El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se pronunció en contra de  la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender de manera temporal  las labores de una minera de capital canadiense en el país, por ser un ejemplo que paraliza la inversión extranjera.

Sin hacer una mención a la multinacional, el mandatario opinó sobre el amparo provisional otorgado por el Supremo al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), que dejó sin efecto las licencias El Escobal -otorgada en 2013- y Juan Bosco -2012- de la Minera San Rafael.

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Los pobladores del municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde está instalada la minera, han manifestado en reiteradas ocasiones su descontento por la "fuerte contaminación" del área, que a su juicio está provocada en parte por las explosiones de la empresa.

Los pobladores han denunciado que las operaciones de extracción han ocasionado sismos  que han afectado sus viviendas y terrenos de cultivos, voceros de la comunidad han pedido la cancelación de las operaciones en la mina.

Para este jueves se espera una movilización en contra de la explotación de la mina San Rafael a pesar de la negativa del Estado de suspender definitivamente las actividad extractiva en la región.

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La mina San Rafael, es subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste del país, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa), a 97 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala.