La paz es una exigencia de la mayoría de la sociedad colombiana, tras la muerte de seis comuneros indígenas y once militares en el departamento del Cauca, al suroeste de ese país.

Autoridades investigan estos acontecimientos, mientras sectores sociales han acudido a las calles para pedir al presidente Juan Manuel Santos que suspenda los bombardeos contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Este escenario surge en medio de las investigaciones contra 22 generales a cargo de la Fiscalía General de Colombia, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidas en ese territorio como "falsos positivos".

Otros tres altos exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron condenados a prisión por la realización de dádivas a cambio del respaldo político para reelección del expresidente; lo que envuelve a su entorno más cercano en casos de corrupción y paramilitarismo, narcotráfico y violación de Derechos Humanos.

Por su parte líderes indígenas pidieron ayuda por el recrudecimiento del conflicto armado al norte del Cauca, debido a que éste los afecta principalmente a ellos, tras más de 50 años de violencia, que han dejado 220 mil muertos y 5,3 millones de desplazados en más de medio siglo, según cifras oficiales.

A su vez el jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko', resaltó la importancia de que continúen los diálogos y las multitudinarias marchas por la paz que fueron convocadas en Colombia la semana pasada 

"Las principales consignas levantadas por los marchantes, se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin a la guerra", expresó el representante de la insurgencia a través de un comunicado.

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