¿Cómo enfrentan los líderes sociales la violencia en Colombia?
Los líderes sociales son asesinados por sus denuncias y luchas por la reivindicación de los derechos de las comunidades.
Los líderes sociales en Colombia se han convertido en el blanco por parte de grupos armados tanto del aparataje Estatal como irregular.
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Un reciente informe publicado por Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, el movimiento político Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), revela que desde enero hasta finales de junio, han sido asesinados 150 líderes sociales, la mayoría de ellos vinculados a las luchas por reivindicaciones de comunidades campesinas o indígenas.
Tanto los líderes sociales como los excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016, son objetivo de permanente persecución por parte de núcleos paramilitares.
"En el campo se viven ldesigualdades profundas desde la época de la violencia, nosotros queremos escribir una historia distinta, queremos reconciliación y oportunidades económicas. Que se haga realidad lo que acordamos en el Acuerdo de Paz".#ErradicaciónForzadaNoSolucionaNada pic.twitter.com/yNnH7E3jhD
— COCCAM COLOMBIA (@COCCAMColombia) June 29, 2020
Centenares de familias han sepultado a seres queridos que decidieron apostarle a un camino de paz en un país que aún padece un conflicto social y armado.
Los departamentos donde se registraron las mayores cifras de crímenes fueron en Cauca (63), Antioquia (22), Putumayo (15), Córdoba (nueve), Valle del Cauca (ocho), y Bolívar y Caquetá (tres cada uno).
Historias de vida en medio del genocidio
La cadena internacional teleSUR recogió impresiones sobre este tema con José William Muñoz residente en el departamento del Cauca e integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca y de Marcha Patriótica; Edilberto Daza en el Meta y miembro de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia; y Wilmar Madroñero militante de la Red de Derechos Humanos del Putumayo e integrante de Marcha Patriótica.
Estos líderes son víctimas de amenazas y desplazamiento a causa de sus denuncias en los territorios, así como de sus posiciones políticas. Muñoz debió dejar atrás Tarazá, Edilberto dejó a su familia, y Madroñero buscó refugio en una ciudad, pues su vida peligraba en San Miguel.
El Programa Nacional Integral de Sustitución y la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz son pilares para solucionar los problemas estructurales del campo y la problemática de las familias cultivadoras de hoja de coca #RostrosQueSiembran#ErradicaciónForzadaNoSolucionaNada pic.twitter.com/c7uOitT6yx
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“En 2007 me secuestraron durante tres días, y fueron el Ejército y un grupo paramilitar que trabajaban de conjunto”, comenta Edilberto Daza. “Las amenazas me obligaron en 2017 a irme al extranjero, aunque después de unos meses sentí que era imposible vivir alejado de la lucha y volví”.
“La primera vez que me amenazaron sentí mucho temor, pero poco a poco seguí adelante”, recuerda José William Muñoz. “El temor inmoviliza y así es imposible trabajar, pues puedes cometer algún error”.
“Me gusta cultivar, disfrutar del campo y moverme con libertad. Cuando te amenazan y te tienes que mover a otro lugar, te desarraigan de tu vida, de tu alegría”, cuenta Wilmar Madroñero.
“Uno quiere conservar el carácter campechano y desenfadado, pero las amenazas de muerte siembran desconfianza. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para conseguir que te cambien inexorablemente. Además de coacciones, fui objeto de un falso montaje judicial y pasé 22 meses en prisión pese a que era totalmente inocente”, expresa.
“Luchar separado de mi familia ha sido como perder una parte de mí”, recalca Muñoz. “Cuando comenzaron a intimidarme, analizamos que la situación podría empeorar. Ahora la familia está lejos y yo ando solo. Disfrutar de su compañía y de los pequeños momentos cotidianos es lo que más extraño”.
Añadió que “a pesar del peligro, no ve la solución a la violencia en la Unidad Nacional de Protección (UNP, ente gubernamental para la defensa de las personas amenazadas). En ocasiones demoran meses en brindar protección. El énfasis no hay que ponerlo en mejorar la UNP, sino en que nadie nos amenace”.
“Conocí a Eider Adán Lopera, a quien mataron el 15 de junio en Antioquia. Era un compañero muy activo en el trabajo, sociable, optimista, a quien nunca se le veía triste. Los paramilitares quisieron dar un escarmiento al no permitir, con total impunidad, que se recogiera su cuerpo. Es inevitable que lo sucedido haya dejado heridas entre las comunidades, pero tenemos que sacar fuerzas y hacer el trabajo que nos confiaron”, explica Muñoz.
