Apenas se estaba instalando la Asamblea Nacional  (AN) de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la presidencia del corrupto diputado cuartorrepublicano, Henry Ramos Allup, quien llegó a este recinto en una caravana de carros con placas diplomáticas de la Embajada de EEUU en Venezuela  (U.S. Embassy) y secundado por una pléyade de nuevos diputados electos en el megapartido de la derecha, MUD, entre cuyos miembros están asesinos de actos guarimberos, empresarios que compraron su puesto para  curules y políticos incursos en corrupción y demás tropelías, cuando en ese mismo  acto, olvidando la majestad del cargo y la institucionalidad que representa, en su discurso de instalación, el recién designado presidente del parlamento venezolano, cual Napoleón Bonaparte y con la fiereza sodomita del Cardenal Richelieu, arrancó rompiendo lanzas, amenazando y prometiendo el cambio de la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela  (CRBV: 2000), aprobada en diciembre de 1999 y hechura del Comandante Hugo Chávez,  además de asegurar “La Salida” del Presidente Nicolás Maduro, a más tardar, en seis  (6) meses, como máximo para ellos restaurar la IV República.

Respecto de la primera amenaza, siendo tan grave y lesiva a la nación, por representar la declaración abierta de un golpe de Estado parlamentario, los medios de comunicación guardaron un silencio cómplice o black out comunicacional, mientras el resto de instituciones, en aras de la tolerancia, la  paz social y suponiendo que ésta no era más que una bravuconada del fascioparlamentario, esperaron a que en el transcurso de los días y de los meses, este señor y su pléyade rectificaran y se encauzaran por la ruta democrática.      

Pues, no fue así. Desde la AN empezaron a  desconocer abiertamente la CRBV y al resto de instituciones, con una letanía de leyes aprobadas, contra el Pueblo y en amparo de los sectores plutocráticos, pretendiendo que, por la vía de los hechos, se impusiera un gobierno paralelo parlamentario, bajo el financiamiento, control y directrices directas del gobierno estadounidense.   

Eso trajo consigo el que ante una aprobación de leyes inconstitucionales y los desmanes que pretendían restaurar la IV  República y despojar al pueblo de las misiones, grandes misiones, programas sociales e inversión social,  atacando desde la AN  para generar un colapso y crisis política, sobre todo  quitando las viviendas a los pobres, eliminando las medidas alimentarias y suprimiendo la atención de la salud, entre otras tantas locuras, obligaron al Presidente Nicolás Maduro a recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de donde, evidentemente, se estableció la inconstitucionalidad y nulidad de todos esos actos que ponen al margen de la ley a la AN.

Ante este revés del golpismo parlamentario, el presidente de este poder, decidió junto con su mayoría parlamentaria enfrentar abiertamente a las instituciones y desconocer abiertamente toda norma, incorporando en su seno a tres ciudadanos que no son diputados, dadas unas irregularidades cometidas en las elecciones del pasado seis de diciembre del año dos mil quince  (06/12/2015) y aprobando a trocha y mocha un conjunto de leyes irritas,  ilegales e  inconstitucionales.    

Estos hechos, antes que preocupar el que aprueben leyes ilegales que no entrarán en vigencia nunca, ni merecen discusión, lo que hace es dejar al país sin una AN  que legisle y cumpla con sus funciones, en el marco constitucional y en democracia, alejada del golpismo parlamentario, lo que implica respetar al resto de los poderes constituidos, además de que se apliquen las sanciones correspondientes para quienes no han sabido entender que la “inmunidad parlamentaria” no significa “impunidad parlamentaria”, lo que, en definitiva, al no haber una Asamblea Nacional, regida en el marco de la CRBV y demás leyes, implica su  disolución, que ha de ser declarada por el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ), para que instruya al Poder Electoral a una convocatoria de elecciones y obligue al Ejecutivo Nacional a tomar las medidas de: amparo y protección de las instalaciones, bienes, mobiliarios en inmobiliarios de la Asamblea Nacional y; aplique las sanciones a las que haya lugar, porque los venezolanos, sabemos que todo delito, en el marco de las leyes, conlleva a una sanción, lo que significa que va desde sanciones al exdiputado Henry Ramos Allup y el  resto de la directiva y ex diputados que lo han secundado en su golpe parlamentario, como la disolución del megapartido MUD, por haber cometido fraude institucional, concierto para delinquir, agavillamiento, daño patrimonial y obstrucción de la justicia y traición a la Patria, entre otros graves delitos, en poco más de ocho meses, hasta la presente fecha. 

En cuanto a la amenaza contra el Presidente Nicolás Maduro, de aquella fecha hasta hoy, se ha materializado en un conjunto de hechos muy graves, por cuanto los exdiputados, bajo el mando del señor Henry Ramos Allup, han utilizado la institucionalidad de la AN para dedicarse a conspirar, crear crisis política, apoyar el boicot económico y legislar violando la CRBV, arrogándose  la facultad de megapoder y todo, con un único fin, abiertamente expresado por ellos: la salida del Presidente Nicolás Maduro. Pues, en ninguna parte del mundo, un poder constituido puede dedicar su accionar a derrocar a los otros poderes, con total impunidad, lo que significa que desde el día en que se instaló la AN, tanto el señor Ramos Allup, como la pléyade de exdiputados, al declarar que se propondrían la salida del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, se estaban autodisolviendo, pues ese no es el espíritu, ni la razón de ser de la Asamblea Nacional. Estamos, entonces, sin Asamblea Nacional.