El nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), es más inclusivo y legalmente más fuerte, afirmó Enrique Santiago Romero, uno de los abogados del grupo insurgente en una entrevista exclusiva a teleSUR inglés.

"Las FARC-EP han aceptado todas las propuestas que enriquecen el acuerdo, aclarando malentendidos y erradicando interpretaciones erróneas", explicó Romero.

Romero es experto en derechos humanos y ha trabajado por más de 25 años con organizaciones colombianas que trabajan en el área, así como con refugiados y aquellos que se han visto forzados a exiliarse, se ha convertido en una figura prominente del proceso de paz y el asesor legal de las FARC-EP.

Ha sido asesor de las delegaciones que negociaron los dos últimos acuerdos de paz, ayudando a establecer marcos legales para gran variedad de asuntos, en los que se incluye la reparación a las víctimas así como la participación política de los miembros de las FARC-EP en el periodo post-conflicto.

En la luz del acuerdo de paz más reciente, desde un punto de vista legal Romero ha dicho que es más preciso que el anterior, aunque admitió que las FARC-EP se han visto forzadas a aceptar un conjunto de cosas con las que no están un cien por ciento de acuerdo.

Romero indicó que la delegación de las FARC-EP en La Habana comprendió la necesidad de este sacrificio al reconocer que sería el último de los "muchos que habrían tenido que hacer a lo largo del proceso de paz".

El nuevo acuerdo de paz incluye cerca de un 70 por ciento de las propuestas de las campaña del "No", pero también incluye "escudos legales" que certifican su implementación. La Jurisdicción Especial para la Paz es un cuerpo creado para poner en marcha el acuerdo y este vigilará su implementación.

"Si alguno quiere retirarse sin afectar alguna de las resoluciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, estará protegido y ninguna otra jurisdicción tendrá poder sobre este", agregó Romero.

Las FARC-EP han anunciado planes para entregar las tierras bajo su control y otros bienes para financiar actividades a fin de compensar a las víctimas, y ahora el nuevo acuerdo hace su promesa legalmente vinculante.

Finalmente, el nuevo acuerdo también hace obligatorio que los próximos tres gobiernos de Colombia deban acatar los acuerdos.

El tratado también establece que el tiempo de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz sea de 10 años y de dos años para presentar solicitudes de investigaciones a quienes hayan admitido crímenes.

"Ellos (las FARC-EP) saben que políticamente no valía la pena, pero que era esencial para alcanzar un nuevo acuerdo, lo cual no es ciertamente mejor que el anterior, como están diciendo algunas personas", acotó Romero.

"Lo que quieren lograr con estas incorporaciones es que sea más inclusivo, de forma tal que más colombianos pueden identificarse con el acuerdo y hacerlo suyo".

Ambas partes todavía deben acordar cómo será la implementación del mismo, pero los analistas esperan que sea votado en el Congreso e iniciado oficialmente el 29 de agosto.

El conflicto interno colombiano de 52 años ha cobrado más de 260 mil vidas y ha victimizado al menos a 8 millones de colombianas y colombianos.