La pandemia del coronavirus muestra ya el costo económico y humano de los conflictos. El crimen y la guerra carcomen cualquier disposición para responder ante el virus, y las pérdidas económicas causadas por él tendrán mayores consecuencias para las personas que residen en los países envueltos en esta situación.

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¿Qué sucede en Yemen, Colombia, Palestina? No solo está amenazada la capacidad para llegar a estos sitios, sino también el acceso de los afectados a bienes y servicios esenciales como el agua, la atención médica y los alimentos.

Yemen: al borde del precipicio

Desde marzo de 2015, Yemen –un país de 27 millones de personas–vive desgarrado por una guerra que enfrenta a los rebeldes hutíes y sus aliados contra las tropas leales al presidente. El deterioro político, social, religioso y militar es constante, y deja significativas consecuencias en una población que vive en un contexto de emergencia humanitaria.

Según la ONU, más de dos tercios de la población yemenita dependen de ayuda para sobrevivir. Pese a los repetidos llamados a un “alto al fuego”–en busca de combatir al coronavirus– las agresiones continúan. El jueves 11 de junio de 2020 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba que, desde el pasado enero, más de 94.000 personas habían sido desplazadas y forzadas a abandonar sus hogares. El conflicto, desde 2015, ha provocado la muerte de más de 100.000 personas. 

Las autoridades han reportado oficialmente –al cierre del 6 de julio– 1.290 casos y 345 muertes a causa de la Covid-19; aunque la ONU estima que, teniendo en cuenta la situación y que la mitad del sistema hospitalario yemenita ha sido destruida –o dañada–, el número de afectados puede ser mayor. Según la organización,  17,8 millones de personas ni siquiera tienen acceso al agua potable.

En un informe conjunto elaborado por Physicians for Human Rights– organización con sede en los Estados Unidos–y la organización de derechos humanos Mwatanafor Human Rights, con sede en Yemen, se evidencian cuatro años de ataques contra las instituciones de salud en dicho país.

En casi 200 entrevistas–confrontadas con declaraciones de testigos, fotografías, informes de medios–se documentaron 120 ataques contra instalaciones médicas en 20 de las 22 provincias del Yemen entre marzo de 2015 y finales del 2018, cuando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron una ofensiva con el respaldo de Estados Unidos.

“Cuando lo miras, eres consciente de que en realidad se trata de una situación letal a causa de 1.000 recortes–dijo Kristine Beckerle, directora legal de responsabilidad y reparación de Mwatana for Human Rights–. No se trata de que el sector de la sanidad del Yemen haya excedido sus límites, es que está más allá de cualquier límite”. 

De los ataques documentados en el informe, 35 fueron asaltos aéreos de la coalición saudita y emiratí, e involucraron bombardeos sobre 32 instalaciones médicas distintas.

Desde Ginebra, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, JensLarke, afirmó a finales de mayo: "En este momento, Yemen se encuentra al borde del precipicio. La situación es extremadamente alarmante, y hablan de que el sistema de salud está colapsado. Dicen que tienen que rechazar a la gente porque no tienen suficientes equipos para suministrarles oxígeno. Tampoco tienen suficiente equipo de protección personal".

Desde Yemen, médicos sin fronteras y la OMS 

Médicos sin Fronteras ha emitido advertencias en todos estos meses de pandemia: “Lo que estamos viendo en nuestro centro de tratamiento es solo la punta del iceberg en términos del número de personas infectadas o víctimas fatales. La gente viene muy tarde a que les salvemos la vida”.

Para la organización, el mayor problema es la baja capacidad de pruebas para el diagnóstico, no hay certeza sobre el número de casos y las muertes aumentan, así como los pacientes que tienen los síntomas.

“El alto nivel de mortalidad que vemos en nuestros pacientes es equivalente al que vemos en las unidades de cuidados intensivos de Europa, pero la gente que muere en Yemen es mucho más joven: son hombres entre 40 y 60 años”, expresó también la organización.

Colombia: el doble filo de la muerte

A pesar de los acuerdos de paz, la situación en Colombia se agrava. Las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno para aplacar la propagación del coronavirus no inmovilizan el conflicto armado: se muere por coronavirus y se muere por los conflictos.

En el departamento de Chocó, una de cada tres personas vive en situación de pobreza extrema. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consultado en mayo de 2020, en Chocó la población se encuentra atrapada, por un lado, entre las medidas de contención del coronavirus y el conflicto; por el otro, entre las guerrillas, grupos paramilitares y el ejército nacional. Las desigualdades estructurales hacen que el impacto de la pandemia sea mayor para la población indígena y afrocolombiana. 

