El Gobierno de Bolivia acordó con la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) otorgar una concesión gratuita a las empresas cooperativas, bajo la condición de que éstas sean sometidas a una auditoría para ver el alcance de los contratos y su legalidad.

"Entre los acuerdos definidos" este jueves en la mesa de diálogo entre el presidente boliviano, Evo Morales, y los mineros está "la concesión otorgada por el Estado de forma gratuita a empresas cooperativas que serán sometidas a una auditoría", informó el corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales.

Tras este pacto, el presidente de Fencomin, Alejandro Santos, señaló que si existiese alguna ilegalidad en los contratos de las cooperativas con las transnacionales mineras "la última palabra la dará la auditoría".

Aseguró que esa organización no defenderá a las transnacionales y dijo que no son más de 10 las cooperativas que firmaron contratos con privados.

El dirigente cooperativista expresó la disposición de su organización a revisar los contratos y de hallarse alguna irregularidad "vamos a expulsar", dijo en referencia a sus afiliados.

"Yo estoy dispuesto a revisar si existen algunas empresas privadas  ocultas dentro del movimiento cooperativo minero boliviano, vamos a expulsar, totalmente, dispuesto", aseguró.

Redacción de nuevos artículos

El periodista de teleSUR reportó que a partir de este viernes "empieza a trabajar una comisión para redactar nuevamente tres artículos del proyecto de ley de Minería".

Asimismo, indicó que la nueva ronda de conversaciones se llevarán a cabo el próximo miércoles.

El reportero informó que ambos sectores "han destacado el buen ánimo que existe para llegar a una solución que corresponda a la política de Estado y sobre la base de la Constitución del país".

Este jueves se instaló en la Vicepresidencia de Bolivia una mesa de diálogo para debatir el proyecto de ley de Minería, en especial el artículo 151, que le permite al sector realizar asociaciones con empresas privadas y extranjeras, beneficiando fundamentalmente a la inversión privada.

Este artículo fue modificado porque vulnera la Carta Magna, lo que ocasionó el rechazo de los trabajadores del subsuelo, quienes reclamaron que se mantenga esa prerrogativa a su favor.