Durante los últimos dos meses Venezuela afrontó una terrible oleada de violencia. Ya se computan más de 60 muertos entre escuelas saqueadas, edificios públicos incendiados, transportes públicos destruidos y hospitales evacuados. Los grandes medios de comunicación sólo transmiten en cadena denuncias macabras del gobierno. Han instalando la imagen de un dictador en conflicto con los demócratas de la oposición.

Pero los datos de lo ocurrido no corroboran ese relato, especialmente en lo referido a los fallecidos. Cuando totalizaban 39, un primer informe destacó que sólo 4 fueron víctimas de las fuerzas de seguridad. El resto murió en saqueos o confusas balaceras al interior de las movilizaciones opositoras. Otra evaluación señaló que el 60 por ciento de los ultimados era totalmente ajeno a la confrontación.

Estas caracterizaciones son coherentes con las estimaciones que atribuyen gran parte de los asesinatos a francotiradores ligados a la oposición. Indagaciones más recientes destacan que el grueso de los victimas perdió la vida por vandalismo o ajustes de cuenta.

Existen además incontables denuncias sobre incursiones de grupos paramilitares ligados a la derecha. También hay indicios de un alto grado de violencia con protección local, en los municipios gobernados por la oposición.

Estos balances sintonizan con la brutalidad fascista que introdujo el incendio de personas adscriptas al chavismo. Quemar vivo a un partidario del gobierno es una práctica más ligada a los paramilitares colombianos o al hampa, que a las organizaciones políticas tradicionales. Algunos analistas incluso estiman que sobre un total de 60 muertos 27 eran simpatizantes del chavismo.

Otros afirman que al interior de las marchas opositoras actuaron unas 15.000 personas entrenadas como grupos de choque. Utilizaron capuchas, escudos y armas caseras para crear un clima caótico e instalar “territorios liberados”.

Las evaluaciones que presenta la oposición son diametralmente opuestas, pero han sido refutadas por detallados informes sobre las víctimas. Como nadie reconoce la existencia de evaluaciones “independientes”, conviene juzgar lo sucedido recordando los antecedentes. En la guarimba de febrero del 2014 murieron 43 personas, en su gran mayoría ajenas al choque político o a la represión policial.

También corresponde evaluar cómo reaccionaría la oposición frente a un desafío equivalente. Sus gobiernos zanjaron el “Caracazo” de 1989 con centenares de muertos y miles de heridos.

La coyuntura venezolana es dramática, pero no explica la centralidad del país en todos los noticieros. Situaciones de mayor gravedad en otros países son totalmente ignoradas por los mismos medios.

Desde el comienzo del año en Colombia fueron asesinados 46 líderes sociales y en los últimos 14 meses perecieron 120. Entre el 2002 y 2016 las fuerzas paramilitares masacraron a 558 dirigentes populares y el número de sindicalistas aniquilados en las últimas dos décadas asciende a 2500. ¿Por qué razón ninguna emisora de peso menciona esta continuada sangría en el principal vecino de Venezuela? 

El panorama de México es más aterrador. Todos los días algún periodista incrementa la incontable lista de estudiantes, maestros y luchadores sociales asesinados. En el clima de guerra social impuesto por las “acciones contra el narcotráfico” desaparecieron 29.917 personas. ¿Este nivel de masacre no debería suscitar más atención periodística que Venezuela?

Honduras es otro caso espeluznante. Junto a Berta Cáceres fueron ultimados otros quince militantes. Entre 2002-2014 la cifra de defensores del medio ambiente asesinados se elevó a 111. El listado de victimas del horror ignorado por la prensa hegemónica podría extenderse a los presos políticos de Perú. Muy pocos conocen, además, los padecimientos afrontados por el dirigente independentista portorriqueño Oscar López Rivera durante sus 35 años de prisión.

La mayoría de la población latinoamericana simplemente desconoce las tragedias imperantes en los países gobernados por la derecha. El doble estándar informativo confirma que el protagonismo de Venezuela en las pantallas, no obedece a preocupaciones humanitarias.

MODALIDADES DE UN GOLPE

La cobertura mediática apuntala el golpismo de la oposición. Como no pueden perpetrar una clásica asonada pinochetista, ensayan procesos destituyentes centrados en el disloque de la sociedad. Retoman lo intentado en febrero del 2014, para consumar un golpe institucional semejante al efectivizado en Honduras (2009), Paraguay (2014) o Brasil (2016). Pretenden imponer por la fuerza lo que posteriormente validarían en las urnas.

