El centro de la controversia es la provincia de Buenos Aires. El juez de Casación Víctor Violini y el defensor de Casación Mario Coriolano aceptaron el desafío de dar pistas para una discusión racional.

En la Argentina, la expresión conservadora de moda es “puerta giratoria”. Suponen quienes la usan que el problema criminal argentino consiste en que los reos salen en libertad cuando no les corresponde. Que los condenados debieran cumplir la condena completa, sin libertad condicional, aun en casos de buena conducta y de cumplimiento de los dos tercios de la condena. Que los reincidentes tienen que quedarse a la sombra de por vida. Asumen que trabando la puerta para que no gire más, la Argentina se convertirá en el país más apacible del mundo. Simplismos.

“Si las cárceles están sobrepasadas en un 60 por ciento, especialmente en la provincia de Buenos Aires, ¿adónde está la puerta giratoria?”, razonó ante la consulta periodística el juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense Víctor Violini. Ex fiscal del caso Bru, un estudiante desparecido durante el gobierno de Carlos Menem en 1993, Violini preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, la capital del enorme distrito de Buenos Aires. 

Violini recordó que la ley vigente en muchos artículos usa la palabra “podrá”. Ahí vale el criterio del juez o del fiscal. En el Código Procesal Penal bonaerense el “podrá” figura en los artículos 147, 148, 159, 160, 161, 162, 163 y 168. La cuestión se discute hoy en toda América Latina.

“A veces la decisión sale bien y a veces puede salir mal”, dijo Violini. Pero como nunca fue cuestionado sobre ese punto explicó por qué en su caso las cosas salieron bien. “Analizo los hechos y analizo bien los informes psicológicos, que rara vez se equivocan cuando establecen que alguien es peligroso para sí mismo o para terceros. Me fijo en el comportamiento en la cárcel. Si alguna vez se le encontraron facas o no. Para evaluar si alguien podría ser peligroso al recuperar la libertad tampoco es lo mismo el que hurtó que el que violó y mató.”
Mario Coriolano, defensor en el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que para racionalizar el debate hay que considerar la existencia de cuatro patas (víctima, delincuente, Estado y sociedad) y recomendó usar datos reales para lograr el objetivo principal, que a su juicio es “reducir la violencia, que incluye el delito”. 

“La demanda es poder salir a la calle y que no te maten ni te roben”, afirmó Coriolano. “Que las multinacionales no se lleven los capitales a paraísos fiscales. Que los funcionarios no se queden con dinero público. Por eso pensar en prevención sería un giro de 180 grados.” “La protección verdadera de la víctima es que no llegue a ser víctima”, dijo Violini.

¿Cuánto incide la policía? ¿Cuánto influyen sus mafias, muchas veces respaldadas por funcionarios políticos? 
Cuando el dirigente Alejandro Granados era secretario de Seguridad, a uno de los hijos de Violini le robaron en plaza Moreno, centro de La Plata, y lo trompearon hasta dejarlo inconsciente. Hizo la denuncia y luego le robaron una camioneta y comenzaron a desaparecer neumáticos de autos de familiares. A otro hijo le tiraron gas pimienta. “Averigüé que de 36 Toyota Hylux robadas, 34 habían sido sustraídas en el área de la comisaría cuarta de La Plata. Zona liberada.” 

Un día coincidió con Granados en un acto.

--¿Todo bien, doctor?  --preguntó Granados.
--Sí, todo bien  --respondió Violini.
--¿La familia?

Años después de ese episodio digno de El Padrino, Violini asegura no haber cambiado de idea sobre qué hacer. “Obviamente las autoridades políticas deben ser irreprochables, pero después de esa condición no pueden designar a un comisario del escalafón Intendencia que nunca bajó un gato ni un árbol. Tiene que tener calle para que Don Vigi (el policía que debe subordinarse) no lo pase por arriba. Y por supuesto debe ser honesto, no tener tachas en el resguardo de los derechos humanos, no haber incurrido en gatillo fácil ni haber entrado en negocios.”

