El jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich, aseguró que el Gobierno "continuará generando las condiciones para cumplir los compromisos y obligaciones de carácter financiero" que tiene el país y subrayó que es necesaria una "política de Estado" para abordar el tema de la deuda.

Capitanich hizo hincapié en que la deuda por la que Argentina está en una difícil situación a causa de un fallo judicial en EE.UU. fue "contraída por otros gobiernos" y cuestionó a quienes critican a Cristina Fernández por este motivo.

"Hay analistas, economistas que participaron en períodos anteriores, que fueron responsables de contraer deuda, que pretenden dar recomendaciones y consejos. Los hubiesen tomado antes, cuando generaron esa deuda", criticó.

Pasos a seguir
Capitanich acudirá este miércoles al Congreso junto con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el responsable de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini, para explicar ante todas las fuerzas políticas la estrategia del Gobierno tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense.

"Pretendemos en esa reunión exponer la posición de la Argentina, recopilar las opiniones de los distintos bloques en virtud de que la negociación de la deuda argentina es política de Estado y requiere la opinión y el consenso de todo el sistema político argentino", afirmó Capitanich.

La deuda por la que los fondos demandaron a Argentina en EE.UU. se encuentra en mora desde la crisis económica y social de 2001 y corresponde al grupo de acreedores que no entraron a los canjes de deuda planteados por el Gobierno en 2005 y 2010, aproximadamente siete por ciento del total.

La decisión judicial, según el ministro de Economía argentino, "empuja al país al default" (suspensión de pagos).

El cese de pagos se produciría porque si se le paga a los fondos litigantes, el resto de los acreedores que no aceptaron los canjes también podrían demandar el cobro de bonos en mora por valor de 15 mil millones de dólares, cifra equivalente a la mitad de las reservas monetarias de Argentina.

Asimismo, si se les pagara a estos acreedores, los inversores que sí aceptaron los canjes también tendrían derecho legal a reclamar el pago total, sin quitas, del capital original reestructurado más los intereses, suma que ascendería a 120 mil millones de dólares.

La alternativa planteada por el Gobierno para evitar incumplir los compromisos con los acreedores que sí se acogieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 es cambiar los bonos emergentes de esas reestructuraciones y emitidos bajo legislación estadounidense, por otros nuevos pero con legislación argentina.