La expresidenta argentina Cristina Fernández calificó como un "disparate mayúsculo" las acusaciones sobre el supuesto plan para favorecer una obra pública del empresario Lázaro Báez y pidió la nulidad de la causa.

"Las obras públicas las aprueba el parlamento, no los presidentes, desde 1994 son los jefes de Gabinete los que administran las cuentas", agregó.

Fernández también aseguró que esta acción forma parte de una persecución política a quienes representan a los proyectos de reivindicación social en América Latina. Asimismo, manifestó que se trata de una maniobra del actual Gobierno busca tapar el desastre económico y social en el que tiene al país.

Asimismo, señaló a la prensa que pidió la realización de una auditoría integral de la obra pública desde 2003, cuyo monto total en los contratos aseguró llegaron a un total de 107.000 millones de dólares, que la mayor parte estuvo distribuida en energía, vialidad y viviendas y casi el 50 por ciento descentralizada por provincias, no solo en Santa Cruz.

"Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública", añadió Fernández, para remarcar que "el primo hermano" del actual presidente, Mauricio Macri, fue el tercer adjudicatario de obra pública durante su Gobierno, mientras que Lázaro Báez figura, según dijo, en el puesto 38 de los favorecidos con esos contratos.

La exmandataria rindió declaraciones este lunes ante el juez Julián Ercolini, en una causa en la que se le adjudica haber armado un supuesto plan para favorecer una obra pública del empresario Lázaro Báez.

Citada en los tribunales de Comodoro Py, la exmandataria realiza la indagatoria judicial ante el mismo juez federal que también la imputa en el caso Hotesur. Asimismo, se prevé que allanen la casa de la expresidenta en las próximas horas.

Militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y Madres de Plaza de Mayo junto a otras organizaciones sociales se concentran desde horas tempranas para acompañar y respaldar a la exdignataria, quien insistió con el pedido de la creación en el Congreso de una comisión bicameral que realice una auditoría de la obra pública en todo el país durante su gestión al mando del Ejecutivo, en los últimos 12 años.