Representantes del Gobierno argentino, parlamentarios y varias organizaciones sociales llegaron a un consenso para declarar la emergencia social en el país.

Lo convenido, que continuará debatiéndose en el Senado, tendrá modificaciones respecto a lo aprobado semanas anteriores, como la autorización al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias, las cuales podrían disponer de un monto de hasta 900 millones de dólares por los próximos tres años.

Se espera que la iniciativa reciba los votos necesarios para su aprobación el próximo 6 de diciembre.

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Entre los principales puntos del acuerdo destaca la creación del Registro Nacional de la Economía Popular, del Consejo del Salario Social, la unificación de programas como el Argentina Trabaja y Ellas Hacen, salario social complementario. El anuncio postergó otra marcha programada para este jueves frente al Congreso.

El viernes pasado se realizó una concentración de 200 mil personas, en la plaza de los Dos Congresos para exigir que el país sea declarado en emergencia social.

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La declaración de la ley surgió como una propuesta del Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie, la cual busca fomentar la creación de un millón de puestos de trabajo y el incremento en las asignaciones por hijo y por embarazo, entre otros puntos.