El Gobierno de Argentina concretó un nuevo acuerdo con un grupo de fondos buitre por un valor de 190 millones de dólares, con los que sube a más de 8 mil 100 millones de dólares el compromiso de pago con los bonistas que rechazaron el canje en 2005 y 2010.

La información la dio a conocer este miércoles el mediador designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, quien se manifestó “muy contento” porque “la República de Argentina continúa para llegar a acuerdos en principio con los tenedores de bonos, tanto grandes como pequeñas, la tenencia de bonos argentinos en default".

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Los nuevos acuerdos están suscritos, además, a la condición que aceptó el Gobierno de Mauricio Macri sobre la derogación de la ley cerrojo y la ley de pago soberano.

Aún resta concretar acuerdos con el grupo de bonistas minoritarios, que tienen reclamos por 832 millones de dólares y con los fondos conocidos como “me too”, que presentaron demandas ante Griesa en 2014.

Al respecto, el diputado del partido centroderechista Frente Renovador (FR), Marco Lavagna, reconoció que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los fondos buitre “es carísimo” y recomendó "taparse la nariz y seguir para adelante".

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En contexto

Entre 2011 y 2012 los fondos buitre, conformados por diferentes acreedores extranjeros, reclamaron el pago de la deuda de mil 300 millones de dólares, lo que representaba el 100 por ciento de la misma adquirida por Argentina, además, de la cancelación de intereses, hecho que avaló el juez de Nueva York, Thomas Griesa.

Pese a que Argentina no se negó a cancelar la deuda, apeló la decisión del Tribunal estadounidense para buscar la reestructuración de los pagos.

En 2014, bajo el mandato de Cristina Fernández logró revertirse la decisión de Griesa y congeló el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, aunque se mantiene el litigio entre los acreedores y el país suramericano.

Tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015 se dio a conocer la renegociación con los fondos buitre, pero este admitió que las reuniones con los acreedores buscaban el default en Argentina y que no iban "tan bien" como se esperaba.