La derecha carece de la fuerza militar utilizada en el pasado para recuperar gobiernos. Pero intenta recrear esa intervención con escaramuzas frente a los cuarteles, incendios de estaciones policiales o marchas hacia las sedes militares.

Su plan combina el sabotaje de la economía con la virulencia callejera a través de grupos armados, que a diferencia de Colombia actúan en forma anónima. Se mezclan con el hampa y aterrorizan a los comerciantes.

Estas acciones incluyen los métodos fascistas auspiciados por las corrientes más violentas del antichavismo. Se apropian de la simbología insurgente forjada por los movimientos populares y presentan su acción depredadora como una gesta heroica. Su líder Leopoldo López no es un inocente político. Cualquier tribunal ajustado a derecho, lo hubiera condenado a perpetua por sus responsabilidades criminales.

La derecha propicia un clima de guerra civil para desmoralizar a las bases del chavismo, afectadas por la falta de alimentos y medicinas. Presiona explícitamente por una intervención extranjera y negocia con los bancos acreedores una interrupción de los créditos al país. 

La oposición pretende linchar a Maduro para enterrar al chavismo. Dirime su batalla en las calles, en la conquista de la opinión pública y en el colapso de de la economía. Considera a los comicios como una simple coronación de esa ofensiva.

Pero afronta obstáculos crecientes. El predominio de los violentos en sus marchas aleja al grueso de los descontentos y desgasta a los propios manifestantes. Como ya ocurrió en el 2014 el rechazo a los fascistas socava a toda la oposición. La permanencia de Maduro disuade, además, la concurrencia a las marchas. No han logrado penetrar en los barrios populares, donde siempre afrontan el riesgo de una adversa confrontación armada.

La gran burguesía venezolana instiga el golpe con el sostén regional de Macri, Temer, Santos y Peña Nieto. Impulsa desde hace meses en la OEA un plan desestabilizador. Pero tampoco ha logrado resultados en ese terreno. Las sanciones contra Venezuela no prosperaron por la oposición de varias cancillerías y quedó bloqueada la unanimidad que en los años 60 tenía la expulsión de Cuba.

Es también notorio el protagonismo golpista de los Estados Unidos, que intenta recuperar el control de la principal reserva continental de crudo. El Departamento de Estado busca repetir los operativos de Irak o Libia, sabiendo que luego de tumbar a Maduro nadie se acordará dónde queda Venezuela. Basta observar como los medios omiten en la actualidad, cualquier mención de los países ya intervenidos por el Pentágono. Una vez liquidado el adversario los informativos se ocupan de otros temas.

Las metas estratégicas del imperialismo no son registradas por quienes resaltan el coqueteo de algún diario yanqui con el presidente venezolano o las ambigüedades verbales de Trump. Suponen que esos irrelevantes datos ilustran la ausencia de conflicto entre el Estados Unidos y el chavismo. Pero no registran que la inmensa mayoría de la prensa ataca virulentamente a Maduro y que el multimillonario de la Casa Blanca desmiente cada día lo afirmado en la jornada anterior.

Trump no es indiferente, ni neutral. Simplemente delega en la CIA y el Pentágono la implementación de una conspiración diseñada a través de los planes Sharps y Venezuela Freedom 2. Esas operaciones incluyen espionaje, despliegue de tropas y cobertura del terrorismo. Se desenvuelven en forma sigilosa, mientras la gran prensa descalifica cualquier denuncia sobre esos preparativos. Cuestionan especialmente las “exageraciones de la izquierda”, para que nadie moleste a los conspiradores.

Algunos analistas estiman que la presencia de Chevron en Venezuela -o los continuados negocios de PDVSA en Estados Unidos- ilustran una estrecha asociación entre ambos gobiernos. Deducen de esa relación la ausencia de un escenario golpista. Pero esas conexiones no alteran en lo más mínimo la decisión imperial de derrocar al gobierno bolivariano.

Las actividades de empresas yanquis en Venezuela (y de sus contrapartes en Estados Unidos) han persistido desde el inicio del proceso chavista. Pero tanto Bush, como Obama y Trump han buscado recuperar el manejo imperial directo del petróleo. No les alcanza con una tensa relación de socios o clientes. Pretenden instaurar el modelo de privatización imperante en México y expulsar a Rusia y China de su patio trasero.