La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, retiró a su embajador en Yakarta, capital de Indonesia, tras la ejecución de un brasileño en ese país por delitos relacionados con drogas. Holanda también llamó a su diplomático y condenó la ejecución de su ciudadano Ang Kiem Soei.  

En un comunicado, la mandataria brasileña dijo que "el uso de la pena de muerte, que la sociedad global condena cada vez más, afecta severamente las relaciones entre nuestros países".

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Bert Koenders, aseveró que la ejecución "es un castigo cruel e inhumano que representa una negación inaceptable de la integridad y dignidad humana".

Por su parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, escribió este domingo en la red social Facebook que "la guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a cabo con medidas tímidas porque las drogas han arruinado la vida de los drogadictos y de sus familias".

El mandatario, quien asumió el cargo en octubre de 2014, ha dado su apoyo a la pena de muerte en un país que tiene una estricta legislación contra el tráfico de drogas. Los fusilamientos de los cinco extranjeros y el ciudadano indonesio son las primeras penas capitales ordenadas por Widodo.

Brasileño fusilado 

Marco Archer Cardoso Moreira, nacido en Rio de Janeiro (sureste de Brasil) hace 53 años, fue condenado en 2004 por ingresar más de 13 kg de cocaína al país asiático en los tubos de un ala delta.

El gobierno de Indonesia negó en dos ocasiones sus pedidos de clemencia, el último en diciembre de 2014. El gabinete de Rousseff, por su parte, llegó incluso a solicitar por carta la ayuda del papa Francisco.

Rousseff comunicó este sábado sus condolencias a la familia del fallecido y a través de un comunicado, su gobierno afirmó que "el recurso a la pena de muerte, que la sociedad mundial crecientemente condena, afecta gravemente las relaciones entre nuestros países".