Edilberto Daza recuerda “con cariño a Arley Monroy, líder campesino de Marcha Patriótica a quien mataron en noviembre de 2016 cerca de San Vicente del Caguán (Caquetá), después de mucho tiempo denunciando que los grupos paramilitares estaban regresando a estas áreas”, manifestó.
Wilmar Madroñero evoca a Marco Libardo Rivadeneira, quien presidía la asociación campesina de Puerto Asís (Putumayo). “Andaba promoviendo la sustitución de cultivos de coca cuando, tras una reunión campesina, en marzo pasado, fue secuestrado y baleado”, prosigue. “Le gustaba confraternizar y era buen conversador y muy querido. No habrá tenido una formación de academia, pero lo superaba con grandes ganas de hacer y ayudar a todos".
Junto a los jóvenes líderes Yuri Quintero y Yule Anzueta, Madroñero condenó públicamente el asesinato. Unos días después los tres recibieron amenaza de muerte del mismo grupo que baleó a Rivadaneira. "Pero él entusiasmó a muchos jóvenes como yo, y aunque nos amenacen vamos a continuar”.
“Los riesgos son inmensos. Para no renunciar a nuestro trabajo hemos tenido que desarrollar estrategias y actuar de maneras más seguras. Lo importante es que la gente sepa que no está sola y que cuenta con nuestro apoyo, o todo se perdería. Los líderes inspiramos a las comunidades aunque no tengamos conscientemente esa intención. Hay que cuidarse y seguir poniendo nuestro granito de arena”, expresó Muñoz.
Genocidio incesante
Para Edilberto Daza, “la oligarquía y los grupos armados quieren vender el país a las multinacionales. Además del beneficio que les deja el narcotráfico, saben que el país es rico en recursos. Por eso quieren controlar estos territorios y los líderes sociales somos el rostro de la resistencia”.
Según informes, el Acuerdo de Paz potenció la labor de miles de líderes sociales como voceros de sus territorios y de demandas históricamente aplazadas, lo cual choca con intereses de grupos legales e ilegales que responden de manera violenta.
Esa posición de fuerza comprende la descalificación, estigmatización y judicializaciones, pero también amenazas, atentados, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados colectivos e individuales. A todo ello se une la falta de garantías por el Estado para el ejercicio político desde la oposición, recoge el documento.
Para Edilberto Daza, “la oligarquía y los grupos armados quieren vender el país a las multinacionales. Además del beneficio que les deja el narcotráfico, saben que el país es rico en recursos. Por eso quieren controlar estos territorios y los líderes sociales somos el rostro de la resistencia”.
El informe enfatiza que, en lugar de responder a esta situación cumpliendo el Acuerdo de Paz y promoviendo alternativas productivas y fuentes de bonanza, el Gobierno ha priorizado la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.
Con ello pone en riesgo la economía de más de 230.000 familias campesinas, indígenas y negras de 17 departamentos, las cuales dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento, según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (Coccam).
Expresamos preocupación X desaparición de Juan de Jesús Peinado Mora, desde 24 junio. Peinado Mora es presidente de JAC, vereda San Isidro, Convención, y miembro del Movimiento Constituyente Popular (MCP). Hacemos llamado al respeto a su vida y solicitamos su pronto retorno pic.twitter.com/4dJZl8SHBe
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) June 29, 2020
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta marzo pasado 99.097 familias habían erradicado de manera voluntaria esos cultivos. “Pese al incumplimiento del Gobierno y a la falta de medios, muchos campesinos se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y tratan de impulsar otras producciones. Esas comunidades y sus líderes son los más hostigados por los grupos armados”, agrega José William Muñoz.
Para Wilmar Madroñero, los líderes no cuentan con garantías de protección porque “el Estado no hace presencia en estas zonas, o lo hace para defender a las empresas petroleras y mineras, a menudo a través de la fuerza pública”, a lo cual agrega “los excesos cometidos por el Ejército Nacional al imponer la erradicación forzosa".
Un total de 90 incidentes de este tipo se reportaron durante 2020, mayormente en comunidades de Norte de Santander y Antioquia, y en menor medida en Meta, Putumayo, Nariño, Caquetá y Cauca, según la Coccam.