A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comunidad del estado mexicano de Guerrero, se suma una nuevo obstáculo en la misión de dar con su paradero.

Esta semana fue denunciada la desaparición de evidencia clave para la resolución del caso.

Prendas de vestir y objetos encontrados en el autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala no fueron preservados de forma adecuada, y presentan signos de humedad y contaminación, lo que dificultaría el análisis de ADN en Austria para determinar si pertenecen o no a los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

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Además de ello, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) de México extravió los vídeos de las cámaras de seguridad en Iguala.

Cabe resaltar que una de las cámara de vigilancia se encontraba cerca del Palacio de Justicia de Iguala, la cual habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición de los normalistas.

Destaca el portal del diario La Jornada que según testimonios proporcionados a un grupo de expertos, dichos videos fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. “Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, señaló un informe sobre el tema. 

Dichas denuncias fueron presentadas en rueda de prensa por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes encabezan la investigación para dar con los normalistas desaparecidos.

Negativa a interrogatorio de militares implicados

Por otra parte, la Comisión aseguró que el Estado mexicano se ha mostrado renuente a que sean interrogados los militares del 27 Batallón, quienes mantuvieron contacto con los estudiantes antes de su desaparición, bajo el argumento de que “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”.

En cambio, el Estado solicitó al Grupo Interdisciplinario que debe enviar por escrito el cuestionario, además de realizarlo solo ante la autoridad ministerial pertinente.

Este hecho ha resultado ilógico para diversos sectores, puesto que ya se han entrevistado a víctimas, familiares de las mismas, policías, testigos y otros agentes del Estado, sin necesidad de ser remitidos por un ente penal.

Con las condiciones establecidas por el Gobierno mexicano, la Comisión también decidió no entregar el cuestionario.

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