Las leyes de amnistía han sido implementadas en América Latina, en su mayoría, durante dictaduras o Gobiernos que buscan ocultar y dejar sin justicia los crímenes contra los Derechos Humanos ocurridos en sus gestiones. 

A los responsables de masacres, torturas, homicidios y desaparecidos estos instrumentos legales les han garantizado el amparo y dejan de lado a las víctimas. 

Por eso siempre se ha recurrido a instancias internacionales como las Naciones Unidas para solicitar su derogatoria. Algunas han sido calificadas como leyes del olvido y otras como leyes de autoamnistía. 

Mientras movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos internacionales se movilizan desde hace décadas para exigir la anulación de estos instrumentos en países de la región, la derecha venezolana promueve, gracias a su victoria circunstancial en el Parlamento, la llamada “Ley de Amnistía y Reconciliación” cuyo único objetivo es perdonar y dejar en libertad a quienes han cometido crímenes contra el pueblo.

1. Chile:  La Ley de Amnistía la usó Augusto Pinochet para proteger a los autores de los abusos cometidos durante los años que duró su dictadura. Esos hechos implicaron el homicidio o desaparición de más de 3 mil personas y la detención arbitraria y tortura a más de 38 mil ciudadanos.

El decreto se aprobó en 1978 y protegió del procesamiento judicial a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990. Por esta razón fue denunciado por los organismos de derechos humanos reiteradamente.

A pesar de la vigencia de la norma, desde que se detuvo a Pinochet en 1998 los jueces de Chile optaron por no aplicar la ley porque contravenía al Derecho Internacional. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al país su derogatoria.

Desde su campaña a la presidencia de Chile, la mandataria Michelle Bachelet resaltó la necesidad de derogar la medida y en 2014 pidió al legislativo discutir una moción parlamentaria que llevaba años estancada. 

2. Argentina: En 1983 fue promulgada la llamada Ley de Pacificación Nacional, que muchos calificaron como ley de autoamnistía. Contemplaba beneficios para autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores de diversos abusos ocurridos durante la dictadura cívico militar y extinguía las acciones penales de los delitos cometidos desde mayo de 1973 hasta junio de 1982.

Cuando llegó a la presidencia Raúl Alfonsín derogó la medida. Sin embargo, en diciembre de 1986 promulgó la Ley de Punto Final que paralizó los procesos judiciales contra los represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Luego, el 4 de junio de 1987 aprobó la Ley de Obediencia Debida en la que se apeló a la figura que le da nombre a la ley (obediencia debida) para establecer, sin admitir pruebas que demostraran lo contrario, que los oficiales subordinados actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores. 

Con la llegada del presidente Néstor Kirchner se puso fin a la impunidad. En 2003 una diputada de Izquierda Unida presentó un proyecto de sanción a esos instrumentos. El mismo fue apoyado por el presidente y sancionado por la Cámara de Diputados. En agosto de ese mismo año, el Senado la convirtió en Ley anulando así las otras dos. Kirchner promulgó la Ley 25.779 en septiembre de ese año y la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes derogadas el 14 de junio de 2005.

Esta decisión permitió que los represores y militares pudieran ser juzgados nuevamente.  

3. Uruguay: En este país recibió el nombre de Ley de Caducidad y también tuvo como finalidad proteger a los militares y policías que cometieron crímenes durante la dictadura que se implementó desde 1973 hasta 1985.

Fue aprobada en 1986 y anulada en 2011 por el Parlamento. Dos años antes los jefes de Estado que estuvieron al mando del país iniciaron procesos legales y se lograron condenas para algunos responsables, incluyendo al exdictador Juan María Bordaberry.

5.  Brasil: En 1979 el gobierno militar de Brasil usó la Ley de Amnistía para dar libertad a los llamados presos políticos y dio paso al retorno de muchos exiliados. Además, dejó libre de investigaciones y de juicios a los militares que tuvieron responsabilidad en diversos crímenes.  

Según datos publicados por la BBC unas 400 personas murieron o fueron desaparecidas durante el régimen militar en Brasil.

Esta también fue catalogada como una autoamnistía. La presidenta Dilma Rouseff creó en 2011 la Comisión de la Verdad para que iniciara las investigaciones y entrevistas a víctimas y represores.

6. El Salvador: En diversas atrocidades que se cometieron en El Salvador como las masacres de El Mozote y la de Río Sumpul se registraron crímenes de lesa humanidad. Los cuerpos de seguridad acabaron con la vida de civiles y la Ley de Amnistía, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani, abrió el camino para la impunidad al bloquear las investigaciones sobre esos abusos cometidos durante la guerra civil que sucedió entre 1980 y 1992.

Uno de los sucesos ocurridos en ese período fue de los seis jesuitas, cinco de nacionalidad española, que fueron asesinados por militares de ese país. Aquí tuvo que intervenir el juez de la Audiencia Nacional español, Eloy Velasco, quien reiteró el 5 de enero de este año la orden de detención por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad contra 17 militares para poder pedir su extradición a España. En febrero de 2016 se inició el operativo para dar con los responsables.