Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del trágico golpe eclesiástico-cívico-militar perpetrado contra el pueblo argentino hace 39 años. Esta columna se propone reflexionar a propósito de esta imborrable marca colectiva por, al menos, cuatro razones.

La primera es que en el curso de 2015 se definirá electoralmente la continuidad del proyecto político iniciado por Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Desde sus orígenes, una de las políticas públicas privilegiadas ha sido la de Memoria, Verdad y Justicia a propósito de los crímenes perpetrados por el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.  En esta disputa político-electoral el principal candidato de la oposición, Mauricio Macri, ha sido muy claro sobre su perspectiva sobre la cuestión.

Cuando le preguntaron en campaña electoral para alcalde de la Ciudad de Buenos Aires cuál fue su intendente preferido el entonces candidato (y actual intendente) contestó sin dudar, Osvaldo Cacciatore quién desempeñó su cargo entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de marzo de 1982. Es decir: su modelo fue nada menos que el interventor de la dictadura terrorista en la Ciudad de Buenos Aires. En sucesivas declaraciones fue mucho más cuidadoso y el discurso mutó de la reivindicación explícita de la dictadura a la exigencia de dejar de mirar el pasado para mirar el futuro. Es preciso advertir que Macri no asume en sus intervenciones el talante fascista del conservadurismo más recalcitrante, más bien se presenta en sociedad como un liberal modernizador. En cualquier caso, su triunfo electoral generaría un viraje sustancial en términos del tratamiento que el Estado Nacional fuera a otorgar a la memoria de la dictadura como política pública. Si esto fuese así, el 40° aniversario del golpe, en marzo de 2016, tendría unas características muy diferentes a este que cierra el tercer gobierno kirchnerista. Asumido este reconocimiento esencial a la voluntad política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no completaríamos el escenario si no hiciéramos dos imprescindibles agregados. Uno es que la brega incansable de los Organismos de Derechos Humanos y el Movimiento Popular en su conjunto no hubiese sido posible ni siquiera el 2003 en Argentina. Segundo, además de la resuelta intervención del Poder Ejecutivo se complementó con acciones convergentes del Poder Legislativo (como derogación y anulación de las leyes de impunidad) y del Poder Judicial (que enjuició a una significativa cantidad de represores, responsables y cómplices de la dictadura militar).

Segundo, y muy ligado a la anterior, es que muchas de las cuestiones abiertas por la dictadura está vigentes como tareas por resolver: la recuperación de los nietos apropiados, la sutura del neoliberal-conservadurismo impuesto a sangre y fuego, etc. Las posiciones de Macri nos revelan que, con una retórica aggiornada, aquél proyecto opresor e injusto tiene insignes continuadores. Más todavía, en los gobiernos posteriores a 1983 hay víctimas de la violencia institucional que se cuentan por centenares y miles.  Hay casos paradigmáticos- Walter Bulacio, Luciano Arruga o Julio López – que con historias y razones muy diferentes revelan las asignaturas pendientes de nuestras democracias. Por cierto, en el ciclo de gobiernos kirchneristas se hizo más que nunca para avanzar en este sentido, más la remoción de esta herencia requerirá más y mas profundos esfuerzos.

Una tercera razón por la que nos detenemos en esta temática es que la activa participación del Estado Nacional en el tópico de Memoria, Verdad y Justicia ha tenido una incidencia valiosa pero que debe profundizar en el sistema educativo formal. En efecto,  su tratamiento resulta parte de los contenidos transversales previstos en la LEN1,  que deben ser abordados en todas las  instituciones educativas, de cada nivel del sistema educativo, promoviendo así una verdadera pedagogía de la memoria. La decisión de trabajar en cada institución escolar el 24 de marzo como un momento de reflexión sobre nuestro pasado – pero también nuestro presente y nuestro porvenir- , la generación de material muy valioso sobre el tema en el marco del programa ministerial Educación y Memoria; la puesta en marcha de una formación de postítulo en 2014 sobre educación y derechos humanos (que es gratuita y en servicio para docentes) son algunas expresiones de una preocupación asumida por el Estado a través del Ministerio de Educación de la Nación.

Por cierto es mucho lo pendiente, aún no se han incorporado estos tópicos a la formación docente nacional, y sería necesario incorporarlas a los trayectos comunes y generales de formación docente para asegurar un abordaje adecuado como parte de contenidos transversales que defiende la propia Ley de Educación Nacional.

Aquí se han desplegado iniciativas estimuladas por el propio Estado como el Programa “La Escuela va a los Juicios”, que trabaja con docentes de escuelas secundarias la asistencia de jóvenes estudiantes al desarrollo del enjuiciamiento a ejecutores, responsables o cómplices de aquél terrible proceso histórico-político. Por cierto, resultan iniciativas que reclaman un grado de articulación mucho mayor con el Sistema Educativo pero valen como experiencias que van en la dirección correcta.

