Entre los efectos más graves de la pandemia y sus restricciones, está el limitado acceso a la educación y el consiguiente enclaustramiento de los segmentos infantil y juvenil de la sociedad. En los países menos desarrollados y en donde se observan grandes desigualdades, el tema de las políticas públicas para la educación ha sido manipulado, no solo desde la conveniencia política de mantener a la ciudadanía incapacitada para comprender, evaluar y participar de forma activa y consciente en los procesos de gobernanza, sino también para instalar un sistema laboral a beneficio del sector económico. Es decir, a menor educación, más mano de obra barata y dispuesta a aceptar condiciones mínimas de trabajo.

Quienes terminan siendo sacrificados –como chivos expiatorios- son las nuevas generaciones. Si la educación pública en la mayoría de nuestros países ha sido deficiente y cada vez más escasa, la pandemia ha venido a poner en evidencia la miserable infraestructura educativa y la pobreza de todo el sistema. Las condiciones de los establecimientos son de terror y, definitivamente, imposibles de utilizar en un ambiente de emergencia sanitaria. Muchas de las escuelas carecen de servicios tan básicos como agua potable y sanitarios decentes, por lo cual enviar a los niños a la escuela sería condenarlos, a propósito, a un contagio seguro.

Las opciones, sin embargo, tampoco son la panacea para ese enorme contingente de niñas, niños y adolescentes en proceso de recibir instrucción. Los gobiernos empiezan a proponer medidas como la educación a distancia, sin considerar que, para una fuerte mayoría de hogares, la tecnología es inalcanzable por vivir en situación de pobreza y no haber tenido nunca acceso a ella. Pero esta realidad no solo afecta a la niñez, tampoco es una solución válida para miles de madres, padres y maestros incapaces de ingresar a un campo de códigos virtuales totalmente nuevo y desconocido. Por lo tanto, las soluciones planteadas desde las cúpulas resultan únicamente factibles para un porcentaje minoritario de la gran población estudiantil.

Sumado a ello está el confinamiento de este segmento, para el cual el ejercicio, el entretenimiento y el contacto con sus pares ha sido limitado al extremo de provocar depresión, alteración de la conducta y, en algunos casos, hasta intentos de suicidio por vivir encerrados en ambiente de violencia doméstica. Los niños, niñas y adolescentes necesitan el juego y el contacto social como una de las actividades más importantes para su desarrollo. Privarlos de ese factor fundamental durante un tiempo prolongado tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos, con el agravante de provocar, como efecto colateral, una inevitable tensión en el seno del hogar.

Es imperativo poner la educación y los derechos inalienables de la niñez y la juventud en el centro del debate político y no subestimar el impacto que esto tendrá en la vida y el desarrollo de las naciones. Dado que es un sector históricamente marginado, cuyas demandas suelen ser acalladas por la fuerza y la represión, otorgarles un espacio de participación en la toma de decisiones podría representar un cambio positivo y necesario para encontrar alguna salida a la crisis actual. En países tan proclives a privilegiar los intereses del sector empresarial por encima de los intereses de la ciudadanía, los gobiernos se han sometido a la regla de “a menos educación, menos participación política” y, por lo tanto, menos peligro de perder cuotas de poder. Ya es hora de cambiar la polaridad política en la dirección correcta.

El confinamiento de niñas, niños y adolescentes es un grave problema social.