“La vida de los otros” (Das Leben der Anderen, 2006, Alemania) forma parte de un conjunto de  películas que han buscado rastrear los sentidos que persiguen los sistemas políticos para detectar amenazas o complots que puedan dañar, alterar o aniquilar  la continuidad de un determinado orden político. Es así que lo que une esta película con la distópica “1984”, basado en la novela de George Orwell, es la posibilidad de la construcción de un orden político que observa, controla y analiza todos y cada uno de los actos de las personas, aniquilando cualquier diferencia entre la esfera pública y la privada. Esta posibilidad futurista en el caso de “1984” o la mera descripción histórica en el caso de “La vida de los otros” tuvieron un solo destinario: el comunismo de pos guerra de 1945.

Se ha repetido hasta el hartazgo la denuncia sobre la totalización de la vida de las personas en los países socialistas y aún los caracterizados como populistas que compartirían el mismo rasgo totalitario. Lo que pocos habían advertido es que también en los países de larga tradición liberal el control por parte de los servicios de inteligencia de la vida de las personas se desplegaba con total impunidad. Solo baste recordar la paranoia persecutoria desatada bajo la campaña anticomunista entre 1950 y 1956 impulsada por el senador Joseph Mc Carthy en los EE.UU que llevó al exilio, a la cárcel y a la muerte a numerosos ciudadanos. Entre los denunciados y perseguidos figuraban celebridades  como Dalton Trumbo, Bertold Brecht y Charles Chaplin que no dudaron en denunciar al senador y su campaña como del mismo orden de aquello que quería combatir.

Un poco más cercano en el tiempo figura otra película emblemática “La Conversación” (1974, EE.UU) en el que un muy joven Francis Ford Coppola dirigía esta obra en la que un espía norteamericano también se especializaba en la escucha a personas que se les asignaba. La diferencia es que los trabajos que el espía realizaba eran encargado tanto por agencias estatales como privadas. En la película finalmente el  espía cae bajo la misma sospecha que sus víctimas y comienza a darse cuenta que el también era escuchado secretamente por los mismos servicios para los que trabajaba. En ese universo paranoico de escuchas permanentes y disolución de los límites entre lo público y lo privado gira el rol que tienen los servicios de inteligencia en el mundo.

La muy reciente historia de Edward Snowden en el año 2013 ha actualizado (y reforzado) la idea de la intromisión de los servicios de inteligencia en la vida de las personas. Snowden como agente de la CIA reveló a dos diarios (The Guardian y The Washington Post) documentos sobre los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore utilizados para analizar mensajes de millones de personas en todo el mundo en todas las redes sociales. Esta vigilancia no es ni ha sido exclusiva de los servicios de inteligencia más famosos CIA, KGB, Mossad, MI6. El servicio de inteligencia argentino tiene una larga y tenebrosa historia amparado por sucesivas dictaduras se formó en las largas décadas de la Guerra Fría tomando, también, a su propia población como blanco de sus actividades. El espionaje en la dictadura genocida los puso en primera línea para investigar a partidos políticos, sindicatos, universidades y escuelas. En esa mezcla de servicios de inteligencia, policías, militares, civiles y lúmpenes se desarrolló un tipo particular de asociación delictiva que sobrevivió en democracia para dedicarse a otro rubro: la extorsión. La inacción mostrada en la Guerra de Malvinas, como las sospechas de su participación en operaciones terroristas tampoco provocaron la reacción de las autoridades democráticas que no se animaban a meterse con semejante engendro. Finalmente en el año 2001 se elaboró una legislación que por primera vez separaba la Defensa de la Seguridad luego de la presunción de que las voladuras de la Embajada de Israel y la AMIA contó sino con la desidia con la colaboración de los servicios de inteligencia nativos. La ausencia de investigación o el desvío de las sospechas fueron flagrantes cuando se utilizaron fondos reservados de la ex SIDE para pagarles a testigos que incriminaran a algún país en particular y no a otro, imputando a personas que luego debieron ser liberadas.

Desde ese momento la actividad de los servicios de inteligencia en la Argentina fue regulada por las leyes 25520/2001 y su modificatoria 27126/2015. Entre los avances más significativos de ambas leyes se encuentra la prohibición de: 

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.

2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
 

La ley modificatoria 27126 disolvió la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado luego del escandaloso caso del Fiscal Alberto Nisman en el que se lo encontró muerto el 18 de enero de 2015 en vísperas de la presentación en el Congreso Nacional de su denuncia al gobierno nacional con una supuesta conexión con Irán. La relación entre la fiscalía de Nisman, responsable de investigar la causa de la AMIA y los servicios de inteligencia locales derivó en una denuncia contra el gobierno que fue cerrada dos veces por ausencia de elementos probatorios. La denuncia elaborada por el fiscal estaba basada en presunciones periodísticas y en elementos falsos que la convirtieron en una operación política y colocaron al fiscal en una situación complicada al comprobar que había jugado su prestigio profesional en pos de una denuncia que era insustancial. 
 

