El pasado 7 de octubre, por medio del decreto 1966, el Gobierno de Colombia declaró a Panamá como paraíso fiscal luego de vencerse el lapso de la firma de un acuerdo para el intercambio de información tributaria con el país neogranadino.

Hasta el momento no se conocían mayores detalles sobre la medida que establece implicaciones tributarias sobre las transacciones comerciales entre ambas naciones.

El parágrafo del artículo 4 señala que “De acuerdo con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, este decreto no podrá aplicarse sino a partir del período fiscal siguiente con relación a los aspectos que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado”.  

El decreto no puede derogarse y entre las medidas destaca que las operaciones seguirán realizándose, pero se establecerán reglas tributarias diferentes. Por ejemplo, sobre los giros a ese país, habrá una retención de 33 por ciento del impuesto, mientras que para los países no incluidos en la lista será de 10 por ciento.

El clima de tensión entre ambas naciones podría disminuir luego de conocerse detalles del decreto que daría lugar a un espacio para el diálogo entre Panamá y Colombia. De llegar a un acuerdo, se firmará un Tratado de Intercambio de Información Financiera.

Panamá dio un ultimátum a Colombia el martes y advirtió que si en una semana no la saca de la lista de paraísos fiscales, estudiará eventuales represalias e incluirá a la nación colombiana en la nómina de países que discriminan contra Panamá, según anunció la vicepresidenta y canciller de este país, Isabel de Saint Malo en una conferencia de prensa.

El plazo terminaría el próximo martes 21 de octubre. Entre tanto, el viernes 17 está prevista en Panamá una reunión entre Saint Malo y su par colombiana, María Ángela Holguín, así como con el director de la DIAN, Santiago Rojas, para discutir el tema.