La dictadura no puso por escrito todo su plan criminal, o al menos aún no fue hallado el texto, pero sí inscribió en la burocracia del Estado las herramientas creadas para dar forma oficial a las acciones encubiertas.

Página 12 tuvo acceso a documentación secreta hallada por la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería, que coordina María Teresa Piñero. Aunque la CMH aún no tiene una institucionalización definitiva dentro del organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores, un trámite que debería pasar por una definición previa y por la instrumentación en la Jefatura de Gabinete, cuenta con el paraguas del propio canciller Héctor Timerman y del secretario de Culto Guillermo Olivieri.

Algunos de los contratos estaban firmados por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, sin duda el integrante del gobierno con mayor nivel de contactos en el exterior por su pertenencia a la aristocracia argentina, por su experiencia como funcionario de gobiernos militares y por haber integrado el directorio de grandes empresas argentinas y extranjeras.

Martínez de Hoz, a cargo de la economía hasta 1981, murió el 16 de marzo de 2013 a los 87 años. El historiador Marcelo Rougier, uno de los especialistas en esa época, sostiene que la participación de los trabajadores en la renta pasó del 35 por ciento al 30, nada menos que cinco puntos de caída. También concluye que la economía se concentró. Resultaron fortalecidas empresas como Acindar, Techint y Aluar mientras desaparecían las pequeñas y medianas industrias.

El argumento público para que fuese Martínez de Hoz el firmante del pedido de campañas en el exterior se obtiene leyendo el artículo primero del contrato celebrado el 11 de enero de 1978. Dice: “La Sociedad Burson-Marsteller, en adelante la locadora, realizará en el exterior una labor de información, asesoramiento y difusión de la actividad económica argentina y de su desenvolvimiento, cuyos objetivos primordiales serán la promoción de las inversiones externas en la República Argentina, apoyo y promoción de las exportaciones y otras negociaciones económico-financieras”.

La cifra asciende a 848.000 dólares de entonces, que en los Estados Unidos son unos 3.943.200.

El primer decreto del presidente Jorge Rafael Videla es un decreto secreto del 17 de junio de 1976 con el número 960 y apunta a “contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de la Nación Argentina en el exterior”.

Para cumplir con el objetivo de “neutralizar la propaganda adversa” sería necesario recurrir a agencias de publicidad y relaciones públicas vinculadas con los medios de comunicación tanto masivos como relacionados “con sectores y grupos de poder de los más importantes países del mundo desde el punto de vista de su poder político, económico y financiero”. Todo debía mantenerse, según rezaba la norma textualmente, en “extricto secreto”.

El primer contrato aprobado por la Secretaría de Información Pública fue firmado con la empresa argentina Diálogo.

Al mismo tiempo la poderosa firma norteamericana de relaciones públicas Burson-Marsteller, con sede en la Tercera Avenida de Nueva York, elevó al secretario de Información Carlos Pablo Carpintero, un capitán de navío, un plan por 1.100.000 dólares de honorarios para desarrollar junto con Robert S. Benjamin and Associates en Japón, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, México, Colombia, Canadá y el Reino Unido.

A cifras actuales, en los Estados Unidos esa suma ascendería hoy a 5.115.051 millones de dólares.

El acuerdo lo firmaron el propio Robert S. Benjamin como presidente de Comunicaciones Interamericanas S.A., una filial para América latina y con sede en México de la empresa matriz, y el vicepresidente de Burson, James Cassidy.

Benjamín conocía bien la Argentina porque había sido ejecutivo de la filial local de J. Walter Thompson y la lista de clientes que presentó en 1976 iba desde British Airways hasta el Congreso Eucarístico Internacional por encargo del Arzobispado de Filadelfia.

En cuanto a Diálogo, se ocuparía de Brasil, Venezuela, España, Francia, Suiza, Alemania Occidental e Italia. Los responsables Horacio Alcides O’Donnell, Héctor Alejandro del Piano y Eugenio Javier Arismendi.

Para Burson el objetivo era pasar de la imagen de un país “de misterio” a un país estable, con rumbo. Uno de los documentos, por cierto con mucho olor a “explotemos al cliente”, sugiere explotar las ventajas de “una nación con mucho que ofrecer en términos de oportunidades comerciales, experiencia cultural y social, y un despliegue casi sin fin de maravillas naturales y construidas por el hombre”, además de “playas largas y limpias, escarpadas e imponentes montañas, entusiasmo, belleza, crecimiento”. Hay un problemita, claro: “Los asuntos del terrorismo y de los derechos humanos, el alegado antisemitismo y represión y el aislacionismo deben llamarse a reposo si la Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo”.