Tan ostentosa era la marca de los servicios que el gobierno vio las huellas del espía ex responsable de la Dirección General de Operaciones de la SIDE argentina, hasta el 2014 año en que fue despedido, Antonio Horacio Stiuso en toda la operatoria,  y decidió denunciarlo penalmente y disolver la estructura de los servicios y reemplazarla por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre las principales consecuencias de la disolución de la SIDE estuvo la eliminación de los fondos reservados, ahora restituidos por el actual presidente Mauricio Macri, presunta fuente de enriquecimiento ilegal de los agentes denunciados Antonio Stiuso y Raúl Martins. 
 

Tan compleja es la trama de jueces, servicios de inteligencia, periodistas y funcionarios de gobierno que no deja de sorprender. En el año 2009 el referente de la comunidad judía Sergio Burstein denunció penalmente al entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri por considerar que estaba siendo espiado por una red de inteligencia clandestina organizada por el Jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, y que esa misma estructura espiaba al ex cuñado del entonces Jefe de Gobierno Porteño Néstor Leonardo. La denuncia le costó el procesamiento a Macri, la renuncia del entonces Ministro de Educación Mariano Narodowki por la detención del  agente de inteligencia Ciro James que formaba parte del Ministerio de Educación en un cargo que el ministro no supo explicar y el encarcelamiento del Jefe de la Policía Metropolitana Jorge  Palacios. 
 

Quién investigó y llevó adelante la causa de las escuchas fue precisamente Alberto Nisman. El 29 de diciembre de 2015 a diecinueve días de asumir la presidencia de la nación el actual presidente Mauricio Macri fue sobreseído por el juez Casanello, que heredó la causa de las escuchas ilegales del Juez Norberto Oyarbide,  sin que se conocieran las diligencias y procedimientos llevados adelante para aclarar el caso que mereció el procesamiento del Jefe de Gobierno en el año 2010 y ratificado por unanimidad por la Cámara Federal. Evidentemente el tiempo de reflexión da sus frutos. Los más de cinco años transcurridos desde el procesamiento aclararon las ideas al juez y pudo concluir súbitamente, en solo dos semanas, que no había pruebas que involucrasen al actual presidente.  
 

En las últimas semanas la prensa nacional (oral, escrita y televisiva) que nunca deja de sorprender difundió comunicaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli último director de la Agencia Federal de Inteligencia. La preocupación central de los medios era el lenguaje utilizado y no el origen de esas escuchas ilegales. La banalización de la noticia ocultaba lo central: que esas escuchas forman parte del espionaje político. En ese sentido la difusión de  las escuchas al actual presidente del club Boca Juniors Daniel Angelicci habla para qué se utilizan los recursos de la AFI: aprietes, negocios y operaciones políticas. El poder cedido a la Agencia Federal de Inteligencia en manos de un amigo “personal” del presidente ha colocado a Gustavo Arribas como principal operador de Macri. 
 

Las denuncias efectuadas por transferencias de jugadores, la tenencia la empresa la Veneziana para lavado y evasión de dinero revelada en los Panamá Papers no lo pone en las mejores condiciones para ser el titular para la Agencia Federal de Inteligencia. Pero más revelador es el accionar de la AFI en el hackeo de las cuentas de los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico sumado a las escuchas reveladas es que la misma lógica utilizada por los servicios de inteligencia en el gobierno de la ciudad está siendo utilizada desde la nación. 

La totalización de la vida de los ciudadanos a partir de la vigilancia de los servicios de inteligencia coloca al gobierno fuera de la ley y el Estado de Derecho al utilizar el espionaje para cuestiones expresamente prohibidas por la ley. Ninguno de los más graves episodios ocurridos en democracia hasta ahora ha tenido como principal instrumento de la Justicia a los servicios de inteligencia. Todo lo contrario. Las sospechas de la participación de la ex SIDE en la voladura de la Embajada de Israel o la sede la AMIA acrecienta el enrarecido clima político por la presunción de estar frente a un organismo que se ha autonomizado de la defensa de la sociedad para servir a intereses que no son los de la sociedad democrática argentina. La presencia de un personaje con tan poca idoneidad como el actual titular de la AFI sospechado de numerosos delitos, el último de recibir coimas de la empresa Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento, hace necesario insistir en que no solo estamos frente al peligroso escenario de un Estado cuasi totalitario sino además colonizado por una estructura mafiosa que potencia su degradación a una escala como nadie imaginó.