El pasado 11 de septiembre más de medio millón de personas salieron a las calles de Barcelona para reivindicar la independencia de Cataluña de España. En los últimos cuatro años, en cada Diada Nacional de Catalunya se ha repetido esta multitudinaria manifestación. Pero este año es diferente: la manifestación ha coincidido con el inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas catalanas que pueden llegar a desembocar en la independencia de Catalunya.

El auge del sentimiento independentista en Catalunya se ha acelerado enormemente durante los últimos años: en el 2005 un 15% de los catalanes quería un Estado Independiente, en 2015 es más de un 45% según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña. Diferentes motivos explican este auge nacionalista, entre los cuales destacan la reactiva actitud del gobierno central español, la aguda crisis económica de los últimos años, la evolución del propio movimiento independentista y el cambio de partidos políticos catalanes como Convergencia y Unió y especialmente de su líder, el actual presidente de Catalunya Artur Mas.

En 2006 Catalunya aprobó la reforma de su Estatuto de Autonomía (una casi-constitución regional) pero en 2010 sufrió recortes substanciales por el Tribunal Constitucional español a demanda de los principales partidos estatales (Partido Socialista Obrero Español -PSOE- y Partido Popular -PP-). En Catalunya, esto hecho fue interpretado por diferentes actores como el final de la vía reformista para ampliar la autonomía de Catalunya dentro de una España Federal y empezó a tomar fuerza el movimiento independentista. Aunque con raíces históricas profundas, el movimiento independentista había tenido una aceptación minoritaria desde el retorno de la democracia española en 1978. Posteriormente, diferentes leyes impulsadas por el Partido Popular en el terreno de la educación y al respeto a las diferencias lingüísticas (en Catalunya hay dos lenguas cooficiales: el catalán y el español) agravaron el sentimiento de que el estado español no respetaba las diferencias históricas y culturales de Catalunya.

Por otro lado, la crisis internacional iniciada en 2007 en EEUU golpeó muy duro la economía española, y también la catalana, debido a que ambas habían basado su crecimiento durante las últimas décadas en el sector inmobiliario. El aumento del paro, la pobreza y los recortes en los servicios de bienestar llegaron también a afectar a sectores de clase media que veían como su calidad de vida disminuía y sus hijos tenían que emigrar en busca de un futuro mejor. Esta situación de descontento se expresó fuertemente en mayo del 2011 con la eclosión del movimiento del 15M o movimiento de los indignados. En Catalunya, el ciclo de protesta del 15M corrió en paralelo al auge del movimiento independentista como forma de canalizar el malestar y buscar una salida ilusionante de futuro fuera del estado español.

El actual presidente de Catalunya y su partido, atrapado entre tener que aplicar recortes impopulares, hacer frente a casos de corrupción internos al partido y un movimiento independentista emergente, decidió emprender progresivamente el camino de la independencia, que suponía una perspectiva mucho más ilusionante que la de aplicar medidas de austeridad impopulares. Primero intentó un nuevo pacto fiscal con el estado español, pero la negativa del gobierno central y una nueva masiva manifestación en 11 de septiembre de 2012 en Barcelona apuntaló el giro político hacia el independentismo. Así, el presidente catalán emprendió un nuevo proceso de negociación con el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para poder realizar un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Este camino fue bloqueado nuevamente por el PP y el PSOE como unos años antes bloquearon también una petición similar por parte del gobierno autonómico del País Vasco. Las vías de negociación para una solución negociada al conflicto catalán se cerraban y la vía hacia una declaración unilateral de independencia iba tomando forma.

Como respuesta a la negativa del gobierno estatal, la sociedad civil catalana, con apoyo del gobierno catalán, organizó una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 sobre el futuro político del país. El resultado de la consulta fue que 2,3 millones de catalanes (el 33% de censo) votaron en 80% que querían la independencia. Obviamente los que se movilizaron más fueron los independentistas. El siguiente paso en la hoja de ruta independentista ha sido utilizar las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre de 2015 como una forma democrática y legítima de consultar sobre la independencia. Para ello, Artur Mas promovió una nueva coalición electoral llamada Junts pel Si (Juntos por el Si) que integra los partidos independentistas mayoritarios (Convergencia y Esquerra Republicana) junto con miembros de las principales asociaciones independentistas (Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural). Queda fuera de esta coalición las Candidaturas de Unidad Popular -CUP-, un partido independentista minoritario con ideología socialista.

En medio de todo esto, emergen con fuerza dos actores políticos: Podemos y Ciudadanos. El primero como una expresión política del movimiento del 15M y el segundo como una opción reformadora más moderada impulsada por las élites económicas y mediáticas. Podemos está a favor de la reforma de la Constitución Española y la posibilidad de la realización de un referéndum sobre la independencia de Catalunya, mientras que Ciudadanos defensa el statu quo territorial. En este incierto panorama, las últimas encuestas del centro de Investigaciones Sociológicas dan por vencedoras las fuerzas independentistas (Junts pel Si y las CUP) con mayoría de escaños pero no de votos. Después de Junts pel Si, le siguen Ciudadanos y Podemos. En este escenario, el programa de Junts pel Si declara que si existe una mayoría de escaños, se iniciará irreversiblemente el proceso de independencia con la celebración, en menos de 18 meses, de unas nuevas elecciones constituyentes.

Muchos interrogantes se abren ante las próximas elecciones en Catalunya: ¿Una mayoría de escaños de fuerzas tan diferentes es suficientemente sólida para iniciar un proceso de esta magnitud? ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea? El gobierno del Partido Popular no parece que se vaya mover ficha, pero las encuestas para las elecciones estatales en España del próximo noviembre indican un Partido Popular en declive y Podemos y Ciudadanos en auge. ¿Serán en realidad las próximas elecciones estatales la última oportunidad para una solución negociada entre España y Catalunya?