La fundación Ideas para la Paz (FIP) señala: “En medio de la incertidumbre actual, es relevante mencionar que no identificamos a la pandemia como una causa, sino más bien como un dinamizador que puede intensificar o —en algunos casos— desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada”.

Según un informe de Ideas para la Paz, entre enero y abril de este año aumentaron los asesinatos a líderes sociales, los desplazamientos forzados y los crímenes contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). En los primeros cuatro meses de 2020 aumentaron también los combates entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales. La FIP habla de un incremento del 32 por ciento con respecto al año pasado. O sea, mientras en 2019, durante el mismo periodo de tiempo, hubo 42 acciones de la fuerza pública, este año se reportaron 55.

El informe señala asimismo cómo el 80 por ciento de las acciones de los grupos armados ilegales se aglutina en cinco departamentos: Norte de Santander (29 por ciento), Cauca (16 por ciento), Nariño (13 por ciento), Antioquia (11 por ciento) y Arauca (11 por ciento).

Los líderes más afectados por la violencia entre enero y abril de este año fueron los presidentes de Juntas de Acción Comunal (33 por ciento). Le siguen los líderes campesinos (20 por ciento) y después los líderes indígenas (12 por ciento).

Por su lado, la Misión de Verificación de Naciones Unidas informó que, durante el primer trimestre de este año, 16 excombatientes murieron, lo que representa un incremento del 33 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019 (19 asesinatos).

A todo esto hay que agregar las cifras del coronavirus en Colombia al cierre del 6 de julio: 120.281 casos, con 4.210 muertes.

Palestina: entre la Covid-19 y la ocupación de Israel

En abril de este año, el jefe del Comité Nacional para Romper el Asedio de Gaza, Jamal al–Khudari, había pedido a los países árabes y a las organizaciones internacionales que apoyaran a las regiones del país que sufren el asedio israelí.

La agencia turca Anadolu, reflejaba palabras de Khudari en un comunicado: "La ocupación israelí, el asedio y las medidas contra la Covid-19 han dado lugar a una crisis económica, y si continúa creará un desastre sin precedentes. La crisis es grande y es muy peligrosa para los trabajadores, las fábricas y los sectores del comercio, la agricultura y el turismo". Casi tres meses después del comunicado, ¿cuál es la situación de Palestina?

Según la agencia EFE, el presidente palestino, MahmudAbás, decretó el 5 de julio el estado de emergencia durante un mes ante el aumento continuo de contagios por Covid-19. "Las autoridades tienen que seguir tomando todas las medidas necesarias para afrontar los peligros del coronavirus", indica el decreto presidencial, que habla, además, sobre la necesidad de velar por la seguridad y la estabilidad, y sobre la importancia de proteger la salud pública. El estado de emergencia se extenderá hasta el 5 de agosto, pero se podría extender más tiempo si las autoridades lo consideran necesario.

A todo esto hay que sumarle, además, la presencia del coronavirus. Ante el temor de propagación, Palestina exhortó a Israel a cerrar todas las fronteras y cruces con el fin de detener la propagación de la Covid-19.

Según la agencia de noticias Xinhua, con fecha 7 de julio, el primer ministro palestino, Mohammed Ishtaye, dijo en la apertura de la reunión semanal del gabinete que Palestina enviará una solicitud a la Organización de Supervisión de Tregua de las Naciones Unidas (UNTSO, por su sigla en inglés) para vigilar el control sobre las fronteras, debido a la negativa de Israel ante la petición palestina de establecer un mecanismo de control en las principales entradas a Cisjordania. Aunque solo reportan 21 muertos al cierre del 6 de julio, Palestina –según el Centro Europeo de Prevención y Control– presenta 4.786 casos confirmados.

¿Disminuirán o se intensificarán los conflictos en tiempos del coronavirus?

Según reporta Prensa Latina, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el 2 de julio que el impacto de la Covid-19 es particularmente severo en países donde existe un conflicto o están saliendo de él.

Según Guterres, los procesos de paz frágiles podrían verse descarrilados por la crisis, especialmente si la comunidad internacional está distraída. El secretario general de la ONU lamentó cómo el estigma y el discurso de odio aumentan y una epidemia de desinformación en línea se generaliza.

Este 1 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2532, que recibió el apoyo unánime de los 15 miembros, exige un cese de hostilidades general e inmediato en todas las situaciones en medio de la pandemia. Pide a todas las partes en conflictos armados establecer de inmediato una pausa humanitaria durante al menos 90 días consecutivos a fin de permitir la entrega de ayuda humanitaria, el suministro de servicios pertinentes y la realización de evacuaciones médicas.

Cabe preguntarse entonces si se detendrán o disminuirán las agresiones o por el contrario estas naciones continuarán en su lucha contra la Covid-19 y la guerra.