Guatemala, ¿de cuál calamidad habla?
En Guatemala diversos sectores de la población han expresado su rechazo por la inacción del Gobierno ante varias problemáticas.
En 57 años de vida, María Domínguez no recuerda un solo día en que no se haya acostado con hambre. El Estado de calamidad señorea sin decreto y a pesar de su empeño, se repite cada día desde el amanecer.
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De ese mismo mal, han muerto dos de sus diez hijos, nacidos en el Corredor Seco de Guatemala. “No recuerdo ninguna etapa de mi vida en la que no me rugieron las tripas. Un día comía y tres no. Ahora sigue siendo lo mismo, solo que al menos conocemos las causas de la muerte de nuestros niños: la diarrea, la neumonía, la falta de vitaminas… la desnutrición”.
En la aldea de El Guayabo, en Jocotán, la mayoría son descendientes de la etnia Chortís, uno de los pueblos más antiguos dentro de la familia Maya-quiché.
“Nuestras condiciones eran peores que las de los animales, pero al menos pudimos sobrevivir. No me avergüenzo de haber buscado trabajo, de arar como una mula. Yo solita saqué adelante a ocho chiquillos”. Una viuda joven que cargó con sus hijos a la costa, cuando solo la caña de azúcar, les podía dar algún trabajo que cobrar.
María Domínguez ya tiene nietos. Ahora se encarga de cuidarlos y prepararles la comida, cuando hay. En el infinito ciclo del hambre, María agradece a sus santos por su menú diario, las tortillas de maíz.
El destino
Cualquiera de estos municipios del Corredor Seco puede reflejar el “destino”: eso de vivir al límite de la extrema pobreza. Según el Censo de Población de 2018, Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes. Hoy declaran 16 millones, en 2021.
Las estadísticas del censo reflejan que unos 6.5 millones (43,75 por ciento) se identificaron como indígenas. Corresponden a los pueblos Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes, un 75 por ciento de indígenas afectados por la pobreza y el 58 por ciento de dañados por la desnutrición crónica, refieren.
Para conocimiento del pueblo de María Domínguez, la mayoría de Ch’orti’ o Chorti, viven en Guatemala. Etnia descendiente de los ancestros Copan Kalel del Reino de Payaquí y Copán, Guatemala/ Honduras.
O sea que cubren el oriente de Guatemala, principalmente en los municipios de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita, Olopa, Quezaltepeque en el departamento de Chiquimula y La Unión.
En el departamento de Zacapa se extiende a los hermanos países de El Salvador y Honduras. Una comunidad tradicionalmente relegada y expropiada, por lo que el año 2007, inician un proceso comunitario por la recuperación de tierras comunales de los Ch’orti’.
Es un asunto de larga historia. Una investigación llevó a la comunidad a conocer como los Ch’orti’s fueron expropiados, desde que la colonia española se afincó como el Estado Guatemalteco y los llevó a batallar por sus tierras.
Obtuvieron la documentación en Archivos General de Centroamérica, Registro General de la Propiedad y Archivos de la iglesia Católica, relacionados al título comunal.
La Coordinadora de Comunidades y Asociaciones por el Desarrollo Integral del Pueblo Ch’orti’ (Comundich) inicia en el 2004 el empoderamiento de los Consejos y Juntas Comunales. Junto a ello, el reconocimiento de la identidad, la espiritualidad, y el territorio ancestral.
La lucha se expande a Honduras y El Salvador. Mantienen el litigio de 100 caballerías para el mancomunado de Guayabo con 12 pequeñas comunidades. Así supieron que existían títulos históricos a favor de las comunidades Ch’orti’, que datan de 1672.
Es el retorno a las tierras mayas. Las comunidades reconocen las tierras privadas que la colonia robó para su beneficio. “Las comunidades de Morola, Tachoche y Tizamarté ya recuperaron sus tierras gracias a la lucha del pueblo Ch’orti’, ante la Corte de Constitucionalidad para que emitiera dos resoluciones donde se cancelan 19 fincas por ser nulas o ilegales”, refiere el investigador Avexnim Cojti.
Es una lucha ardua y prolongada, al costo de la persecución y la muerte. El 6 de junio del 2013, por la lucha de restitución de tierras asesinaron a tres campesinos líderes de Corozal Arriba, el día en que estaban finalizando el acuerdo de restitución de derecho a tierras.
El sistema de justicia no persigue a los asesinos de estos tres comunitarios, pero criminaliza a la comunidad por la muerte de un perpetrador y asesino de estos tres campesinos.
