El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes la renovación de la cúpular militar, tras la destitución de seis generales del Ejercito colombiano involucrados en el caso de los falsos positivos.

Santos confirmó la salida del general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, por sus expresiones "irrespetuosas y desobligantes" sobre las investigaciones de la Fiscalía por los “falsos positivos”.

Tras la decisión, Barrero declaró a medios internacionales que su salida se debe a una decisión política que se produce por un infortunado episodio relacionado con una conversación privada de hace dos años con un oficial subalterno sindicado más no condenado por el delito de homicidio.

Reportes oficiales dan cuenta de la salida de Barrero y otros cinco generales: el mayor general Manuel Guzmán, segundo comandante del Ejército; el general Fabricio Cabrera, jefe de Aviación del Ejército; y el brigadier general Jaime Reyes.

Los funcionarios son cuestionados por su papel frente a la corrupción en los contratos militares. "Se van porque no actuaron conociendo las irregularidades", dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Antes de la confirmación por parte de Satos, ya el lunes había renunciado el general Javier Rey, antiguo jefe de la Aviación Militar y jefe de Operaciones en el Comando General. Se conoció también que ahora el comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez, reemplaza a Barrero en el Comando General, mientras que el Comando del Ejército queda en manos de Jaime Lasprilla.

Sobre este caso, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, señaló que a las Fuerzas Militares "hay que protegerlas de los enemigos externos y de los enemigos internos".

Dijo que algunos oficiales sabían de la corrupción interna en los contratos y no actuaron. "Hay que actuar con severidad y contundencia contra quienes se lucran o permiten la corrupción", señaló el dignatario.

Las revelaciones de la revista Semana, el pasado 3 de febrero, dan cuenta de intercepciones ilícitas a miembros de la delegación gubernamental en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por medio de esa publicación, se conoció a través de las escuchas que parte del dinero de los contratos adjudicados por el Ejército en 2012 y 2013 para la compra de equipos, material de intendencia y hasta de la gasolina para los vehículos, terminó en cuentas de militares presos por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, se descubrió que el dinero fue utilizado para pagar la defensa -y la compra de testigos- de militares involucrados a los llamados falsos positivos.