Con el anuncio formal del presidente Juan Manuel Santos del cierre de las negociaciones del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) culminarán dos años de negociaciones secretas y cuatro de negociaciones llevadas sobre la Mesa en la Habana.

Que estas negociaciones sean cerradas, no significa que el Acuerdo Final haya sido firmado por las partes, sino que los involucrados en el conflicto armado que ha durado más de 50 años han estampado su firma al texto final que será enviado al Congreso y posteriormente sea sometido a aprobación mediante un plebiscito.

Se estima que para finales de septiembre o principios de octubre, los colombianos refrenden o no el Acuerdo que anuncia el fin de la guerra. Si el Sí logra una aprobación de 13 por ciento del censo electoral y supera al No; el presidente Santos y el jefe de la FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko) firmarán el Acuerdo Final.

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¿De qué va este acuerdo?

El Acuerdo Final entre las fuerzas insurgentes y el Gobierno Nacional se trata de un convenio de más de 200 páginas entre las partes partes involucradas en el conflicto. Además, sienta un precedente internacional importante porque se logra luego del Tratado de Roma, que creó estándares de justicia altos para los criminales de guerra. De ser refrendado por el pueblo, las FARC-EP llegarían a su fin como grupo insurgente, debido a que el acuerdo busca tres cosas:

1.

Propiciar un escenario en el que todos los factores que provocaron la guerra en Colombia, y que hizo que se prolongara por tantos años, sea eliminado.

Para ello, en el Acuerdo existe un capítulo extenso en el que el Gobierno Nacional se compromete a llevar desarrollo al campo; a darles títulos de tierra y otorgar terrenos a los campesinos; y a crear garantías para que cualquier ciudadano que se oponga y critique el Gobierno de turno no sea asesinado.

Las FARC-EP, por su parte, se comprometerían a dejar a un lado las armas en un plazo de seis meses, luego de que estas se concentren en zonas que estarán bajo verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También se comprometen a ayudar a desmantelar los cultivos ilícitos, así como a confesar sus crímenes, pedir perdón y reparar el daño a sus víctimas.

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2.

Crear las condiciones para que los grupos insurgentes, que buscaban el poder y la luchaban por reivindicaciones sociales a través de las armas, ahora lo hagan a través de la política y mediante las urnas.

Para ello, el Acuerdo destina un capítulo para facilitar la participación política de las FARC-EP y para que se transforme un partido político. Se les dará curules directos en el Congreso, se les dará la posibilidad de que movimientos en sus zonas de influencia postulen candidatos que sean elegidos con menos votos que un candidato de un partido normal, se les dará acceso a medios de comunicación y les dará garantías plenas a que realicen protesta social.

3.

Se buscará satisfacer los derechos de las víctimas mediante la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición de los hechos violentos. Para ello, se creará una Comisión de la Verdad en la que las víctimas podrán contar lo que sufrieron; una Jurisdicción Especial de Paz que conmutará las penas dadas aquellos que cometieron los peores crímenes, si estos confiesan sus delitos; y programas de reparación a las víctimas.

¿Que garantizó su éxito?

Identificar el momento clave para iniciar las negociaciones con las fuerzas insurgentes, fue vital para Juan Manuel Santos. Las condiciones estaban dadas: la convicción de la izquierda latinoamericana de tener mayores posibilidades dentro de la democracia; la certeza que tenía el presidente venezolano Hugo Chávez de que las FARC-EP sería más funcional a la expansión de la revolución bolivariana como partido político legal que como guerrilla; la conclusión de que era menos costosa la salida negociada que la militar; y el arbitraje de Cuba durante las negociaciones de paz.

La fase secreta de las negociaciones lideradas por Sergio Jaramillo y Mauricio Jaramillo también fue definitiva, porque lograron definir una agenda acotada, con reglas de negociación tan claras, que cuando el proceso se volvió público ya estaba en marcha. A esto se agrega el alto compromiso de las delegaciones del Gobierno y de la FARC-EP que les permitió persistir a pesar del sacrificio personal que implicó estar cuatro años en La Habana.

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El aislamiento de Cuba y el profesionalismo de los cubanos junto con el rol que jugaron Noruega y Venezuela como garantes de los diálogos también fue crucial. La presencia del delegado del presidente de Estados Unidos, Bernie Aronson, también sirvió para dar mayores garantías para la FARC-EP.

El rol desempeñado por Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno; por los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo y de la subcomisión técnica de militares; así como por todo el Secretariado de la FARC-EP, junto a Timochenko, fue vital para la fase final del éxito de las negociaciones.

¿Qué significa para Colombia que se apruebe el Acuerdo Final?

Este Acuerdo Final representa el fin de la última confrontación inspirada en la guerra fría en América Latina, la esperanza de que la violencia sea erradicada de la política colombiana; la demostración de que la violencia nunca es la mejor opción para defender los derechos sociales que por ley se corresponden.

Para Juan Manuel Santos, un éxito político rotundo y un pasaporte para destacar en la historia de Colombia. Para la FARC-EP, la posibilidad de transformarse en fuerza política, en un país donde la clase política tradicional carece de legitimidad. También representa la apertura de un espacio internacional y la posibilidad de dejar el estigma que pesa sobre ella por narcotráfico y terrorismo. Para Álvaro Uribe, una derrota política. 

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Para la mayoría del pueblo, fuerzas políticas alternativas, movimientos sociales y el sector rural, una esperanza, la posibilidad de acceder al poder y de lograr soluciones a sus necesidades y aspiraciones, la posibilidad de tener una participación activa en el destino de Colombia. Para las fuerzas militares, el reto de transformarse en un ejército destinado solo a la Defensa Nacional y dejar atrás su conformación como ejército contrainsurgente; es su posibilidad de dejar atrás su historial de violaciones a los derechos humanos.

Para los empresarios, es el mejor escenario para el desarrollo del mercado, pero también lleno de incertidumbre por las nuevas condiciones para realizar negocios. Para los campesinos, la expectativa de vidas dignas en el campo, la posibilidad de ser priorizados en cuánto a políticas públicas, dejar de ser ciudadanos de segunda. Para la población urbana, una gran ilusión por el fin de la guerra.

¿Una oportunidad o un riesgo?

Para muchos colombianos la firma de este Acuerdo representa una gran oportunidad de pasar la página a un conflictos que ha durado más de 50 años y que ha provocado cientos de desplazados. Se estima que unas 220 mil personas han muerto y más de seis millones han sido desplazadas por la violencia. Según Amnistía Internacional, cerca de 14 por ciento del territorio del país ha sido abandonado u ocupado forzosamente.

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Pero para muchos otros, existen grandes riesgos de que la firma del Acuerdo Final, luego se convierta en una nueva frustración para los colombianos. Y es que el Gobierno no la tiene fácil. El primer desafío que debe asumir el Estado es monopolizar la fuerza en esos los territorios que la FARC-EP liberará. No poder controlar las bandas criminales organizadas o a otras fuerzas insurgentes, podría generar otro tipo de violencia, mucho más por el tema del narcotráfico.

También está el riesgo de que el Gobierno no tenga ni los recursos ni el personal suficiente en las instituciones para hacer cumplir los acuerdos. Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio, la encargada de reactivar económicamente e integrar con el resto del país a las regiones más afectadas por el conflicto, pudo entrar en funcionamiento 9 meses después de su creación y solo cuenta con cuatro funcionarios.