Seis personas, entre ellos el alcalde indígena José Méndez, y Melvin Álvarez, del consejo de tierras de la comunidad Corozal Arriba, La Unión, están encarceladas.
Acusados -por la defensa del territorio desde hace diez meses- por la supuesta dueña de la finca ilegal. “Los hombres de la comunidad, prácticamente no pueden salir del área, porque los encarcelan. Toda la comunidad está ligada a proceso”.
La representante legal de Comudinch y alcaldesa indígena, Elodia Castillo Vásquez, ganó a finales del 2017 el premio Alicia Zachman, como reconocimiento de su trayectoria en derechos humanos.
El 23 de febrero, el Pueblo Ch’orti’ celebra el año nuevo maya y con este cambio de ciclo, entregan públicamente los títulos de tierra comunal a los pobladores de la comunidad del Guayabo, Camotán. “Desde nuestro pensar y caminar seguimos luchando por justicia, tierra y libertad, esta tierra es nuestra”, afirman.
Es la lucha de todos
“Hasta que caigan”, denuncian las protestas convocadas por organizaciones indígenas. Al bloqueo de caminos vecinales a nivel nacional, se suman los estudiantes, colectivos sociales y otros cientos protestaron en la capital. Es la resistencia ante el agravamiento de la situación nacional.
Miles de campesinos guatemaltecos continúan una serie de movilizaciones y bloqueos de carreteras. Como parte del paro convocado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) demandan la instalación de un Gobierno de transición y Asamblea Constituyente que cambie la actual Carta Magna.
El descontento tiene un precedente reciente en la historia, cuando en 2015 la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pidió el desafuero del entonces jefe de Estado, Otto Pérez Molina.
La medida fue respaldada masivamente, ante los graves actos de corrupción. La sociedad guatemalteca se volcó a las calles para exigir la renuncia y el procesamiento del presidente. Tanto este como la vicepresidenta Roxana Baldetti terminaron en la cárcel.
El interino también fue acusado, aún a su paso breve en el poder. Jimmy Morales, a pesar de las intensas movilizaciones sociales que trataron de impedirlo, logró con artimañas la impunidad.
En plena crisis de la Covid-19, el presidente Alejandro Giammattei –electo el 14 de enero de 2020- decidió recortar el gasto de educación y salud del año. Mientras tanto, los sectores más desfavorecidos enfrentaban las consecuencias de los huracanes Eta e Iota, que provocaron inundaciones y destrucción en Guatemala.
Igualmente se reavivaron las protestas, luego del despido del fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Los protagonistas también eran los indígenas y campesinos, organizaciones civiles, la Iglesia católica y ciudadanos de clases medias urbanas.
“Este abuso de su cargo viola el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y atenta contra la independencia fiscal, sentando un antecedente peligroso, ese que abre la posibilidad para remover fiscales, sin agotar los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley”, expresa un comunicado.
Días atrás, cientos de soldados retirados bloquearon unas 15 rutas en diferentes regiones de Guatemala para exigir un resarcimiento por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996). Ese conflicto dejó miles de muertos, principalmente, a manos de las fuerzas estatales.
"No venimos a pedir nada regalado, ni venimos a pedir limosna. Nosotros lo que estamos pidiendo ya lo tenemos ganado con nuestro esfuerzo, sacrificio, lucha, desvelo, cansancio, fatiga y hambre", dijo uno de los militares que bloquearon el paso en el poblado indígena de Salcajá.
Unos 200.000 muertos y desaparecidos aún son el dolor latente para el pueblo guatemalteco, fueron víctimas de un conflicto armado que duró 36 años. La mayoría de las masacres y violaciones a los derechos humanos de población civil se atribuyen a las fuerzas de seguridad del Estado y al Ejército, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Calamidad
"Las vacunas van en el brazo, no en los bolsillos", señalaba un cartel frente al Palacio Nacional.
"El Gobierno ha sido muy poco transparente con el uso del dinero. Hay una incompetencia total sobre la administración pública", denuncia el dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la única Universidad pública del país, la de San Carlos (USAC), Jorge Búcaro.
Los números reflejan mala gestión y sospechas de corrupción. Desde febrero, han llegado a Guatemala 658.200 dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus: 205.000 provenientes de donaciones de Israel (Moderna) e India (Covishield); 50.000 (Sputnik V) en compra a Rusia y 403.200 (AztraZeneca) del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En marzo de 2020 se registró el primer caso de Covid-19 en Guatemala. Entonces, Giammattei implementó el Estado de calamidad hasta octubre.
