Bs. As. (2-6-17): La Cámara federal le pasó la causa de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman al juez Claudio Bonadio. El juez federal, que ya procesó a la ex presidenta en dos expedientes, hizo todo lo posible por quedarse con esta causa, de esta manera concentra la mayoría de las causas contra la ex presidenta. El objetivo principal es tratar de meter presa a Cristina antes del mes de octubre, habida cuenta de su posicionamiento en las encuestas que la dan claramente como ganadora de las elecciones nacionales de octubre.
Por Irina Hauser

El juez federal Claudio Bonadio hizo todo lo posible por quedarse con la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman que se abrió con la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, y lo consiguió. El expediente estaba hasta ahora a cargo de Ariel Lijo, pero Bonadio peleó la competencia con el argumento de que él tenía en sus manos y ya avanzada una causa conexa, donde en lugar de encubrimiento dos denunciantes ligados al PRO señalaban el delito gravísimo de “traición a la patria”.

Es una especie de “colectora” que el oficialismo político y la dirigencia de colectividad judía generaron a raíz de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal resolvieron que se debía que archivar por inexistencia de delito la presentación original hecha por Nisman. Pero poco después que llegó Mauricio Macri a la Presidencia, la Cámara de Casación Penal Federal ordenó reabrirla. Por esta razón es que había dos causas. Como en un mecanismo de relojería ambas quedaron concentradas ahora en el juzgado de Bonadio, quien ya procesó dos veces a CFK por otros temas.

La decisión de dejarle esta investigación a Bonadio fue tomada por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y no es apelable. Irurzun concentra gran poder en la actualidad, no sólo en Comodoro Py, donde tiene ascendencia sobre jueces y fiscales, sino que -además- es quien dirige el aparato de escuchas que hoy depende de la Corte Suprema pero que está camino a ampliar sus facultades en acuerdo con el Ministerio de Justicia, centralizando información sensible de organismos como la AFIP, la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero su decisión de dejar la denuncia de Nisman contra CFK en manos de Bonadio viene en días peculiares: ayer pidieron su indagatoria por lavado de dinero los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Hotesur, y ayer mismo la propia sala de la Cámara que Irurzun integra le indicó al juez Sebastián Casanello le dijo que debe investigarla en el mismo caso por lavado por el que está preso Lázaro Báez. Todo pareciera una reacción al anuncio de la ex presidenta de que está dispuesta a ser candidata en octubre.

El argumento central de Irurzun a favor de Bonadio, ocupa dos breves párrafos de una resolución de tres páginas y da por descontado que se trata del juez que lleva más tiempo en el caso. Es un razonamiento curioso si se tiene en cuenta el recorrido que hicieron el expediente y su colectora:

