Partamos de un hecho innegable: diversos mecanismos de integración regional autónoma han cumplido un rol relevante en la última década en América Latina. De todos ellos, Unasur ha sido probablemente el que más contundencia ha tenido en la defensa de procesos democráticos y constitucionales, actuando a tiempo ante embates internos y externos, en diversos países. Los ejemplos son claros: el papel de este organismo frente a los intentos de desestabilización en Bolivia (2008), Ecuador (2010), y también el año pasado en la propia Venezuela.

La importante reunión de este sábado en Quito, donde los cancilleres de UNASUR debatirán el alcance de las nuevas medidas adoptadas por Obama en torno al gobierno de Nicolás Maduro, tendrá un objetivo adicional: allí se preparará la reunión de presidentes del organismo -la semana próxima- donde los Jefes de Estado tomarán posición sobre el tema. Sin embargo, hay que destacar que el trabajo del Unasur en relación a la situación venezolana no es nuevo, como mencionábamos previamente: a mediados de 2014 fue conformada una comisión de cancilleres -Brasil, Ecuador y Colombia- que viajó numerosas veces a Caracas, para impulsar, en aquel entonces, el diálogo entre el gobierno y la oposición en medio de aquellas protestas -conocidas como “guarimbas”-. Incluso el último viaje de este grupo a Caracas fue nada menos que la semana pasada, cuando, tras reunirse con el gobierno y la MUD, se garantizó que en septiembre próximo habrá elecciones legislativas en el país -donde deberá dirimirse en las urnas, como debe ser, el futuro político del país-.

Aquella preocupación, expresada en palabras de Samper, también fue la expresión general de las cancillerías de la región

En una reciente conferencia de prensa, el Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, afirmó que la validación del decreto ejecutivo sancionado por Obama “establece una serie de facultades que pueden ir escalando”. Este comentario, en boca de la máxima autoridad del organismo, y quien sigue el día a día de las discusiones en relación al tema, no es menor: habla de que la decisión del 9 de marzo pasado puede tener sucesivas réplicas de acá en más, amplificándose a futuro, y agravando el escenario ya planteado. Aquella preocupación, expresada en palabras de Samper, también fue la expresión general de las cancillerías de la región -aunque hubo excepciones, claro, por acción u omisión, y también por presiones diplomáticas externas-. El alerta incluso llegó al ámbito de los BRICS: la cancillería rusa manifestó, en un comunicado, que observa “con preocupación el aumento de las tendencias negativas que desestabilizan a la República Bolivariana de Venezuela”, y que a su ver reafirma su “solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su gobierno, legalmente electo”; y la cancillería china, por su lado, también expresó un sentir similar al de su aliado a nivel geopolítico: fue su vocero, Hong Lei, quien manifestó que “como país importante en América Latina, los asuntos internos de Venezuela deben ser solucionados por su propio pueblo, por su propia voluntad”.

¿Podrá Unasur, en su próxima reunión en Quito, sacar un posicionamiento firme en cuanto a esta nueva decisión de Obama, visto y considerando los alcances que este decreto podría tener, tal como marca Samper? ¿Convocará Unasur a la CELAC, tal como pidió el canciller boliviano David Choquehuanca, para que las dos instancias más importantes de la región tomen una decisión conjunta en relación a este tema? ¿Podrá impactar este decreto de EEUU en relación a la realización y/o convocatoria de la próxima Cumbre de las Américas, prevista para abril próximo en Panamá, donde Cuba debería presentarse en aquel escenario por primera vez? Diversos interrogantes se abren, y deberán ser trabajados puntillosamente en el marco de la diplomacia y la política latinoamericana. No es para menos: se trata de uno de los posicionamientos más duros que el gobierno de EEUU ha efectuado contra los gobiernos de la región en los últimos años. El tema debe ser tratado, entonces, con la seriedad que amerita una decisión de esas características, justamente sobre un país que en el año en curso debe afrontar un proceso electoral decisivo para su futuro político.