La activista colombiana Piedad Córdoba aseguró este martes que la eliminación de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años es un acto reparador y de justicia, que ayudará a lograr la reconciliación y la convivencia en el país suramericano.

Córdoba dijo estar contenta y agradecida con los amigos, familiares y diversos sectores progresistas de Colombia que sabían que las acusaciones en su contra eran un acto de persecusión. 

"Yo creo que esto va a ser parte de lo que esta nación tiene que empezar a construir, dedicarnos a lo importante, que es lograr la paz con justicia social", aseveró la exsenadora colombiana.

Explicó que el juicio en su contra no fue jurídico sino político, debido a que "se generó una matriz de opinión espantosa diciendo que era una terrorista que ponía en jaque la seguridad del Estado".

"Lo que sucedía conmigo era un tremenda injusticia. Vivimos en una sociedad que no cree en la justicia. Debemos dedicarnos a ganar el plebiscito con más de 10 millones de votos. A eso nos vamos a dedicar", concluyó.

La Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia eliminó este martes la inhabilidad de 18 años contra la exsenadora, impuesta por la Procuraduría General de la Nación en 2008 por “Farcpolítica”. 

En contexto

Piedad Córdoba fue sancionada disciplinariamente por el Ministerio Público por "colaborar y promover la guerrilla de las FARC-EP", esto con base en la información encontrada en los computadores hallados en el campamento de 'Raúl Reyes' cuando fue bombardeado.

La Corte Constitucional valoró las pruebas presentadas por la Procuraduría y dijo que eran legales; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto, por lo que no había forma de garantizar que lo que se dijo que se encontró en él fuera verdad.

La Corte Suprema dijo entonces que las pruebas eran ilegales, además, manifestó que los documentos que hablaban de la relación de Piedad Córdoba con las Farc eran archivos de Word, que podían modificarse fácilmente, y no correos electrónicos.

No obstante, el Ministerio Público decidió destituirla de su cargo como senadora e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos.