En medio de un clima de inestabilidad, Burundi inicia este lunes las elecciones legislativas y municipales sin oposición ni apoyo internacional, tras considerar que no hay garantías en las que puedan desarrollarse los comicios de forma segura y transparente.

A pesar de ello, los colegios electorales han abierto esta mañana en un ambiente tenso por los últimos episodios de violencia ocurridos durante el fin de semana, los cuales sólo el domingo causaron dos muertos.

El proceso comenzó pese a que el secretario general de la Organiazación de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, le solicitó a las autoridades posponer los comicios debido a la crisis que se ha desatado en el país.

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Aunado a ello, varios políticos de alto nivel del gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) han desertado.

Por su parte, la Unión Africana decidió el domingo retirar su misión de observación al considerar que los comicios no van a ser justos.

De acuerdo a un análisis de la situación por la agencia de noticias EFE, las calles de Buyumbura (capital) están prácticamente vacías, sólo los barrios y ciudades donde el CNDD-FDD tiene más apoyos parecen registrar una mayor actividad.

Hasta los momentos no se han producido incidentes de importancia, aunque desde muchas partes del país solo se reciben informaciones a través de un conglomerado de radios cercanas al Gobierno.

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Esto debido a que la prensa se ha visto afectada por las manifestaciones violentas. La vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Inmaculada de la Cruz, contó que “las fuerzas del Gobierno, y la policía y el Ejército que le apoyan, mantienen todos los medios y emisoras pequeñas cerradas. La Casa de la Prensa de Bujumbura donde tienen sus oficinas muchas emisoras, ha perdido el 80 por ciento de sus equipos por los destrozos provocados por los asaltantes”.

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Contexto

Burundi lleva sumido en una grave crisis política desde abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su candidatura a las presidenciales para obtener un tercer mandato. Ante esta situación, la oposición se elevó contra la decisión.

Tal determinación desató una ola de protestas en las que se registran hasta el momento unas 70 muertes y unas 120 mil personas que han abandonado el país para huir de la violencia,según datos aportados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).