Nisman presentó su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras personas el 14 de enero de 2015, en plena feria judicial, y apareció muerto cuatro días después. Su principal argumento era que el Gobierno quería lograr la impunidad de los iraníes a través del Memorándum de Entendimiento y que formó parte de una negociación de intercambio de petróleo por granos.
En ese entonces la juez María Servini de Cubría, de turno, dijo que el tema no tenía urgencia; luego le tocó a Lijo, que tenía el caso de encubrimiento en la investigación inicial del atentado a la AMIA, pero dijo que no tenía relación con el asunto; y pasó a Rafecas. Este juez consideró que no hubo delito: el Memorándum nunca entró en vigencia, ni la Comisión de la Verdad que preveía, ni se habían levantado las alertas rojas para la captura de los sospechosos, ni hubo intercambios de petróleo y granos. Numerosos juristas prestigiosos como León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Julio Maier y Luis Moreno Ocampo, sostenían lo mismo. No había delito que investigar.
Como apeló el fiscal Gerardo Pollicita, que impulsaba una investigación, el expediente llegó a la Cámara Federal, donde el fiscal Germán Moldes apoyó a su colega. Con las firmas de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, confirmaron la decisión de Rafecas. Hicieron hincapié en que el Memorándum votado por el Congreso, aunque pudiera ser inconstitucional, no era en sí un delito.
Moldes, uno de los grandes impulsores de la marcha del 18F por la muerte de Nisman -que en rigor fue una marcha contra CFK– apeló ante la Cámara de Casación. Pero su colega Javier De Luca coincidió en la inexistencia de delito y desistió.
Ante el cierre de esa vía para insistir con la denuncia contra la ex presidenta, surgió una nueva denuncia: se presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, cercano al macrismo, y entregó la grabación de una conversación telefónica privada entre el ex titular de la DAIA, Guillermo Borger, y Timerman, en la que éste le decía al primero que la bomba en la AMIA la puso Irán y había que negociar con ellos para que sus ciudadanos sospechosos declararan como imputados. Para el denunciante, la conversación demostraba el delito de traición a la patria, una figura gravísima, cuya pena menor es de diez años y puede llegar a ser perpetua. Lo insólito es que no era nada desconocido lo que decía Timerman en aquella conversación: era la postura pública del Gobierno, planteada incluso oficialmente en la causa AMIA. Luego se presentó el denunciante serial José Magioncalda, y se juntaron los expedientes. También se sumaron dos familiares de víctimas del atentado cercanos a la diligencia de la AMIA y la DAIA. Este expediente quedó en manos de Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. Nunca en la historia hubo un juicio por traición a la patria, según apuntan en Comodoro Py. Además de la ex presidenta y el ex canciller, quedaron denunciados todos los legisladores que aprobaron el Memorándum.
Con los mismos argumentos y el audio en cuestión se presentó la DAIA en el juzgado de Rafecas para ver si, con esos supuestos “nuevos elementos”, lograban reabrir la investigación. También alegaron la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum (que quedó firme porque desistió el gobierno de Macri) Otra vez el juez lo rechazó, igual que la Cámara. Finalmente fue la Cámara de Casación la que, con los votos de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenó en diciembre de 2016, la reapertura de la denuncia de Nisman. El fallo separó al juez Rafecas y ordenó admitir a la DAIA como querellante. Borinsky y Hornos habían resuelto poco tiempo antes que Bonadio podía continuar tramitando la causa “colectora” o melliza de la denuncia original por traición a la patria.
Cuando se sorteó un nuevo juzgado para la presentación de Nisman le tocó al juez Lijo, quien defendió -al menos en los papeles- su competencia en el caso en el momento en que Bonadio le plantó que se inhibiera y le reclamó la causa. Muchos en Comodoro Py daban por hecho que Lijo, de buena relación con Irurzun, se quedaría con el expediente. Pero olvidaron que todos los caminos, o la mayoría, y más si se trata de causas contra la ex presidenta, conducen a Bonadio.
Como es ostensible con sólo recorrer la cronología, la causa por la denuncia de Nisman es muy anterior a la que tenía Bonadio. Sin embargo, Irurzun consideró que él era el juez más antiguo en el asunto. Bonadio ya procesó a CFK en dos causas: por defraudación en relación a los contratos de dólar futuro, que fue la judicialización lisa y llana de una medida de gobierno; y por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Los Sauces, empresa familiar que realiza negocios inmobiliarios. La raíz de la denuncia de Nisman también es otra medida gubernamental, aprobada por el parlamento.

“Estamos frente a la concreción de una maniobra de forum shopping (elegir el juez) que se inició cuando Bonadio quedó habilitado por la Cámara a abrir una causa colectora sobre el mismo hecho ya descartado. Yo me presente con Timerman -señaló el abogado Alejandro Rúa– y dije que era una duplicación de causas, pero el objetivo de fondo era que se quedara Bonadio con todo el expediente. La discusión sobre la causa melliza está a estudio de la Corte, pero ya han elegido al juez por conveniencia”.
El peligro que se hace el gobierno es como puede actuar la militancia ante una presunta embestida de prohibir a la candidata Cristina. Se sabe que el gobierno juega su ultima carta de una gran peligro institucional. Caso ejemplo Brasil con Dilma. Solo queda esperar hasta que punto la derecha puede jugar con la democracia.