En el Clarín de este Domingo hay una pequeña nota de Gustavo Sierra con el título de “Las maras desangran El Salvador”. (23 Agosto 2015, p. 32)  En ella se habla de la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano: según el autor en tres días “murieron 125 personas en los enfrentamientos entre los pandilleros y con la policía o el ejército.” La nota abunda en otros detalles: la fenomenal tasa de homicidios en El Salvador actual: 90 por cada 100.000 habitantes. A efectos comparativos digamos que según las cifras producidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2012 la tasa para Estados Unidos era de 4,8; 5,5 para Argentina; Brasil 21,8 y Honduras 66,5. En ese mismo año, la tasa para El Salvador era de 41.2, siempre sobre 100.000 habitantes. Es decir que una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó en menos de tres años y, especialmente, en los últimos meses.

Obviamente que hay muchos factores que explican este desgraciado resultado y no es este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en la nota de Sierra se mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la violenta irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de “mareros” que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y enviarlos directamente a El Salvador. Esto ya de por sí no es precisamente un gesto amistoso para con el país al cual se le remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave si previamente se “limpia” el prontuario de esos delincuentes de forma tal de imposibilitar que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador. Con sus antecedentes delictivos convenientemente purgados nada puede detenerlos, y los malhechores se convierten en gentes que regresan a su país de origen sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia. Una canallada, ni más ni menos.

¿Cómo interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que esto no pudo haber sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los “mareros”. Una política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia Casa Blanca. El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a gobiernos indeseables. Por eso, un gesto tan inmoral y delincuencial como ese, que se ha cobrado tantas vidas en El Salvador y que seguramente se cobrará muchas más en los próximos días. Indiferente ante las consecuencias de sus actos, Washington prosigue impertérrito dando lecciones de derechos humanos y democracia al resto del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del “golpe blando” en contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El autoproclamado “destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo que hace, en realidad, es exportar criminales.