El lunes 11 de julio, en Asunción, el Tribunal dará la sentencia a once campesinos y campesinas enjuiciados tras la masacre de Curuguaty. Familiares, organizaciones campesinas y miembros de la Iglesia denuncian que el juicio es una farsa.

La fiscalía ha pedido penas de entre 5 y 40 años de cárcel por los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Los asesinatos ocurrieron durante la represión a la toma de tierras de Marina Kue, luego de que familias campesinas recuperaran un predio estatal usurpado por la empresa Campos del Morumbí, que se adjudica la familia Riquelme.

En los días siguientes, el episodio de violencia fue utilizado por la derecha paraguaya para dar el golpe institucional contra Fernando Lugo. En trámite exprés, en pocas horas, el Parlamento destituyó al presidente, responsabilizándolo por la masacre.

En el juicio sólo se investigó la muerte de los policías. La fiscalía solicitó 40 años de cárcel para Rubén Villalba por “homicidio doloso agravado, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal”. El fiscal Leonardi Guerrero pidió además 25 años para Luis Olmedo, 20 años para Arnaldo Quintana y para Néstor Castro Benítez y 5 años para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería Cáceres. Tres mujeres fueron acusadas de cómplices, además de “asociación criminal e invasión de inmueble ajeno”. Para María Fany Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero, el pedido del fiscal es de 8 años de prisión.

El tribunal es presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, e integrado también por los jueces Benito González y Samuel Silvero. La sentencia se transmitirá en vivo por el portal www.tvjusticia.gov.py, desde las 13hs de Asunción. Según informaron desde el sitio ip.gov.py, la Corte Suprema de Justicia instalará también una pantalla de video en la Plaza de la Justicia, frente a la sede donde se dictará el fallo. Dentro de la sala, sólo habrá 60 personas, pero afuera habrá miles que demandarán justicia para los campesinos y las campesinas: tierra y libertad.

La Justicia en el banquillo 

Desde hace más de una semana, cinco mujeres, entre ellas tres madres de los acusados, se encadenaron frente al Palacio de Justicia. Desde el lugar, Notas dialogó con Alicia Amarilla, de CONAMURI, organización de Mujeres Campesinas e Indígenas que se encuentra manifestando su solidaridad junto a la Federación Nacional Campesina y a otros sectores.

“Va a haber una movilización multitudinaria”, señaló Alicia. “Se están sumando muchísimos sectores porque la justicia actúa con tanta bajeza que ya es demasiado. Es una persecución abierta a la lucha campesina. Nuestra justicia es tan barata…”, expresó la vocera de CONAMURI.

La animosidad contra los campesinos es tan notoria que en pleno juicio, en enero de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reclamó a Paraguay “investigaciones imparciales e independientes” sobre los hechos.

Más recientemente, distintos miembros de la Iglesia Católica cuestionaron en duros términos al Poder Judicial. Por sus críticas, el obispo Mario Melanio Medina fue amenazado con una querella por el expresidente Federico Franco. Luego, en un documento firmado por los sacerdotes Bernardo Ríos, Celestino Ocampos y Oscar Martins salieron en defensa del obispo, señalando que “esta burda farsa de juicio que hemos presenciado ha producido en sus protagonistas impotencia y desamparo por el sufrimiento de tantos inocentes (presos y familiares)”.

“¿Qué nombre darle a una justicia que antes de comenzar el juicio ya dictó sentencia?”, agregaron. “La masacre de Curuguaty, antes del hecho, durante y hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada”.

“Este es un juicio político”, coincide Alicia Amarilla, quien no se muestra optimista por la sentencia. Y agrega: “Es una represión para todas las organizaciones, es un antecedente, para nosotros es muy claro eso. La raíz de todo esto es la concentración de la tierra y la lucha por la tierra”. “Es que la justicia nos dice a los sectores campesinos indígenas: ‘Si ustedes siguen luchando por la tierra, esto es lo que los espera’. Se viola todos los derechos humanos para sentenciar a estos compañeros, pero además están desalojando muchísimos asentamientos, tres la semana pasada. Hay amenazas de nuevos desalojos”, analiza la militante.

Consultada sobre qué pasará en caso de que el fallo sea desfavorable para los campesinos, Alicia considera que “lo más probable es que haya represión”. El domingo por la tarde, en los alrededores del Palacio de Justicia ya comenzaba a ejecutarse un fuerte operativo de seguridad.

La referente de la organización campesina de mujeres agrega que ante la situación de desigualdad en el acceso a la tierra y a la justicia, los movimientos seguirán “en la línea de la desobediencia civil, organizando la resistencia”. Y sostiene: “Pensamos que va a ser una lucha larga, con grandes campanas y acciones directas. El pueblo no se quedará quieto”.