La Fiscalía General de Brasil informó este jueves que los golpistas que promueven el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff combinaron versiones de sus defensas y estrategias para frenar la investigación sobre corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

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La acusación recae sobre el exministro de Planificación de Michel Temer, Romero Jucá; el expresidente entre 1985 y 1990, José Sarney; y el titular de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros; todos integrantes de la cúpula del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), provisional en el poder.

La acusación la realizó el Fiscal Rodrigo Janot y señala que en concreto intentaban “impedir que el expresidente de la filial de Petrobras Transpetro, Sergio Machado, colaborara con las investigaciones de la Operación Lava Jato”.

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Para alcanzar sus objetivos, intentaron “maquillar los ilícitos de la gestión de Machado”, quien aseguró, en sus colaboraciones para el caso, que los tres integrantes del Gobierno provisional de Temer recibieron unos 70 millones de reales (20 millones de dólares) de la subsidiaria de Petrobras.

Calheiros, Sarney y Jucá negaron las acusaciones en su contra y calificaron como “exagerado” el pedido del fiscal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para su detención. No obstante, esta solicitud lleva anexo documentos que comprobarían los movimientos financieros.

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En contexto

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

La acusación central de la oposición contra la mandataria para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.

Pese a la falta de una base legal para realizar un juicio político en contra de Rousseff, el pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de impeachment con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes. 

Posteriormente, el Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra la presidenta el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).

En este lapso las autoridades brasileñas deberán demostrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado.