Luego de dos años de debate con alto protagonismo popular, el miércoles 23 de diciembre el parlamento venezolano -aún con mayoría chavista- aprobó el proyecto de ley de semillas. La legislación es promovida por los movimientos populares y resistida por el agronegocio.

La aprobación de la ley se efectivizó entre el martes 22 y el miércoles 23, como parte de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.

El primer día se aprobaron los primeros 15 artículos y en la segunda jornada se completó la votación de los restantes. Ahora toca el turno de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, trámite que se da por hecho por cuanto Nicolás Maduro y el chavismo, en general, están de acuerdo.

Las organizaciones que promueven la Campaña por la ley de Semillas la definen como “consensuada, antitransgénica y antipatente”. El miércoles desde el mediodía comenzaron a celebrar dentro del recinto y también por las redes sociales.

El proyecto comenzó a elaborarse en octubre de 2013, con participación de movimientos campesinos, organizaciones ecologistas, agrupaciones políticas y sociales que forman parte del proceso revolucionario. Su objetivo es promover la producción de alimentos en el país bajo el concepto de la agroecología, prohibiendo los transgénicos y sacando a las corporaciones de un negocio potencial que mueve miles de millones de dólares en el mundo.

La sanción de la ley se relaciona con los artículos 127 y 305 de la Constitución Nacional. El 127 expresa que “el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Asimismo el artículo 305 plantea en su primera parte: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.

Es decir que la ley recoge el mandato constitucional en temas sensibles, como la prohibición de patentar los seres vivos. Su objeto es “preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla; así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de la misma, desde una visión agroecológica socialista, privilegiando la producción nacional de semillas”.

Reacciones desde el mundo empresarial

Esta política va a contramano de las impulsadas en la región en la última década, incluso en países considerados progresistas -Brasil, Argentina, Uruguay-, en relación a los neoliberales como México, Colombia, Perú, Chile. Mientras en todo el continente se impuso el modelo de las grandes corporaciones que controlan la semilla en el mundo: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, BASF, en Venezuela la Revolución Bolivariana está tomando pasos hacia un modelo ecosocialista, según lo establecido en al plataforma electoral primero de Chávez y luego, de Maduro: el Plan de la Patria 2013 – 2019.

La nueva norma recibió críticas de la oposición, que no la apoyó. Luego de la sesión, el diputado Iván Colmenares, del Estado Portuguesa, señaló que “esta Ley de Semillas es inviable por su marcado sesgo ideológico, carácter anti transgénico y tenor inconstitucional”. Colmenares la consideró “discriminadora del sector privado y de la población no alineada con el proceso. También es altamente contradictoria, porque defiende las semillas originarias, de las etnias y campesinas, pero sin propuestas tangibles para fomentar su producción”.

Esta postura expresa directamente la posición de la principal cámara de los empresarios del agro, Fedeagro. El presidente de la entidad, Antonio Pestana, al día siguiente de las elecciones parlamentarias del 6D exigió como “prioritario que se detenga la ley de semillas”.

El representante patronal había dicho que sería aprobada por personas que “de manera irracional, anteponen sus ideologías”. Y rápidamente mostró la suya: “Otro tema es la Comisión Nacional de Bioseguridad. Tenemos que permitir que nuestros investigadores hablen de los transgénicos; si ellos son malos para el consumo entonces Venezuela tiene que impedir que entren al país, pero si dicen que no son malos para el consumo ni el ambiente, tenemos que permitir que los agricultores venezolanos puedan optar por esa tecnología que tan buenos resultados ha dado en el exterior”.

Además, Fedeagro exige que se anule la ley de Tierras de 2001 -una de las “causas” que llevó a las empresas a impulsar el golpe de Estado contra Hugo Chávez de abril de 2002- y que se devuelvan los campos expropiados a los terratenientes.

Para la organizaciones populares, se trata de un paso muy importante en un trabajo colectivo y articulado que llevó años. Y se concreta en el marco de una disputa más general, entre dos proyectos que están llegando a un punto de máximo antagonismo. En este sentido, la oposición puede estar segura que si va contra las leyes de Tierras y de Semillas, como es previsible, encontrará a un pueblo decidido a defenderlas.

Fuente: Notas