Hay, por otro lado, organizaciones de Derechos Humanos  que desde los años ochenta vienen desarrollando talleres y distintas instancias en el sistema educativo formal a propósito de  la dictadura que asoló nuestro país en la última parte de los setenta.  La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) promovió en todos los ámbitos de su acción iniciativas en este sentido, y sus sindicatos de base han constituido plataformas de intenso trabajo formativo, de difusión, de producción de propuestas orientadas al fortalecimiento de la memoria popular sobre esos hechos ominosos.

En cuarto lugar, traemos esta cuestión a propósito de dar fundamentos a una Pedagogía Nuestroamericana que esté a tono con la apuesta histórica de nuestros pueblos que luchan por la recreación de la Patria Grande y la concreción de la segunda emancipación continental – que debe ser política, económica, social, cultural y pedagógica.

El punto de partida de nuestro continente fue el genocidio de los pueblos que habitaban desde siglos previos y el de millones de hombres y mujeres secuestrados en barcos esclavistas provenientes del África. La violenta fusión de tres continentes constituye la trágica marca de nacimiento de Nuestra América. Sin aquél crimen originario que hizo parir al orden capitalista no hubiesen sido comprensibles y aceptables los que siguieron por todo el planeta aunque no con el mismo reconocimiento. Ni la masacre de armenios –que en este 2015 cumple un siglo; ni el holocausto de la segunda guerra ni los genocidios del siglo XX en la región pueden comprenderse al margen de esta historia de barro y sangre que caracterizó a un orden social e histórico que está en crisis y es cuestionado por su inhumanidad, su injusticia y su inviabilidad en el tiempo.

El estudio crítico de la historia de los crímenes estatales (en tanto expresión político-militar de las fracciones más concentradas y agresivas del capital)  contra las mayorías de nuestro planeta constituye una exigencia imperiosa para la formación de las jóvenes generaciones. Y en tal sentido la experiencia argentina expresa una aportación muy intensa a una pedagogía de la memoria.

Desde el repaso de las fuentes de la época y sus tópicos fundamentales a la toma de posición de crímenes que nunca más deben producirse en nuestras tierras, la construcción de esta educación resulta un requisito fundamental para la construcción de democracias sustantivas, protagónicas y participativas. Existen, desde luego, diversas fuentes, tópicos, métodos, recursos, didácticas para trabajar esa herencia y sus proyecciones actuales. Las injusticias del neoliberalismo se incorporaron en buena parte de nuestros países a través de esas dictaduras sangrientas.

Resulta importante saber qué decían los diarios cómplices de la dictadura, como se comportaron los movimientos sociales, qué se enseñaba en las universidades, cuál era la política económica y social, cuál era la cultura promovida por el régimen y analizar las consecuencias de ese proceso militar. El periodista Rodolfo Walsh comenzaba su Carta a la Junta Militar1 señalando que “El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. (…) Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.(…) Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”   

La lúcida denuncia de Rodolfo Walsh no sólo encarna un agudo análisis del sentido, el contenido, el método de aquél genocidio sino que permite comprender que, finalizado aquél gobierno dictatorial, los débiles regímenes constitucionales heredaron un pesado legado de injusticia en todos los planos de la vida social. De las amplias demandas reparadoras, la primera de ellas fue, y sigue siendo, la de juzgar los crímenes cometidos en nombre de la lucha antisubversiva y del orden occidental y cristiano que con que se intentó legitimar un régimen terrorista.

Aprender y enseñar de las dictaduras y genocidios constituye no sólo un imperativo ético-político, una imprescindible tarea pedagógica sino un requisito ineludible – político y educativo- para que las generaciones presentes y futuras comprendan y actúen frente a cualquier intento restaurador del terror como política pública al servicio del privilegio.

Mucho se avanzó en Argentina – en una experiencia que tiene para contar en Nuestra América y en el mundo- y la lucha electoral de este año desafía a las fuerzas populares a no retroceder en el ejercicio político, ético y pedagógico de la memoria.

1. El artículo 92 define una serie de contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones, y su inciso c) refiere concretamente al punto que estamos tratando.   Se establece así como tarea “El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
   de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633”
2. Esta carta fue escrita al año del golpe, y tras su envío por correo Rodolfo Walsh fue perseguido y herido, para luego ser secuestrado engrosando hoy la larga lista de militantes desaparecidos. El texto resulta una temprana y certera caracterización del criminal proceso político desplegado en nuestro país por las clases dominantes con el imprescindible apoyo del brazo represivo del Estado. Ver en www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/2334040