La Fiscalía de Justicia y Paz de Colombia imputará a más de 400 paramilitares postulados por delitos de desaparición forzada, homicidio, reclutamiento y violencia de género relacionados con el jefe de estas bandas, Salvatore Mancuso.

Con esta acción se podría decir que la fiscalía se acerca al cierre de las investigaciones de crímenes cometidos por paramilitares. Los imputados será judicializados por delitos violatorios del Derecho Integral Humanitario (DIH) contra más de 64 mil víctimas. 

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En total condenarán a 488 paramilitares que desde los bloques Central Bolívar, Elmer Cárdenas, y Centauros y Resistencia Tayrona, que azotaron a poblaciones en más de 19 mil en hechos. 

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“Quién les va a garantizar a las víctimas que el paramilitar postulado a la Ley de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso, siga participando en el proceso”, manifestó Arturo Mojica, representante de las víctimas.

Mojica advierte que las imputaciones afectarían el proceso judicial de Mancuso en Colombia, dado que se le sumarán más hechos en su contra. 

Por otro lado, la Fiscalía analiza 38 hojas de vida de oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en ascenso, que podrían estar vinculados con paramilitares actualmente. 

Una nota anónima llevó al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, a pedir que se aplace la promoción del general de la Policía, Luis Eduardo Martínez, quien lidera el combate contra la banda de ‘los Usuga’.

Martínez aseguró, según el diario El Tiempo, que no hay investigaciones en su contra por supuestos nexos con paramilitares y con un narcotraficante, como se asegura en el anónimo, y advirtió que puede ser un chantaje de oficiales que él “ha desmontado”. 

“En el anónimo se me acusa de entregarle contratos al capo ‘Pacho’ Cifuentes y le anexaron que Estados Unidos pensaba retirarme la visa por declaraciones de los ‘paras’ ‘Macaco’, ‘Berna’ y ‘Mancuso’ en donde supuestamente hablan de mí. Déjeme aclararle que no firmé ningún contrato con Cifuentes o sus empresas y se puede probar. Cuando llegué a Antioquia, esas horas de vuelo ya estaban contratadas”, afirma el general. 

En Contexto

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, por narcotráfico. Uribe sancionó la Ley 975 en 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz y aprobada por el Congreso de la República de Colombia.

El propósito de la Ley 975 era crear un marco jurídico viable para adelantar un proceso de “desmovilización paramilitar”.

Mancuso, se entregó a la justicia colombiana para recibir los beneficios que de la ley derivan, y la pena máxima para alguien que se someta a esta “ley” es de ocho años independientemente de la gravedad del crimen cometido.