El miércoles 3 de mayo ingresó al Senado norteamericano un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra el gobierno de Venezuela. El documento condensa una propuesta estratégica, con el petróleo como eje y con Rusia en el escenario.

Los impulsores del proyecto son el ex precandidato presidencial republicano Marco Rubio y el demócrata Ben Cardin, que lograron congregar a otros siete senadores de la extrema derecha de ambos partidos. Entre ellos, dos figuras con alto perfil en estos temas: Bob Menéndez (demócrata) y John McCain (republicano).

De acuerdo a su título, la propuesta se realiza para “proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernabilidad democrática y combatir la extendida corrupción pública, y para otros propósitos”.

El texto describe la situación en Venezuela en base a reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) junto a ONGs y medios de comunicación afines al Departamento de Estado.

“El deterioro de la gobernabilidad democrática y la crisis económica en Venezuela han llevado a una situación humanitaria sin precedentes”, afirma, adjudicando al gobierno encabezado por Nicolás Maduro toda la responsabilidad por el conflicto con la Asamblea Nacional, por los problemas de abastecimiento, y por las violentas protestas y las muertes ocurridas en manifestaciones.

“Los venezolanos están siendo heridos y asesinados por su propio Gobierno dado que el dictador Maduro y sus patrullas están utilizando la violencia para reprimir a manifestantes pacíficos”, expresa también, obviando todas las evidencias sobre la participación de grupos derechistas en la mayoría de los asesinatos.

En este contexto, plantea la necesidad de una articulación internacional para la asistencia humanitaria y un fondo de 10 millones de dólares para apoyar la asistencia, que en parte se destinará a organizaciones de la sociedad civil. Desde hace muchos años EE.UU. financia a ONG de este tipo desde la National Endowment for Democracy (NED).

Además, sostiene la necesidad de garantizar observación electoral y expresa el apoyo a las gestiones de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA); vuelve a acusar a funcionarios del gobierno de estar involucrados en narcotráfico e impulsa “sanciones contra personas responsables de corrupción pública y de socavar la gobernabilidad democrática”.

“And for other purposes”

La referencia en el título a los “otros propósitos” es por demás interesante. Allí, apenas (mal) disimulados en el medio o al fondo del proyecto, se encuentran los objetivos relevantes de la estrategia.

En ese rubro aparecen dos temas claves para la política exterior de EE.UU.: el Caribe y Rusia. Ambos involucran al petróleo, principal objeto de deseo en la geopolítica mundial y tema relevante para analizar cualquier conflicto que involucre a Venezuela. En este país caribeño y de América del Sur se encuentran las mayores reservas de crudo del planeta.

Sobre el Caribe, el proyecto plantea en su octavo punto la necesidad de desarrollar una política hacia los países de la región, quienes “a pesar de enfrentar sus propios desafíos, pueden jugar un rol significativo en la respuesta a la crisis humanitaria y política en Venezuela”. En el siglo XX, EE.UU. logró el control del Caribe, consolidando su posición contra los imperios rivales de Europa. En el siglo XXI, Venezuela impulsó Petrocaribe, una alianza energética -luego ampliada a otras esferas- con otros 16 países.

Petrocaribe significa petróleo a precio solidario para todas estas naciones y al mismo tiempo la posibilidad de que los países puedan ganar algo de autonomía, consolidando su integración. El proyecto de ley lo reconoce explícitamente. “La seguridad energética es el mayor desafío para los países del Caribe, que dependen en gran medida de la importación de petróleo a alto costo para la generación de electricidad, y muchos de los cuales se han beneficiado del tratamiento preferencial por parte de Venezuela”.

Hasta ahora, la mayoría de estos gobiernos han respaldando la posición soberana de Venezuela en la OEA y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo que los coloca en la primera línea de las presiones norteamericanas. Poco antes de la sesión de la OEA del 28 de marzo, el propio Marco Rubio amenazó públicamente a Haití, El Salvador y República Dominicana. Ninguno de esos países apoyó la estrategia norteamericana. Fracasado ese intento, pareciera que se necesitan zanahorias más efectivas: la propuesta es impulsar con fuerza una “Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe” basada en el apoyo a la “energía limpia”.

En el último artículo, punto 11, aparece Rusia. El título no podría ser más contundente y al mismo tiempo contrastante respecto a las altas preocupaciones (solidaridad, democracia, desarrollo, transparencia) que animan todos los puntos anteriores: “Preocupación por transacciones de PDVSA con Rosnet”.

Rosnet es la petrolera controlada por el Estado ruso y los senadores alertan sobre la posibilidad de que tome el control de CITGO. Esta última empresa es subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos y “controla infraestructura energética crítica en 19 estados de EE.UU., incluyendo una extensa red de tuberías, 48 terminales y tres refinerías, con una capacidad combinada de refinación de 749 mil barriles de crudo por día”.

Según esta información, los activos de CITGO PDVSA garantizan la devolución de préstamos realizados por Rosnet a la petrolera estatal venezolana. De acuerdo al proyecto, esto implica “un riesgo significativo a la seguridad nacional y a la seguridad energética de los Estados Unidos”.

Presionando sobre Trump

El proyecto de ley tiene la función de continuar alineando a Donald Trump con la agenda “estable” del Departamento de Estado.

En febrero de este año, apenas semanas después de su asunción como presidente, un grupo de congresistas de ambos partidos -entre los cuales se encontraban estos senadores- envío a Trump una carta con la hoja de ruta sobre Venezuela.

Esta orientación es la que pasó a predominar automáticamente, disipando todas las dudas que pudiera haber respecto a los enunciados de campaña.

En un contexto de relativo aislamiento de las protestas más violentas y una agenda política marcada por la convocatoria a Asamblea Constituyente, el proyecto de ley intenta consolidar una ofensiva urgente en el plano internacional. Y allí, cuando hay que justificar el por qué poner tiempo y dinero para intervenir en otros países, aunque sea en el fondo, aparecen las razones de verdadero peso.

* Artículo publicado en: https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/05/05/senado-eeuu-debate-estrategia-contra-venezuela-rusia/