El jueves 4 de agosto, argentinas y argentinos se volverán a manifestar  contra las políticas de Macri​, ​con un Ruidazo Nacional. ​Exigen la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la marcha atrás con el tarifazo.

Aranguren, ficha de la Shell

En un gobierno formado por representantes de las corporaciones económicas, el ministerio de Energía no podía ser la excepción: en este lugar Macri puso a Juan José Aranguren, alto funcionario y accionista de la compañía Shell.

​​Desde los primeros meses del año, el ministro dispuso un aumento de entre el 100 y el 1000% para las tarifas de los diferentes servicios públicos, que se encuentran privatizados. Esto provocó la reacción popular, que se expresa en numerosas movilizaciones desde hace semanas.

La Shell es una de las corporaciones más importantes del mundo, la segunda compañía petrolera y gasífera del mundo. En esta empresa controlada por capitales holandeses y británicos, el ahora ministro Aranguren no es un recién llegado: lleva casi 40 años a su servicio, dos tercios de su vida.

Fruto de una larga carrera iniciada en 1977, entre 2003 y 2015 fue presidente de la filial argentina y vicepresidente de Suministros para América Latina. En junio del año pasado renunció para ocuparse de influir en la política petrolera y gasífera del candidato Mauricio Macri. El 10 de diciembre asumió como ministro. Pocas semanas después, en enero de 2016, se anunciaban inminentes subas de tarifas de luz, gas, agua y transporte, que se concretaron durante  el primer semestre e impactan fuertemente en una economía familiar golpeada por los cuatro costados.

El gobierno nacional argumentó que los aumentos de los servicios se debieron a la quita de subsidios, para aliviar las arcas del Estado. Sin embargo, poco antes el gobierno promovió una devaluación superior al 35% y la quita de tributos a los sectores más concentrados de la economía. Todo esto benefició en particular grandes terratenientes, exportadores de granos y compañías mineras y perjudicó a la población en general, porque aumentaron los precios de los alimentos.

De modo que el plan global implica una redistribución de ingresos desde los sectores populares, que ven reducido el salario real a partir del aumento de precios y tarifas.

Mientras al pueblo le caía este ajuste, a la empresa Shell no le fue tan mal. Por un lado, porque el ministro también autorizó el aumento del precio de los combustibles. Pero además, porque le concedió el triunfo en la licitación para la importación de crudo barato para que las petroleras pudieran “recomponer el nivel de rentabilidad” y porque autorizó la compra de gas desde Chile a un valor muy superior a otras fuentes de energía. Casualmente, este volumen de gas en realidad es suministrado en última instancia por la Royal Dutch Shell, que le provee al país vecino y luego éste le vende a la Argentina.

El ministro Aranguren no sólo es un hombre de confianza que la Shell formó desde 1977. Con el tiempo también invirtió en la empresa: tiene acciones por 16 millones de dólares. Su designación y permanencia en el Ejecutivo es una muestra de la obscenidad con la que se revelan los vínculos entre las corporaciones extranjeras y el gobierno nacional, sin que los medios privados y las ONG -que se presentan como fiscales de la corrupción- se preocupen mucho por esta circunstancia.

Multisectoriales, presentaciones judiciales y #ChauAranguren

En este contexto, diferentes organizaciones populares se encuentran realizando una campaña llamada #ChauAranguren, mientras crecen las multisectoriales contra el tarifazo en diferentes regiones del país.

Los reclamos en la calle fueron acompañados de presentaciones judiciales y en varios casos, jueces de primera instancia e incluso tribunales de apelación declararon nulos los aumentos. Ante esta situación, el gobierno retrocedió parcialmente y puso como tope un 400% de incremento. Pero la lucha continúa, porque esa cifra es considerada inaceptable.

En la provincia de Buenos Aires, que concentra un 40% de la población del país, el jueves 28 de julio se realizó una audiencia pública en la ciudad de Mar del Plata, que fue considerada ilegítima por parte de organizaciones populares.

Previamente, un juzgado de primera instancia había suspendido la audiencia, ordenando al Estado la realización de cuatro encuentros en diferentes regiones y la obligación de informar al público, para promover su participación. De esta manera hacía lugar a la presentación de Manuel Bertoldi y Leandro Amoretti, dirigentes del movimiento Patria Grande. Pero el gobierno provincial apeló y un tribunal de segunda instancia le permitió la realización de la audiencia, que fue repudiada por una importante movilización fuera del lugar.

“El tarifazo que pretende impulsar el gobierno de los empresarios dejará a miles de familias en una peor situación económica que la que ya están atravesando. La resistencia de diversos sectores sociales está impulsando una creciente movilización del conjunto de de fuerzas del campo popular. Debemos seguir fortaleciendo la unidad y organización para frenar el ajuste que se pretende descargar sobre el pueblo argentino”, expresó Bertoldi desde el acto en Mar del Plata.

El dirigente, integrante de la secretaría operativa de ALBA Movimientos, consideró que “el pueblo de América latina y el Caribe tiene que estar claro respecto a los efectos que tienen estos gobiernos de ricos en nuestro bienestar, en la soberanía, en la justicia. Gobiernan para el 1%”, señaló. “El reclamo para que se vaya Aranguren simboliza que no queremos a este gobierno de CEOs, que toma decisiones contra el bolsillo del pueblo”.

Por último, informó que el jueves 4 de agosto se realizará en todo el país el segundo Ruidazo, una protesta simultánea mediante la que el pueblo argentino volverá a manifestar su descontento, presionando al gobierno de Macri para que de marcha atrás y de paso, también eche al delegado de la Shell en el gabinete.