Pese al desconocimiento general sobre los entresijos de la justicia, esta compete a todos.

Es probable que al pasar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, menos del uno por ciento de los transeúntes conozca a cabalidad lo que se cocina ahí adentro. La población, al no haber recibido una instrucción profunda en educación cívica –la mayoría ni siquiera conoce el texto de la Constitución- carece de los elementos necesarios para analizar y reflexionar sobre la trascendencia de una elección de magistrados. Tampoco conoce el impacto que esas elecciones tienen para su vida, su futuro y la integridad del sistema democrático. Es decir, lo ignora todo.

Ignora, por ejemplo, que un evento aparentemente tan lejano y abstracto como una elección de integrantes a las Cortes sea capaz de afectar de manera decisiva su futuro personal, el de su familia y el de su país. Que depender de la decisión de instituciones dominadas por organizaciones vinculadas al crimen organizado –tales como los organismos ejecutivo y legislativo- es una de las más graves amenazas a los derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes internacionales. Se preguntará por qué… Muy sencillo: de las Cortes depende la idoneidad de los jueces que en algún momento de su vida, tomarán decisiones tan cercanas a usted, en resoluciones sobre violencia doméstica, violaciones sexuales, migración, protección de la niñez, pensiones alimenticias, divorcios o división de bienes mancomunados y mil y un asuntos de diferente magnitud. Es decir, prácticamente entran a su hogar y le afectan de manera directa.

Pero eso no es todo. De jueces y magistrados dependerá, en última instancia, la protección de la riqueza nacional y la posibilidad de conservar el régimen democrático. Unas Cortes sólidamente fincadas en la ética, la transparencia y la honestidad son el parapeto contra el cual se estrella la corrupción de los políticos de turno y la codicia del sector empresarial organizado. Para ello, los procesos de selección de candidatos deben ser públicos, abiertos, transparentes y al alcance de la lupa de una ciudadanía consciente y enterada de sus detalles.

En el proceso desarrollado actualmente para la elección de magistrados en Guatemala, por ejemplo, es fácil ver cómo el cáncer ha invadido todos los espacios y pudre desde adentro a las más importantes instituciones del Estado. Individuos vinculados al narcotráfico y, por ende, poseedores de un caudal incalculable de recursos económicos, compran el voto de legisladores, abogados y miembros de la academia en una especie de circo público, sin provocar la indispensable reacción de la ciudadanía para frenar semejante disparate.

Como en un espectáculo surrealista, desfilan por la pasarela ante las Cortes los delincuentes más connotados: aquellos cuyas acciones han destruido con precisión quirúrgica los restos del estado de Derecho y se han apoderado de una institucionalidad ya debilitada por décadas de abusos de poder. El sistema de administración de justicia es un recurso de inmenso valor para proteger los derechos de la ciudadanía. Entregarlo a las organizaciones criminales es un suicidio nacional y hay que detenerlo. La fila de personajes oscuros frente a las puertas de la Corte esperando conseguir el pase para obtener impunidad y poder sobre los destinos del país, no deja resquicio a la duda. Están ahí para transformar la ley en una herramienta de enriquecimiento ilícito, en una llave maestra para proteger a sus cómplices y a las más peligrosas organizaciones criminales del continente y para dejar claro que en Guatemala los poderes del Estado les pertenecen. Ahora ya sabe. De usted depende.

El sistema de administración de justicia es garante de la democracia.