La Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley una reforma al código procesal penal que promueve la realización de juicios orales, reducir plazos para investigación de casos y procesos judiciales; además de la expulsión de extranjeros declarados culpables de cometer algunos delitos.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández, fue aprobada por 130 votos a favor y 99 en contra tras una maratónica sesión.

La presidenta del bloque de diputados del oficialismo, Juliana Di Tullio, aseguró que el actual código "no le sirve a nadie, solo a una docena de jueces que tienen todo el poder en sus manos".

“Ustedes creen que los únicos actos de corrupción los comete la política y lo repiten, y les recuerdo que en el caso de las cuentas no declaradas en Suiza, hay solo un personaje de la política" que es de un partido "que se la pasa denunciando corrupción", en alusión a un dirigente de la Coalición Cívica.

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El jefe del bloque radical, Mario Negri, justificó el rechazo al proyecto promovido desde el oficialismo porque "se debe hacer en conjunto con una ley de Ministerio Público y juicio por jurados" y dijo que el objetivo de esta ley "es aumentar el poder" de la Procuración General de la Nación.

Al lanzar el proyecto, Fernández afirmó que para combatir la inseguridad que aqueja a los argentinos era necesario agilizar los tiempos judiciales.

Bajo el nuevo modelo, el fiscal tendrá un máximo 15 días para decidir si investiga o desestima el caso.

A partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y mil 713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país. 

Además, el nuevo código regula la expulsión de extranjeros sin juicio cuando hayan sido sorprendidos cometiendo un delito y les prohibe regresar por un período no menor a cinco años. Si es un extranjero nacionalizado o con familia radicada en Argentina, entonces se le da la opción de quedarse en el país y ser sometido a proceso.