Al día de hoy, con más de 5.000 casos cada 24 horas, el 90 por ciento de los 340 municipios de la nación están en alerta roja, dado el aumento creciente de contagios por Covid-19.
El Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt mantienen una situación crítica por falta de espacio, de recursos y los enfermos, aún siguen tirados en el piso por falta de camas, situación reseñada por medios de prensa locales.
Solo hay 2.511 camas disponibles en la red pública hospitalaria para atender a pacientes con Covid-19. Tampoco llegaron los cinco hospitales de campaña, con 1.250 camas que el presidente prometió comprar en España.
Sobre el tema, los obispos de Guatemala han vuelto a alzar la voz. “Es alarmante el nivel de agotamiento de los profesionales sanitarios ya que el número de infectados ha aumentado considerablemente. Los enfermos son de distintas edades y nos preocupa la nueva variante del virus, más agresiva y contagiosa”, explica el comunicado enviado a la Agencia Fides.
Sobre las recientes protestas sociales, impulsadas desde distintos sectores, opinan que “para nosotros los obispos, con la conciencia que nace de nuestra responsabilidad pastoral y civil, lo que está sucediendo ahora es motivo de gran preocupación. Es el signo evidente de una viva insatisfacción de la gente, de su descontento, de su frustración y de la sensación de sentirse, una vez más, decepcionados”.
El médico y parte del Bloque Organizado de Medicina Néstor Ortiz, Adrián Chávez, dijo que refleja el colapso del sistema nacional de salud a nivel general, del fracaso de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la flexibilización, el incumplimiento de las disposiciones y la frustración en la implementación del Plan Nacional de Vacunación.
Giammattei es el principal responsable de la crisis sanitaria -precisa el doctor Chávez- “por hacer caso omiso a cualquier recomendación técnica y seguir anteponiendo intereses particulares, al bien público”.
Las vacunas llegan a cuentagotas y, de momento, en un país de 16 millones de personas, solo se han vacunado poco más del 25 por ciento, según estadísticas oficiales.
El hambre
La mayoría de los pequeños agricultores han perdido entre el 75 por ciento y el 100 por ciento de los cultivos. La sequía causada por el fenómeno climatológico “El Niño”- durante los últimos cuatro años- , así como los males ocasionados por la roya del café, mermaron la producción agrícola, fuente de alimentos e ingresos de las familias a lo largo del Corredor Seco guatemalteco.
Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizado en Guatemala, más del 50 por ciento de la población es de ascendencia indígena.
Acerca de la situación que padecen los pueblos originarios, Narciso Nicolás Cua Bulux, manifiesta que el Estado de Guatemala es responsable de toda la situación, también la económica.
Lo sabe bien el Maya K’iche’ de Totonicapán, porque fue miembro de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y acompaña al Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas, Xincas y Garífunas.
El 75 por ciento se dedica a la economía informal. Trabajan en lo que se pueda, en lo artesanal o como mano de obra barata. Tampoco tienen mucho donde cultivar, aunque dependen de la agricultura familiar. Algunos alquilan parcelas, guatales o trabajaderos y si el cultivo no prende, la desgracia es doble.
En el oriente de Guatemala solo dependen de la lluvia, por eso la época de invierno, para quienes no tienen sistema de riego, que es mayoría, sus días se convierten en una larga espera mirando al cielo.
“El más reciente Informe de Desarrollo Humano resalta que el 92 por ciento de los productores agrícolas ocupan el 21.9 por ciento de la superficie de las fincas censales del país; mientras que el 65 por ciento de la superficie agrícola estaba en manos de 1.9 por ciento de los productores”, señala la periodista comunitaria, de origen maya Kaqchikel, Norma Sancir.
No esperan nada de nadie. Los pueblos indígenas mantienen su propio sistema de salud “con tratamientos naturales, ya que el Estado no les garantiza medicina”, precisa Nicolás Cua.
En Guatemala la desnutrición es común. Todavía no se sabe bien cómo el Ministerio de Salud Pública comprueba científicamente la baja talla del 46.5 por ciento de menores de 5 años de edad en los pueblos indígenas, porque tendrían que medirlos de uno en uno.
Pero lo dijo un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala (PDH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Es el sexto país en el mundo con desnutrición crónica. Suponen bien que las poblaciones rurales e indígenas son las más afectadas.
