El 8 de julio Brasil vivió un día de guerra jurídica en torno a la liberación del ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva. Una jornada en la que el sistema político -en sentido amplio: incluyendo a actores políticos, judiciales, policiales, mediáticos y hasta militares en activo- se mostró dispuesto a todo con tal de no perder el gobierno en la próximas elecciones.

Lo sucedido en apenas ocho horas podría calificar como comedia de enredos, si no expusiera un complejo mecanismo articulado para impedir el triunfo de Lula y así retener el control del Estado, en sus manos de facto tras el golpe que llevó a Michel Temer a la presidencia en 2016.

El término “lawfare” -síntesis de law y warfare, que significa “guerra jurídica” en inglés- se hizo relativamente conocido en los últimos tiempos, en la medida en que se hacía más evidente la utilización del Poder Judicial para conseguir objetivos políticos, eludiendo la voluntad popular. Este concepto aplica para varias situaciones que ocurren en América Latina y el Caribe en estos tiempos de contraataque imperial, como el pedido de prisión preventiva para Rafael Correa en Ecuador o la acusación de “traición a la Patria” a Cristina Fernández en Argentina; aunque lo que sucede en Brasil se da en un contexto más extremo. Con una casta política embarrada por diversos episodios de corrupción, Lula es condenado sin pruebas: el delito real es estar adelante en todas las encuestas.

La ilegitimidad del gobierno en Brasil es tan notoria que la presidencia no electa de Temer tiene un apoyo de aproximadamente el 5% de la población. Mientras la derecha más clásica no encuentra un candidato que pueda ubicarse en el centro del arco político, su principal oponente continúa muy arriba en los sondeos: a pesar de la prisión, Lula es la única figura con apoyo popular para encabezar el gobierno.

El segundo en las preferencias electorales, aunque muchos puntos por debajo, es Jair Bolsonaro, un ex militar retirado de ideología fascista, que en 2016 votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff “por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”, responsable por las torturas a la presidenta durante la dictadura cívico militar.

Bolsonaro es un candidato difícil de defender: sostiene públicamente ideas como que los negros “ya no sirven ni para procrear” y que “sería incapaz de amar a un hijo homosexual” ya que prefiere “que se muera en un accidente antes que aparezca con un bigotudo”. También afirma que “las mujeres deben ganar menos porque se embarazan y tienen licencia por maternidad” y que “el Estado es cristiano y la minoría que está en contra, que se cambie: las minorías tienen que inclinarse hacia las mayorías”.

Golpe a golpe

En este escenario de crisis política hay que analizar lo sucedido el domingo 8 de julio a partir del mediodía, cuando el juez del Tribunal Regional Federal nº4 (TRF4), Rodrigo Favreto, decidió hacer lugar al Habeas Corpus solicitado por la defensa de Lula y ordenó al director de la Policía Federal de Curitiba la liberación del ex presidente.

El poder establecido vivió con mucha preocupación la medida judicial y reaccionó de inmediato, sin reparar en desprolijidades. El juez Sergio Moro emitió una resolución contraria, declarando que Favreto no tenía competencia para esa decisión. Sin embargo, el propio Moro era quien no tenía competencia: por un lado porque no forma parte del TRF4, pero además porque se encontraba de vacaciones durante todo el mes de julio.

Poco más tarde Favreto ratificó su potestad y ordenó de nuevo la libertad inmediata de Lula. Mientras el diario O Globo titulaba con descaro en su web que “Policía Federal y (Sergio) Moro se articularán para mantener a Lula preso”, la fuerza encargada de liberar al ex presidente demoraba el cumplimiento de la medida, haciendo exactamente lo que el pulpo mediático había adelantado. Acaso porque ya era demasiado evidente, al rato O Globodecidió dar de baja el artículo, que -gracias a las capturas de pantalla- quedará de todos modos en alguna antología de las operaciones mediáticas de esta era.

A su vez, todo el mundo hacía sus movidas. Se convocaban actos y manifestaciones en varias ciudades y las redes sociales ardían. Entre los mensajes que circularon por esas horas, destacó el del general Paulo Chagas, quien convocó a sus seguidores a manifestarle al juez Favreto, “con la vehemencia aplicable (sic), nuestra opinión sobre su irresponsabilidad”. “Es un apasionado por el ladrón mayor. ¡Conversen con él!”, agregó.

Chagas fue uno de los militares que a principios de abril amenazaron con un golpe de Estado si el Tribunal –que finalmente envió a Lula a la cárcel- decidía “no cumplir con su responsabilidad”. En ese momento, el general afirmó que el objetivo de los pronunciamientos de la jerarquía militar era evitar que el “jefe de una organización criminal” circule “libre y burlonamente por todo el territorio nacional, contando mentiras, predicando el odio y la lucha de clases”. Seguramente estos no eran los únicos hilos que se movían por esas horas. Con similar pensamiento, los habría más sutiles.

En esta situación intervino un tercer juez, en este caso sí integrante del TRF4, João Pedro Gebran Neto, pero que también estaba de vacaciones. Pese a todo, apareció para hacer lugar al pedido de Moro y ordenó a la Policía Federal de Curitiba que se abstenga de cumplir la decisión de Favreto.

En otra vuelta de tuerca, poco después de las 16 este último insistió con una tercera resolución y estableció un plazo máximo de una hora para la liberación. Sin embargo, la Policía Federal se negó a cumplir la orden judicial hasta tanto no llegara la contraria. Así lo expresaron fuentes policiales, tomando partido casi sin disimular. Pasaron varias horas hasta que alrededor de las 20, el presidente del Tribunal, Carlos Thompson Flores Lenz, anuló lo actuado por Favreto y pasó la causa a Gebran Neto.

Impacto y continuidad en el tablero político

Al cierre de este artículo, el escenario continúa abierto. Las fuerzas conservadoras carecen de legitimidad activa para mantener en la cárcel a un candidato al que temen. Los sectores que impulsan la candidatura del líder histórico del Partido de los Trabajadores se movilizan pero no logran alcanzar un grado de conmoción política que altere radicalmente el panorama. Al menos por ahora. A escasos 90 días de las elecciones, las posibilidades del pueblo brasileño de recuperar la democracia conforman un gran interrogante.

Por allí radica, en parte, la tragedia. Pocas veces como en esta ocasión ha quedado tan claro el proceso político que subyace a la prisión de Lula. El peso geopolítico de Brasil, la riqueza de su enorme geografía es el trofeo en disputa. El nudo solo podrá ser resuelto con participación activa y organizada de diferentes sectores políticos y sociales. La farsa está expuesta como nunca.

@FVicentePrieto

Fuente: NotasPeriodismoPopular.com.ar