Este próximo domingo 19 de noviembre, Chile celebra unas nuevas elecciones presidenciales para elegir al próximo sucesor de la actual mandataria, Michelle Bachelet, quien inició su mandato en marzo de 2014 tras obtener el 62,17 por ciento de los votos en segunda vuelta.

Se conoce que desde 1990, el país sudamericano profundizó la economía neoliberal impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, quien privatizó la mayoría de los recursos naturales y bienes del Estado, lo que permitió el desarrollo de una industria competitiva y que posicionó al país en altos índices de crecimiento económico, al desmedro de los derechos sociales.

De esta manera, se privatizó el sistema de pensiones, la salud, la educación, la electricidad, las telecomunicaciones, el transporte público, entre otros bienes.

Con una de las economías más sólidas y estables de América Latina, llegó Bachelet al poder, para iniciar una serie de reformas con el objetivo de reducir la desigualdad entre ricos y pobres, lo que afectó negativamente en el crecimiento que había venido experimentando el país. 

Estas reformas, buscaban responder al descontento social, que había estallado en 2011 y, al mismo tiempo, contentar al empresariado. Sin embargo, la dualidad discursiva llevaron al rechazo de las medidas por parte de ambos sectores.

Reformas de Bachelet

En 2014 Michelle Bachelet recibe a Chile con la expectativa de crecimiento más baja desde la recesión de 2009, según datos de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central (BC), que señaló que la expectativa para ese año era de 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

>> Chile y la ausencia de una izquierda unida representativa

Las expectativas de la economía chilena se vieron afectadas por las reformas de Bachelet, las cuales impactaron sobre todo a los empresarios y a la derecha, por lo que iniciaron una campaña para boicotear al Gobierno, retirándoles su apoyo y respaldo económico. 

Las reformas tributarias, educacional y laboral implementadas por la mandataria chilena ocasionaron el aumento de las utilidades de las empresas y el inicio de protestas en el país.

Protestas

Con el objetivo de financiar una reforma educacional, mejorar la distribución de las riquezas, los servicios de salud y recuperar el equilibrio fiscal de las cuentas del Estado, se implementó en 2014 la reforma tributaria. Sin embargo, no logró lo que se esperaba y múltiples protestas se generaron contra el Gobierno bacheletista. 

Las calles chilenas se hicieron sentir en 2014 con los profesores que exigían mejoras en el ámbito estudiantil; luego en 2015 se sumaron los trabajadores contra la reforma laboral, al igual que los estudiantes que exigían acceso a la educación gratuita; en 2016 los jubilados también se alzaron contra el Gobierno por el sistema de pensiones.

El Chile que deja Bachelet

En materia de derechos sociales, el Gobierno chileno aprobó el aborto en tres causales, el cual había sido abolido por la dictadura de Pinochet. Este hecho, representó un algo histórico para los derechos de las mujeres en el país. 

El sistema electoral fue cambiado por uno proporcional y democrático, al eliminar el estilo binominal. El cual hará su debut este domingo 19 de noviembre.  

>> Chile: Piñera ataca a periodistas y evade pregunta sobre estafa

Asimismo, se creó el Acuerdo de Unión Civil (AUC), el que protege y beneficia a las parejas que viven juntas, sin importar su género u orientación sexual. Esto, con el fin de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de forma estable y permanente.

En el ámbito económico Bachelet deja un Chile con bajos números. En 2014, la economía bajó en un 1,9 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), siendo el más bajo en cinco años. Si bien en 2015 registró un crecimiento de 2,1 por ciento del PIB, en 2016 cayó a 1,6 por ciento, récord desde 2009. Se prevé que para este 2017 el PIB se ubique en 1,9 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, de un país descontento por la poca credibilidad hacia los políticos, debido a los casos de corrupción destapados durante el Gobierno de Bachelet, en los que se vieron vinculados algunos de sus familiares y casi todos los partidos del centro y de la derecha.

Ahora, la tarea difícil la tiene el próximo mandatario, quien deberá seguir intentando hacer lo que Bachelet no pudo: reducir la brecha entre ricos y pobres, siendo esta una de las más altas de América Latina, como también generar la confianza del empresario en un país cuya economía depende mayormente de ellos. Y, asimismo, escuchar al ciudadano común, que espera las respuesta a sus demandas en el sistema de pensiones, por una nueva Constitución o por derechos de género; temas que han aparecido con fuerza en el último año de la agenda mediática, sumándose a las exigencias históricas en educación y docencia, por ejemplo.