El agua también es insegura, como la vida. Dado el alto índice de enfermedades gastrointestinales, la PDH dice que Guatemala tiene la más alta incidencia de mortalidad de América, con 6.3 muertes por cada 100.000, por esa causa.
Francisco Zacarías, del Consejo Indígena, afirma que la poca agua con la que cuentan está contaminada. Abundan enfermedades en la piel, “son llagas que se forman, como salpullido”. “Quienes trabajan en el campo, beben agua no apta para el consumo humano y eso les provoca enfermedades estomacales”, añade.
Para esas “dolencias comunes”, en las comunidades usan tratamientos con medicina natural, que les ayuda a fortalecer el cuerpo -sistema inmune- narra Anacleto Pérez, autoridad indígena de comunidades Maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula.
A propósito, en Guatemala el 90 por ciento de las corrientes subterráneas y superficiales de agua están contaminadas por agroquímicos y la explotación minera, denuncia el integrante del Colectivo Madre Selva, Gerardo Paiz.
El asunto del cambio climático, los desastres naturales y sequías constantes, los obliga a aferrarse a conocimientos ancestrales.
Entre los originarios se organizan para cuidar los bosques, por eso saben cómo verificar los estrechos pasos entre montañas, por donde baja un riachuelo, quebradas útiles para llenar los tanques de captación, acumular agua y redistribuirla en la comunidad. De igual forma, se organizan para apagar los incendios que se incrementan en verano, en el Corredor Seco.
“El agua es un bien natural que debe protegerse, los mantos acuíferos, lugares que tienen abundante agua para las reservas y captación de agua, como la reserva de la Biosfera de las Minas, cadena montañosa que inicia en el municipio de Purulhá y terminan en Izabal”, confirma Paiz.
“Durante la canícula, el verano es largo, la tierra se seca y la producción de alimento disminuye. Por ejemplo, en tierra húmeda la milpa resiste, pero aquí se pierde, no crecen los elotes”, expresa la integrante del Consejo de Autoridades Indígenas de Olopa, Chiquimula, Carmelita Pérez.
Ella sabe de la escasez de agua para el consumo humano y la siembra, “sólo tenemos el agua de lluvia”. Entonces, “llega el hambre porque no todos tenemos parcelas, sólo logran producir quienes tienen terrenos a orillas de los ríos, pero le suben el precio al maíz, así -a los demás- no les alcanza para comprar”.
“Ya son cinco años que nos viene afectando la sequía, lo que se siembra depende del agua de lluvia, quienes siembran por ejemplo el café, que son la mayoría, no pueden hacer nada. La gente está dispuesta a trabajar, pero no se produce por las constantes sequías”, argumenta el presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario (Cocode) de la comunidad la Prensa, Olopa, Chiquimula, Santiago Guzmán.
Migración laboral
Quién no puede cultivar, migra. En medio de crisis migratoria, más de 40.000 guatemaltecos viajaron a Honduras en 2018 para trabajar en la agricultura.
Quienes no logran cosechar, llegan a la frontera con Honduras para trabajar “en el corte de café”, durante los meses de noviembre a febrero. Igualmente, constituyen un flujo migratorio histórico entre Guatemala y México.
Una parte vive en las propias unidades productivas, en particular en las fincas. Se les reconoce como “acasillados” o “permanentes”, a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, quienes trabajan y viven de labores agrícolas en Chiapas.
Incertidumbre, frustración y desesperanza en jóvenes que buscan trabajo. Le llaman “completar el gasto” para sus familias, incluso abunda el trabajo infantil.
“A esto se debe sumar que ahora estamos ante el contexto de la Covid-19. Ningún país de la región está preparado para el problema del hambre y su complejidad. No existen fuentes de empleo, no se puede salir a trabajar y la población pasa hambre”, se lamenta Héctor Aguirre de la Mancomunidad Trina Nacional Fronteriza Río Lempa.
Es la falta de agua e inviernos con poca lluvia, largos períodos de sequías. O la copiosa lluvia, deslaves, inundaciones con pérdida de cultivos. Son los extremos del cambio climático.
Entonces en las comunidades Ch’orti, la mayor preocupación es la crisis alimentaria. Han perdido el maíz y frijol por las constantes sequías.
“Un día comía y tres no”, eso no se olvida en El Guayabo de Jocotán. María Domiguez, aunque con nombre castellano, sus facciones hablan de los Chortís, uno de los pueblos más antiguos, dentro de la familia maya-quiché, que a duras penas sobrevive. Entonces, de cual calamidad habla el presidente.