“El problema es sistémico y no se puede mandar a más policías para que se revuelque en el mismo lavarropas descompuesto porque las aguas seguirán turbias”, coincidió Coriolano. También insistió en la prevención. “El 97 por ciento de las causas iniciadas en la Argentina no llega a sentencia”, informó. “Sobre unas 800 mil causas no más de 20 mil tienen veredicto, lo cual representa entre el 2,5 y el 3 por ciento.” ¿Hay que alarmarse? Coriolano dijo de manera tranquilizadora que los países que invierten mucho en Justicia igual no pasan del 4 o 5 por ciento de sentencias sobre el total de causas. Son Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, todos con altos índices de desarrollo humano y donde “a veces hay cárceles vacías que se convierten en hoteles”. 
Uno de los reclamos en danza en la Argentina es la asistencia a las víctimas. El asesor de la ONU está de acuerdo con potenciarla. “De esas 800 mil, ¿a quiénes ayudaremos? ¿Cómo vamos a ayudar a las víctimas si no tenemos voluntad política, no contamos con un diagnóstico y no asignamos correctamente los recursos humanos y materiales?”

“Uno ve chicos de seis o siete años en pleno invierno limpiando vidrios”, dijo Violini. “El Estado tiene que intervenir para evitar que esos chicos caigan en una situación de violencia social y familiar, y no lo hace.” Y mientras tanto, además, “en lugar de sacar a los chicos de la calle y darles de comer y ponerles profesores o maestras el Estado llena la provincia de gendarmes, federales o prefectos para, junto con los policías bonaerenses, terminen como la Selección, con cinco delanteros que se pisan sin saber para dónde ir”. Cada lugar es distinto. “En La Plata, por ejemplo, hay que controlar las entradas y salidas, porque sabemos que los autores de los hechos más violentos en ocasión de robo vienen del Conurbano. En Mar del Plata hay mayor violencia por el peso de las bandas dedicadas a la droga y la prostitución.”

En febrero de 2015 el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un documento de Coriolano en el que recomendaba seguir el ejemplo de las comunidades justas y seguras de Canadá o el plan municipal de Medellín basado en la mejora urbana, el desarrollo de programas culturales y bibliotecas públicas y acceso al deporte en barrios carenciados. 

Su principio es combatir la violencia social desde la preservación de los derechos civiles y políticos y también de los económicos sociales y culturales. Al mismo tiempo el texto aprobado por la ONU sugiere terminar con lo que llama “sobrecriminalización” de los más jóvenes y los más pobres, un blanco selecto y la mayoría de los 10 millones de presos que hay en el mundo.

“¿De verdad alguien piensa que la solución es que simplemente haya más presos, incluso sin condena?”, preguntó Violini. “Los funcionarios cada tanto acusan a los jueces. Pero los jueces no redactan las leyes. Y si las leyes se hicieran más rígidas, o si todos se pusieran de acuerdo en construir un Estado nazi, en algún momento otra vez no alcanzarían las cárceles y los políticos se fijarían cómo descomprimir la caldera.”

Y después de solidarizarse con los jueces de San Martín y con la gobernadora María Eugenia Vidal por las amenazas, concluyó: “No podemos seguir tirándonos piedras unos a otros. Busquemos una salida prudente, sin violar los derechos de ningún ciudadano y respetando el principio de asistencia a la víctima cuando no logramos evitar que haya alcanzado esa condición”.

Coriolano contó que en su experiencia los funcionarios canadienses “pueden estar más a la izquierda o a la derecha pero los que desembarcan en Justicia, Salud y Educación son gente capacitada y de trayectoria”.

“Con todo respeto por los kiosqueros, estamos en problemas cuando alguien llega al poder y pone a su kiosquero de confianza en Seguridad”, dijo Violini.