocios en una docena de países), cuyo dueño es el presidente, son, de acuerdo con el medio, una violación a la constitución.

No obstante, al llegar a la Casa Blanca, Trump renunció públicamente a dirigir las operaciones de sus negocios y las delegó en su familia.

¿Trump puede ser realmente destituido o es solo una campaña mediática de los sectores más radicales del Partido Demócrata?

El 'impeachment' no significa la expulsión del cargo, sino la acusación y posterior sentencia, lo que conlleva a la destitución. Se fundamenta en actos punibles como la "traición, el soborno u otros graves crímenes y delitos", según recoge el propio texto constitucional estadounidense.

La posibilidad de procesamiento a un presidente, vicepresidente y cualquier cargo público civil está consagrada en la Constitución estadounidense. Pero su interpretación es amplia: puede impulsarse ante lo que se consideren casos de “traición, soborno, altos delitos o faltas”. Y es necesario un consenso extendido: la Cámara de Representantes debe aprobar por mayoría la destitución y el Senado respaldarla con el apoyo de dos tercios del pleno.

Sólo dos presidentes han sido destituidos en los 241 años de historia presidencial de Estados Unidos.

El primero fue Andrew Johnson, en 1868, cuando fue acusado de violar la ley al destituir al secretario (ministro) de Guerra sin contar con la entonces preceptiva aprobación del Congreso.

El segundo caso lo protagonizó Bill Clinton, en 1998, tras ser acusado de obstrucción de la justicia y perjurio, por presuntamente haber mentido bajo juramento ante un tribunal federal que le interrogó sobre sus relaciones sexuales con Monica Lewinsky, una becaria no remunerada en la Casa Blanca. Ambos fueron condenados en la Cámara de Representantes pero absueltos en el Senado, donde la acusación no superó los dos tercios de mayoría necesarios.

El procedimiento de destitución también se activó contra Richard Nixon por el escándalo Watergate, pero éste dimitió antes de que la Cámara de Representantes votara el asunto que ya había sido debatido y aceptado en el oportuno comité parlamentario. Se convirtió así en el único presidente estadounidense que ha renunciado al cargo.

En conclusión, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo está actualmente controlado por los republicanos, es improbable que se pueda iniciar un procedimiento de destitución, así haya congresistas demócratas que puedan llevar adelante la iniciativa, como la experimentada representante de California, Maxine Waters, en el Parlamento bicameral desde 1991.

“Prepárate para un impeachment”, fue la amenaza en Twitter de la congresista demócrata. La amenaza de Waters llega al día siguiente de que el FBI confirmara que está investigando si existen esos vínculos de Trump con Rusia.

Alternativas que asoman los medios para apartar a Trump del poder

Además del "impeachment", algunos medios han asomado que la vigésimo quinta enmienda a la Constitución de EE.UU., aprobado en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, regula el escenario en el que el presidente es declarado incapaz de seguir cumpliendo sus funciones y deberes.

En este caso, si el vicepresidente de EE.UU. y los 15 miembros del Ejecutivo o cualquier "organismo que el Congreso haya autorizado por ley" decidieran que Trump no está en plenas facultades físicas y/o mentales para asumir sus responsabilidades, sólo les haría falta enviar esa información por escrito al líder de la Cámara de Representantes, para que el vicepresidente se convirtiera en presidente en funciones.

En ese supuesto, el Congreso tendría que refrendar por mayoría de dos tercios de ambas cámaras la incapacidad presidencial.

El debate sobre el estado psicológico de Trump es recurrente en las portadas de los diarios. Incluso hay notas de psiquiatras que sostienen que presidente ha mostrado signos de "grave inestabilidad emocional" y que ese hecho le incapacita como presidente.