El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se encuentra sumergido en un degradante escándalo de corrupción que comenzó luego que el pasado 5 de marzo diarios franceses divulgaran las transcripciones de las conversaciones comprometedoras de Sarkozy cuando era presidente (2007-2012), y que fueron grabadas por su exasesor, Patrick Buisson.

Las grabaciones ordenadas por jueces encargados de casos de corrupción han empañado las aspiraciones de exmandatario de volver al terreno político específicamente a ser reelecto como presidente, puesto que cada día son más las “jugadas secretas” y negativas de Sarkozy que salen a la luz pública.

En abril de 2013 dos magistrados decidieron intervenir los teléfonos de Sarkozy, así como de su abogado, Thierry Herzog, y sus ministros del Interior Brice Hortefeux y Claude Guéant, en el ámbito de las investigaciones por financiamiento ilegal de la campaña que lo llevó a la presidencia en 2007.

Los jueces descubrieron que el exmandatario utilizaba, además, otro número telefónico, adquirido con una identidad ficticia, y también decidieron interceptarlo.
El objetivo de esta operación sería determinar si Sarkozy o sus colaboradores ejercían algún tipo de tráfico de influencias para obstaculizar las pesquisas sobre pagos sospechosos durante la contienda electoral que lo llevó al Elíseo.

Según el diario Le Monde, que cita fuentes cercanas al expediente, el fiscal de la sala de lo civil, Gilbert Azibert, amigo del abogado de Sarkozy, les filtraba información confidencial sobre los casos que implicaban al expresidente. A cambio, Sarkozy buscó ubicarlo en un puesto de consejero de estado en Mónaco.

Tres días después de estas revelaciones, el diario Le Point aseguró este lunes que el juez Azibert se intentó suicidar y se encuentra hospitalizado actualmente en un hospital de Burdeos.

Esta es la tercera tormenta consecutiva que golpea a Sarkozy, tras las revelaciones la semana pasada del contenido de algunas cintas grabadas subrepticiamente por su antiguo consejero Patrick Buisson.

Varias reuniones de trabajo, así como conversaciones informales entre el entonces mandatario y sus colaboradores o su esposa fueron registradas por el funcionario y difundidas en el sitio de internet Atlántico.

Sarkozy y su esposa pusieron una demanda ante un tribunal de justicia a título personal para impedir que continúe la difusión de estas cintas. Los abogados pretenden evitar que salgan a la luz otras nuevas grabaciones de los cientos de horas en poder de Buisson.