“Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana”. 

Así comienza Franz Kafka su obra maestra “El Proceso” (Der Prozeß), publicada, luego de su muerte, por su amigo Max Brod en 1925.

Resulta que el protagonista de la historia, Josef K., es acusado de algún delito que el no conoce y del cual nunca es informado. Sin embargo, muchos saben que a el se le está siguiendo un proceso, que poco a poco lo va enredando en una complicada trama de la cual nunca logra encontrar salida. Lo absurdo de las situaciones que se van suscitando con la aparición de diversos personajes, incluyendo jueces, trabajadores de tribunales, abogados, guardianes, parientes y vecinos van minando lentamente la confianza de Josef K. que intenta inútilmente buscarle un sentido al sinsentido, y en consecuencia comienza a experimentar un sentimiento de culpa, al verse envuelto inexplicablemente en la maraña burocrática de la justicia y el estado.

La situación que hoy se vive en Argentina con el cúmulo de acusaciones absurdas a la presidenta Cristina Fernandez K., sus hijos, parientes y seguidores, configuran un escenario tan similar al presentado por Kafka en su obra, que hace pensar que la justicia no existe, y que por ende lo insólito e inesperado es posible.

Las vinculaciones entre la justicia, los medios de comunicación y los actores políticos “denunciadores” van desarrollando en la opinión pública un sentimiento de odio creciente hacia todo lo K, cuyo objetivo verdadero es reducir todo lo posible o anular, la potencialidad opositora y las posibilidades electorales de cualquiera que pretenda dar continuidad a modelo social de inclusión e igualdad que dejaron en Argentina Nestor Kirchner y Cristina Fernández.

Cercano a las delirantes situaciones imaginadas por Kafka está el denominado caso “dólar futuro” (http://www.telesurtv.net/news/De-que-se-trata-el-caso-del-dolar-a-futuro-en-Argentina-20160412-0011.html), por el cual es procesada Cristina Fernández entre otros. Tan absurdo es, que el juez que procesa a Cristina, Claudio Bonadío ,(apodado “Dr. Glock”, por la marca del arma que porta), es el mismo que autorizó al actual jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger, (procesado por el Megacanje del gobierno de De la Rua: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289193-2015-12-29.html), a liquidar las acreencias de aquellos que compraron dólar futuro. Es decir que el mismo juez que procesa a Cristina por un supuesto “delito” que no se había consumado, permite su consumación con la autorización de pago. Otro absurdo es, por otro lado, que se procesa a Cristina pero no a quienes llevaron a cabo la enorme devaluación del peso, que es el hecho específico que provocó la enorme pérdida al estado que le imputan a Cristina, ni tampoco se incluye a aquellos que se beneficiaron con esta maniobra por haber contado anticipadamente con información privilegiada sobre la devaluación que se venía, (pero que Macri había negado durante la campaña presidencial de 2015). 

En este grupo de beneficiados se incluye, casualmente, el socio del presidente y contratista del estado preferido por el actual gobierno Nicolás Caputo, a un grupo de empresas de Franco Macri, (padre del presidente), a José María Torello jefe de asesores del Presidente, a Gustavo Sebastián Lopetegui secretario de Coordinación de Políticas Públicas, y como siempre a los medios concentrados de comunicación incluyendo al diario La Nación y a la operadora de cable del Grupo Clarín, Cablevisión.

Estos “amigos” del poder invirtieron en total algo asi como 30 millones de dólares y obtuvieron con la maniobra un beneficio del 50% al pasar el precio del dólar con la devaluación, de 10 a 15 pesos.

Por más que buscaron, no pudieron encontrar a ningún funcionario del gobierno de Cristina involucrado en maniobra alguna para beneficiarse como lo hicieron los “amigos” del presidente.

Por esa razón, el bloque de diputados del FPV, presentó una denuncia contra Sturzenegger y el juez Bonadío por diversos delitos relacionados con esta causa, entre ellos el haber sido los artífices de la consumación del supuesto “delito” que le imputan a Cristina. 

Las operaciones de desprestigio urdidas por los poderes económicos argentinos contra el gobierno anterior, y principalmente contra todo aquel que lleve el apellido Kirchner, tienen como punto de partida denuncias mediáticas realizadas por supuestos “periodistas” que atraen mucha audiencia.Estas denuncias son luego replicadas en forma constante por todos los componentes del monopolio mediático. Recordemos que el multimedios Clarín está compuesto por mas de 250 empresas, incluyendo diarios, canales de televisión, radios, televisión por cable, internet, etc., lo que le otorga un poder de fuego informativo, (o desinformativo), inmenso.

Estas denuncias generalmente vagas, llenas de sensacionalismo y sin asidero legal, sirven igualmente a estos medios erigidos en jueces, para juzgar y condenar anticipadamente al supuesto “reo” ante la opinión pública.

En base a estas “denuncias”, comienza a trabajar la justicia corrupta, uno de cuyos baluartes es el Dr. Glock, quién lleva a cabo espectaculares allanamientos en donde, casualmente, los medios hegemónicos gozan de la primicia en forma anticipada. Los allanamiento por lo general no consiguen pruebas concretas de delitos, no obstante lo cual el fogoneo mediático contribuye a mantener el caso en primeras planas por mucho tiempo.

A este verdadero “grupo de tareas” se le suma una oscura diputada, Margarita Stolbizer, auto erigida como máxima  luchadora contra la corrupción,(aunque en las últimas elecciones sacó un exiguo del 2,6% de los votos), a quién el Dr. Glock le pasa información privilegiada con la que ella va tejiendo absurdas tramas que son ampliamente difundidas por los medios hegemónicos.

Parece que a pesar del enorme esfuerzo realizado por este “grupo de tareas” ha resultado imposible encontrar alguna prueba que permita involucrar a Cristina Fernández en hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, o lavado de dinero. Por eso ahora pretenden acusarla de “protección al fundamentalismo islámico por razones ideológicas”, tal cual lo promueve el diario La Nación en su edición del 24.07 pasado y sobre lo cual estarían trabajando algunos fiscales y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas). (http://www.lanacion.com.ar/1921361-de-la-corrupcion-a-la-proteccion-del-terrorismo).

Si esto no fuera cierto, podría ser tomada por lo absurdo, como una humorada, máxime considerando que el propio Estados Unidos realizaba esfuerzos ya en 2013 para normalizar las relaciones con Irán,( http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24316661), (http://americamagazine.org/making-peace-iran).

Por lo tanto, estos fiscales deberían quizás armar una causa similar para acusar a Barak Obama por el mismo delito, ya que con su actitud positiva para reanudar relaciones con Irán lo pondría también en situación de “protección al fundamentalismo islámico por razones ideológicas”.

Pero esto será otro capítulo de la trama kafkiana de la “justicia” argentina en su persecución a los K. 

Seguramente la historia hará justicia dando a cada uno de los protagonistas de estos sinsentidos el lugar que le corresponda, ya sea como héroe o como villano.