Ha pasado más de una década desde que EE.UU. patrocinó un golpe de Estado que derrocó momentáneamente la democracia en Venezuela, actualmente Washington aún busca conseguir ese objetivo.

2002

Poco después de que regresara al poder gracias a la acción de la fuerza popular en abril de 2002, el presidente Hugo Chávez rápidamente advirtió que Estados Unidos ya estaba planeando su próximo movimiento. A principios de abril, fue secuestrado y destituido de su cargo por 48 horas, en un golpe cuidadosamente orquestado por la élite empresarial de Venezuela, elementos militares renegados y Estados Unidos.

A principios de octubre de 2002, Chávez anunció que las autoridades venezolanas habían develado otro plan de golpe. Dos semanas más tarde, el presidente venezolano escapó, por poco, de un intento de magnicidio, operación que coincidió con una serie de protestas antiogobierno.

2005

El presidente de Estados Unidos George W. Bush asumió su segundo mandato y Washington redobló sus esfuerzos para eliminar a Chávez. Un mes después de que Bush fuese juramentado, Chávez manifestó que su gobierno había descubierto otro complot para asesinarlo. Esa conspiración fue descubierta apenas unas semanas después que la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, describiera al líder venezolano como una "fuerza desestabilizadora". En septiembre de ese año, Bush nuevamente arremetió contra Venezuela y acusó al país de fracasar en su lucha contra el narcotráfico.

2006

Se frustró otro golpe de Estado, esta vez las autoridades venezolanas aseguraron que habían encontrado evidencia de que la embajada de Estados Unidos en Caracas había estado recopilando información militar. Ese mismo año el Departamento de Estado comenzó a vetar la venta a Venezuela de cierto armamento. Este sería el comienzo de lo que más tarde se convertiría en un pilar fundamental de la política estadounidense hacia Caracas: las sanciones.

2011-2015

La estatal petrolera venezolana Pdvsa recibió el embate de las sanciones estadounidenses, asimismo, en 2013, la compañía estatal de armamento CAVIM también recibió su cuota de sanciones. En el año 2014, continúo la ola de sanciones a Venezuela, esta vez el turno sería para algunos funcionarios gubernamentales.

En marzo de 2015, el presidente estadounidense Barack Obama emitió una orden ejecutiva en la que impuso una serie de sanciones y describió al Estado venezolano como una “amenaza extraordinaria” para Estados Unidos. Este grupo de sanciones fue el más controversial y levantó la condena en todo el continente americano. Posteriormente, el gobierno de Obama debió admitir que Venezuela no representa una amenaza a su país, no obstante las sanciones se mantuvieron vigentes.

La evolución de las medidas económicas sobre Venezuela es quizá el ejemplo más palpable de la continuidad de las políticas de los gobiernos de Bush y Obama sobre Venezuela. Esta campaña de agresiones, que ha estado a la vista de todos, ha sido acompañada por una operación subversiva continua, que ya era parte de las actividades de Estados Unidos antes del golpe de 2002.

Gran parte de estas campañas se han llevado a cabo a través de grupos como USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI).

WikiLeaks Venezuela

En 2006, Wikileaks hizo público un cable en el que el exembajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, declaraba que tanto la Usaid como la OTI ejercían roles claves en una estrategia para derrocar a Chávez.

“Este objetivo estratégico representa la mayor parte del trabajo de la Usaid/OTI en Venezuela”, escribió Brownfield en aquella oportunidad.

Entre 2004 y la época de la primera publicación del cable de Wikileaks en 2006, la Usaid destinó aproximadamente 15 millones de dólares a sus operaciones en Venezuela. Gran parte de este dinero se utilizó para apoyar a cerca de 300 grupos de la llamada “sociedad civil”, en su mayoría  antigubernamentales de extrema derecha. Uno de los receptores más prominentes del financiamiento de EE.UU. fue la organización Súmate, un grupo político antichavista, fundado por la activista de derecha María Corina Machado. Machado fue una de las firmantes del decreto de Carmona, el cual fue el manifiesto político del golpe de Estado de 2002. El hecho de que uno de los principales receptores de la ayuda estadounidense fuese una golpista ha llevado que muchos venezolanos acusen a la Usaid de oponerse a la democracia.

La última información disponible estima que el presupuesto anual de la Usaid en Venezuela superaba los 5 millones de dólares, a pesar de que se había prohibido el financiamiento extranjero de actividades políticas en el país en 2010. Dicha prohibición fue condenada por el Departamento de Estado estadounidense, no obstante EE.UU. posee una ley similar que impide el financiamiento de campañas políticas.

La importancia de tener este tipo de legislación en Venezuela es que a diferencia de Estados Unidos, Caracas todavía se enfrenta a intentos de golpe de Estado respaldados por una fuerza beligerante extranjera.

A principios de 2015, el gobierno venezolano descubrió otro intento de golpe que se estaba gestando. Esta vez, los conspiradores estaban recibiendo su pago en dólares estadounidenses y el plan era incitar a la violencia callejera, además de llevar a cabo una serie de bombardeos a edificios claves del gobierno venezolano, entre ellos la sede en Caracas de teleSUR. El presidente Nicolás Maduro acusó a los líderes de la oposición de estar al tanto del golpe, y dijo que el plan tenía como objetivo el colapso de su gobierno.

Unas nuevas elecciones se aproximan este 6 de diciembre y existe la preocupación si la oposición venezolana está planeando nuevos episodios de desestabilización; además no está claro cuál será la posición de Estados Unidos. ¿Continuará Washington con su campaña solapada de desestabilización o por el contrario optará por una nueva intentona como la de 2002?