El Partido Popular de España aprobó el 27 de marzo de 2015 la controversial Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, pese al rechazo de la oposición, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y ciudadanos de ese país. 

Cientos de personas se manifestaron en contra de la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy, al calificarla como innecesaria porque "amordaza" la protesta en las calles.

La ley entró en vigor el 1° de julio de 2015 y fue acompañada por una reforma del Código Penal y una norma “antiyihadista” que también fue rechazada por los españoles.

Claves para conocer la ley Mordaza:

1.- Devoluciones en caliente de inmigrantes indocumentados en las zonas fronterizas con Marruecos.

Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza con Ceuta o Melilla, y se resistan a devolverse, serán rechazados en España para impedir su entrada. Esta disposición fue avalada pese a que el Consejo de Europa y la ONU advirtieron que legalizar las devoluciones en caliente contradice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

2.- Registro de pasajeros en el sistema de transporte extraurbano, interurbano y en los terminales aéreos para combatir la llegada de extranjeros armados o “yihadistas”. Esta medida es defendida por varios países de la Unión Europea.

3.- Sancionará hasta con 600 mil euros (687 mil dólares) a personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas en instalaciones que prestan servicios para la comunidad. Quienes deseen manifestar frente a un hospital, institución pública, frente al Senado, Asamblea Nacional, escuela o universidad, serán multados. 

4.- Restringirá la actividad informativa. El uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad pagarán multa de 30 mil (34 mil dólares) a 600 mil euros, según el caso.

5.- Concederá mayor valor probatorio a las denuncias formuladas por las fuerzas de seguridad nacional. 

6.- Penalizará con multa administrativa las faltas que se incluían en el Código Penal y eran sometidas a control judicial. Es decir, ahora el juez no tendrá la última palabra en caso de infracciones o delitos penales. 

7.- Criminalizará la libertad de expresión en redes sociales porque considera alteración las convocatorias de protestas vía Twitter, Instagram o Facebook.

Medidas de la reforma del Código Penal

-Podría imponer la prisión permanente revisable en casos de gravedad excepcional como homicidio de un funcionario de Gobierno o la monarquía, intentos de genocidio o asesinatos en serie contra organizaciones criminales, menores de 16 años o personas vulnerables. 

-Castigará las protestas “pertubadoras” con penas de prisión y la difusión de mensajes para alterar el orden público o convocatorias para llevar a cabo manifestaciones multitudinarias. 

-Penalizará con prisión el uso, promoción o labor desde una web de enlaces, por su “característica de vulnerar el derecho a la propiedad intelectual”, pese a que el Consejo de Estado asegura "que no todas las web de enlaces atentan contra la propiedad intelectual".

-Castigo con penas de seis meses de prisión el “top manta” (vender productos de imitación en las calles). Algunas de estas medidas también rigen las políticas “antiyihadistas”. 

Para el diputado socialista, Ignacio Sánchez Amor, "la ley recuerda a la vieja legislación franquista de orden público, y entre libertad y seguridad, opta claramente por la segunda". 

El Partido Social Obrero Español (PSOE) consideró que la nueva ley limita los derechos fundamentales y constituye un ataque frontal a las libertades individuales. Mientras el partido izquierdista Podemos resaltó que la norma muestra el miedo del Gobierno español al cambio.

Al repudio se sumaron cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, que criticaron las reformas legislativas en España, así como el Consejo de Europa. 

"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", afirmaron los relatores de la ONU.