La herramienta sería trabajar sobre lo que Burson llama “auditorios flexibles”: “los que influencian el pensar” (prensa, funcionarios y educadores), “los que influencian las inversiones” (banqueros, empresarios y consultores) y “los que influencian los viajes” (desde agentes de viaje hasta escritores).

Debía ser clave el trabajo sobre las embajadas cuando aparecieran temas como “el terrorismo y los derechos humanos”. Para ello habría que articular las operaciones entre la sede de Washington de Burson, Burson Nueva York, la Secretaría de Información Pública y la embajada argentina en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos había que tener cuidado con la Subcomisión de Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, inquieta por los derechos humanos. Lo mismo en Canadá, el Reino Unido, Holanda y Bélgica, sobre todo ante la inminencia del Mundial 78 en Buenos Aires.

El primer informe de Burson incluyó una lista de periodistas permeables. Eran 21 en los Estados Unidos, nueve en México, once en el Reino Unido, cinco en Canadá y muchos otros en Europa.

Dice por ejemplo sobre Televisa de México: “Es un virtual monopolio (canales 2,4, 5 y 8) y el comentarista político principal es Jacobo Sablodowsky. Debe ser invitado a indudablemente querrá llevar a un operador de cámaras”. Se refería a Jacobo Zabludovsky, un periodista del establishment mexicano que fue influyente hasta su muerte, en julio de este año.

Informa sobre De Telegraaf de Holanda: “El mayor diario de Holanda con circulación diaria de más de medio millón. Políticamente conservador pero de nivel intelectual no muy exigente. Fácil de leer, cobertura normal de categoría mediana pero páginas financieras y comerciales bien consideradas”.

A cada invitado que llegase a la Argentina debía dársele un kit con materiales, folletos y “dos o tres de los últimos discursos del Presidente Videla, del ministro de Economía Martínez de Hoz y del Ministerio de Relaciones Exteriores Guzzetti”, y facilitársele encuentros, paseos, almuerzos, una velada en el Colón, una visita a una estancia, un viaje a Mar del Plata, otro a las Cataratas.

Cuando el viajero volviese habría “trabajo de seguimiento a cargo de Burson-Marsteller y de los funcionarios de prensa de embajada para complementar los esfuerzos de la Secretaría de Informaciones en Buenos Aires durante la gira y para asegurar el desarrollo de relatos favorables”.

Además de los periodistas económicos, “entre los escritores y publicaciones que han de ser blanco de esta actividad”, dice el informe con vocabulario tomado de los servicios de inteligencia, estarían Paul Steiner de Playboy y Bob Joseph de Esquire.

Todo esto se complementaría con viajes al exterior de “editores argentinos conocedores y cooperativos”.

Burson haría incluso trabajos sucios. Después de escuchar a un panelista en una reunión “un reportero de radio (papel desempeñado por un representante de la B-M) se dirige apresuradamente a él con un micrófono y solicita una entrevista ahí mismo”. El tema debía incluir las cuestiones “políticamente sensibles”.

Terrorismo

Uno de los documentos de B-M muestra un elemento interesante. Habla del “terrorismo de izquierda”, que sí es suprimido, y del “terrorismo de derecha” que no lo sería. Puede ser una herencia de la percepción sobre 1975 y la Triple A o también parte de un análisis compartido entonces por un arco que iba desde la Embajada de los Estados Unidos hasta el Partido Comunista, pasando por la derecha radical y la derecha del sindicalismo peronista. Algunos de ellos creían de verdad, contra toda evidencia y quizás por falta de vocación de hurgar en lo profundo, que había un ala “dura” y un ala “blanda” representada por Videla.

“Puede en realidad afirmarse que el terrorismo y la manera en que la Argentina lo elimina –especialmente la acusación de que el terrorismo del ala derecha no está sujeto a supresión– son los únicos problemas que están en la barrera entre el gobierno de Videla y la aprobación del mundo libre”, dice el texto.

“El gobierno argentino goza de un reservorio de buena voluntad en el mundo libre”, sostiene. “Sin embargo, el terrorismo, las acusaciones de represión y los ataques esporádicos de la llamada inmunidad de los grupos de derecha contra los refugiados, los sacerdotes y las instituciones judías están agotando este reservorio”.

