La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene 30 días para responder a los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la Unión, informó este miércoles la corresponsal de teleSUR en ese país, Adriana Robreño. 

Presidenta @dilmabr tiene 30 días para dar respuesta a los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la Unión

— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 15 de junio de 2016

El plazo fue fijado luego de que el magistrado José Mucio Monteiro presentara los análisis de los resultados del Gobierno del año 2015 en el cual detectó que durante ese tiempo se mantuvieron supuestas irregularidades descubiertas ya en 2014.

Entre ellas “la contratación de créditos por parte del Gobierno con la banca pública, lo cual está prohibido por ley, o la emisión de decretos autorizando aumentos del gasto público sin la debida autorización del Congreso”, reseña la agencia EFE.

Sin embargo, la defensa asegura que las cuentas del Gobierno en 2015 todavía no han sido juzgadas por el mencionado Tribunal, por tanto, no pueden contemplarse en el proceso.

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Desde este perspectiva y de acuerdo con varias interpretaciones de las leyes, un presidente solo puede ser juzgado por irregularidades fiscales mientras esté en pleno ejercicio de su mandato.

A partir de ese argumento, Rousseff fue reelegida en 2014, es decir, en el último año de su primer período, lo que significa solo puede responder por el año 2015.

En contexto

Luego de ser discutido en la Cámara Baja y en el Senado de Brasil, el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff fue aprobado el pasado 12 de mayo y, desde entonces, la dignataria permanece separada de su cargo para enfrentar a la justicia y presentar sus alegatos.

Rousseff debe permanecer alejada del cargo por un lapso no mayor a 180 días, durante el cual una comisión de 21 senadores, con base en el calendario ya establecido, escuchará los testimonios de la parte acusadora y de la defensa para elaborar un informe final con las conclusiones del caso.

Durante este tiempo, los denunciantes deberán presentar las pruebas que vinculen a la jefa de Estado con la supuesta violación de normas fiscales y crimen de responsabilidad, evidencias que nunca fueron entregadas ni en la Cámara Baja ni en el Senado y que, paradójicamente, no fueron necesarias para la aprobación del impeachment.

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