En Colombia se registraron entre enero y junio de este año 335 agresiones individuales contra líderes sociales, un aumento del seis por ciento con relación al mismo período de 2016, según un informe por del programa no gubernamental de protección de los derechos humanos, Somos Defensores.

El informe señala se han ocurrido 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y nueve casos de judicialización de líderes sociales. Además, indica que van 51 asesinatos hasta julio, sin embargo son 79 asesinatos en lo que va de 2017, según Marcha Patriótica.

También indica que el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) no fue garantía para que disminuyera la violencia. “Ahora con el silencio de los fusiles con las FARC-EP, la violencia contra los activistas se focaliza aún más”, resalta el comunicado.

Fin del conflicto con las FARC-EP, más inseguridad

El director de Somos Defensores, Carlos Guevara, manifestó que las zonas más complicadas para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos continúan siendo los territorios donde hubo una mayor presencia del conflicto armado. “Allí la guerra se enquistó y no se ha acabado porque hay nuevos actores que antes eran invisibles”, aseguró.

Guevara afirmó que entre enero y junio se registraron agresiones en departamentos donde antes no había registros de violencia contra líderes sociales. “Nuestros registros de violencia en el Tolima eran muy bajos y allí sucedieron asesinatos al igual que en la Guajira y el Cesar”, añadió.

El paramilitarismo

El informe detalla que el fenómeno del paramilitarismo se ha agudizado en las últimas semanas. "Son grupos criminales con jerarquías y estructuras que funcionan a nivel regional”, explicó Guevara.

"El gobierno no puede seguir cerrando los ojos cuando los resultados de la existencia del paramilitarismo son evidentes (...) El paramilitarismo va a mutar con el surgimiento de muchos grupos armados y van a tener demasiado poder regional para poner en jaque la paz”, expresó.

Para el director de Somos Defensores, el informe es una invitación para que se siga exigiendo al Estado colombiano mecanismos y garantías para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos. “No estamos hablando de dos o tres personas, son 51 muertos en los primeros seis meses de la paz”, resaltó.