El equipo encargado de la Argentina por Burson-Marsteller estaría formado de este modo:

- William P. Noonan, vicepresidente ejecutivo.

- Wayne Kurlinsky como supervisor general.

- Donald L. Jeka, vicepresidente de Burson-Marsteller en el área internacional.

- Harold Burson, presidente del Consejo de B-M.

- Elías Buchwald, vicepresidente del Consejo.

- James Cassidy, gerente general.

- Robert Leaf, presidente de Burson-Marsteller International con sede en Londres.

En los Estados Unidos y Canadá trabajarían también Ken Huszar, Leonar Shearer, Carl Levin, Steven G. Ellis, Robert S. Cronk, Anthony Hardingham, Scott Langdon.

El coordinador para América latina sería Carlos Manuel Acuña. Nacido en 1937 y fallecido en 2013, Acuña alternó su tarea como periodista del diario La Nación con el asesoramiento a los gobiernos de Juan Carlos Onganía y a la dictadura que comenzó en 1976.

Conexiones

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2012 que ni el Estado ni los funcionarios debían preservar el carácter de secreto de los documentos que pudieran ayudar a descubrir los crímenes de la dictadura y la maquinaria estatal utilizada para cometerlos o encubrirlos.

En octubre de 2014, cuando anunció la sistematización y la apertura al público de los documentos, el canciller Timerman dijo que “la Cancillería, creo, es el único ámbito del Estado donde se traían personas secuestradas a trabajar, de la ESMA”. Añadió que “no sólo muchos de los marinos de la ESMA pasaron a revistar en la Cancillería sino que en el Palacio San Martín, donde hoy funciona el jardín de infantes, era un centro de trabajo esclavo”.

“A gente que estaba desaparecida la traían todos los días y a la noche las llevaban a la ESMA”, narró. “También hay muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, que después entraron en la carrera diplomática. Y hay muchos funcionarios que se acaban de jubilar o se están por jubilar que eran jóvenes diplomáticos durante la dictadura. La Cancillería fue un puntal importante contra los que denunciaban a la dictadura. Tuvo el rol de defender en el extranjero el accionar de un Estado terrorista. Muchos embajadores informaban de las acciones que se hacían contra la dictadura. E informaban los nombres de quienes participaban”. 

Los documentos que publica hoy Página 12 se suman a otros que revelan la existencia de un verdadero aparato para intoxicar con elementos falsos al mundo, recolectar información e incluso secuestrar en el exterior.

Como ya saben los lectores, el decreto 1871 del 26 de julio de 1977 colocó dentro del organigrama de la Cancillería al Centro Piloto París, destinado a ser un nudo clave de la inteligencia y las operaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada en Europa.

Mientras Martínez de Hoz firmaba contratos con agencias de publicidad, de lobbying y de relaciones públicas la Armada otorgaba poderes especiales al director general de Prensa y Difusión de la Cancillería, de donde dependía el Centro Piloto París. Se trataba del capitán de fragata Roberto Pérez Froio, que murió en condiciones de detención domiciliaria en 2013 a los 89 años. El marino visitaba con frecuencia la Escuela de Mecánica de la Armada y coordinaba el trabajo de los cautivos sometidos a servidumbre.

El organismo aparece también como Centro de Operación París para Europa Occidental.

Tanto el Centro como las embajadas recibirían partidas especiales del presupuesto que podrían ser repuestas a medida que fueran utilizadas.

“Técnicamente no se trata de documentos secretos que fueron desclasificados”, dijo Piñero a este diario. “Dentro de la investigación para probar los vínculos entre la ESMA y la Cancillería de la dictadura busqué antecedentes de la designación de Pérez Froio en los archivos del Boletín Oficial. Cuando encontré la documentación correspondiente a Pérez Froio seguí investigando y hallé también otros decretos secretos relacionados con las campañas de acción psicológica encargadas por el gobierno militar en la Argentina, en los Estados Unidos y en Europa.”

El punto 9 de la “Directiva 1 de Difusión al Exterior”, en papel con el sello de “Secreto”, dice sobre las funciones del Centro París: “Enviar un informe sobre personalidades, organismos, centros y/o entidades favorables al cumplimiento de la misión”.

El punto 10 pide: “Enviar igual informe, pero acerca de condiciones desfavorables”.

La misión consistía en “disminuir gradualmente la virulencia de la campaña de desprestigio hacia nuestro país”.

Fuente: Página 12