El milagro económico del paraíso neoliberal de Rajoy tendría como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario en España (más de 6 millones de personas), la desaparición del mito del puesto de trabajo vitalicio (tasa del 90% de contratación parcial) y progresiva pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer,dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la "tasa de dependencia" según el INE, crecerá en un 57%. Ello supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados , parados o estudiantes por cada persona activa lo que podría conllevar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021.

España, segundo país más desigual de la Unión Europea

Según el índice de Gini (indicador utilizado para medir si la distribución de ingresos o de gastos entre individuos u hogares de una economía se aleja o acerca a una distribución perfectamente equitativa), España sería el segundo país más desigual de la UE, sólo superado por Letonia. Así, la cruda realidad nos recuerda que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social, incluirá modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que sube a 450 € para los parados de larga duración que tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar y quedando descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra.

Pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas

Según el indicador adelantado del INE, el IPC habría aumentado 1 décima en Febrero respecto al mes de Enero con lo que la tasa interanual sería de 1´1 % pero la peligrosa subida del crudo hasta los 65 $ debido a factores geopolíticos hará que la inflación se acerque al 2 % para finales del 2.018, lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos españoles respecto a los de sus homólogos europeos con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial. Por otra parte,según la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se habría producido un descenso de los salarios medios del 0,8% en el 2016 respecto al año anterior, lo que agudizará la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora con la consiguiente contracción del consumo interno.

La rebelión de los pensionistas

Según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español , pero teniendo en cuenta que el IPC del 2017 escaló hasta el 1,2 % y que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social. En consecuencia, las organizaciones de jubilados y pensionistas apoyados por Unidos Podemos y los sindicatos UGT y CC.OO. habrían preparado un calendario de movilizaciones para exigir la equiparación de las pensiones al IPC anual así como el incremento de las pensiones mínimas hasta los 800 €, movimiento al que se habrían adherido el PSOE y Ciudadanos con el objetivo confeso de pescar votos en el enorme caladero que suponen jubilados y pensionistas (cerca de 9 millones de votantes).

Sin embargo, la estrategia electoral del PP se basará nuevamente el mantra de la recuperación económica edulcorada con sibilinas promesas de aumento del techo de gasto autonómico, subidas salariales a funcionarios y jubilados así como reducciones fiscales para intentar de nuevo ser la lista más votada en las próximas elecciones Generales del 2020. En consecuencia, para evitar el incremento de la sangría de votos de un PP lacerado por la metástasis de la corrupción, Montoro aprobará una paga única para jubilados en el 2017 equivalente a la pérdida real de poder adquisitivo ( 0,95 %) y un posterior Real Decreto que implementará la revisión automática de las pensiones según el IPC anual, hecho que supondrá la primera victoria popular sobre el Gobierno neoliberal del PP y que por mimetismo podría reditar las movilizaciones masivas del 15-M.