La sensación es ampliamente compartida: con lo sucedido el miércoles en la capital cubana, el proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC para solucionar el conflicto armado vigente por más de cinco décadas, alcanzó un punto de irreversibilidad y parece encaminarse, después de casi tres años, a la tan ansiada resolución definitiva. 

La inédita visita del propio presidente Juan Manuel Santos a la mesa de negociación en La Habana y el simbólico encuentro cara a cara con el líder de la insurgencia Timochenko, fue una de las señales de que algo trascendente estaba ocurriendo. La otra, que a su vez justificaba la presencia del mandatario, fue la relevancia del anuncio: después de más de un año de discusión, las partes llegaron a un principio de acuerdo en el punto más espinoso de la agenda inicial referido a la justicia transicional, la cual establece el tipo de condena a los responsables y los diversos mecanismos de reparación a las miles de víctimas del conflicto armado.

Aun cuando falten detalles del acuerdo, lo trascendido permite sostener que las Farc han salido fortalecidas del mismo. En principio, debido al hecho de que la justicia pactada se aplicará tanto a los miembros de la guerrilla como a militares y a todo personal del Estado que haya participado directa o indirectamente del conflicto, lo que inhabilita las lecturas sobre una supuesta rendición de los insurrectos. Segundo, porque se creará un tribunal ad hoc especial para los juzgamientos, en cuya selección de los magistrados participará también la guerrilla. Tercero, y más general, porque todo el acuerdo está atravesado por una concepción de justicia restaurativa, que apunta a una reparación de los daños y a una búsqueda de la verdad antes que a un punitivismo puro y crudo.

El gobierno, por su parte, también obtuvo lo suyo. Lo más importante: logró que la dirigencia de las Farc, además de reconocer su responsabilidad, aceptara someterse a un proceso judicial con condena, algo que –hasta ahora- habían rechazado con intransigencia.  

Incuso con la certeza de que lo acordado no dejará a todos los sectores contentos, descartando los furibundos enemigos a una salida pactada del conflicto, el tono salomónico del nuevo acuerdo aparenta ser una resolución equilibrada a una tensión entre dos derechos que parecían difíciles de conciliar: el de las víctimas a ser resarcidas y el de los insurrectos a revelarse.  

El otro punto relevante que dejó la jornada del miércoles fue la fecha límite para la conclusión definitiva de los diálogos –fijada para el 23 de marzo-, algo que sin dudas ayudará a calmar las ansiedades y pondrá coto a las miradas pesimistas que criticaban una excesiva extensión de las conversaciones, pero que también agregará una gran cuota de presión que habrá que saber manejar. 

El nuevo acuerdo se suma a los otros tres ya alcanzados –referidos a la cuestión agraria, las drogas ilícitas y la participación política de la insurgencia- que, en suma, colocan al proceso de cara a su resolución definitiva como nunca antes en la historia.

Además de la predisposición de las partes, en el promisorio avance del proceso hay que destacar el acompañamiento de Cuba –cristalizado en Raúl Castro abrazando el apretón de manos entre Santos y Timochenko-, Venezuela y Ecuador, que se han comprometido desde un inicio con la causa y han evidenciado la importancia que tiene la región en los asuntos nacionales.

Lo que resta para Colombia en absoluto será sencillo. El principal desafío será empezar a materializar en el territorio todo lo acordado en la capital cubana. Para ello, sin dudas, será crucial propiciar el involucramiento real de la mayor cantidad de colombianos posibles, para que el fin del conflicto armado no sólo sea una cuestión de las partes involucradas de manera directa sino una causa de las mayorías.

Y otra cosa obvia: la tan mentada paz excede por mucho el silencio de los fusiles. La solución del conflicto armado será una bisagra para Colombia -es cierto- pero del otro lado, muy lejos del paraíso, aún aguardan innumerables deudas sociales que las mayorías populares esperan que pronto sean saldadas.