Desde finales de 2012 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) intentan resolver en una mesa de negociaciones el conflicto social y armado que se ha extendido por más de 50 años. En los últimos meses seis altos mandos militares viajaron a La Habana (Cuba), para discutir el cese el fuego que tanto ansían miles de personas. 

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Pero, ¿será esta dejación de armas suficiente para acabar con la guerra, o quedan asuntos pendientes? y ¿qué hay de los demás actores del conflicto: paramilitares, otros grupos armados? En este artículo, a través de la voz de dos activistas, teleSUR analiza las bases del conflicto que ha llevado a Colombia a librar una de las guerras civiles más largas de la que se tenga memoria.

Inicio del conflicto

El conflicto social y armado colombiano tiene sus raíces en la tierra. En Colombia la distribución de la tierra agrícola refleja una brecha social: 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de los propietarios, pero el 3,6 por ciento de éstos tiene el 30 por ciento de la tierra, según un estudio publicado en 2012 por el diario Semana, titulado “Así es la Colombia rural”. 

Así también lo explicó al sitio web de teleSUR el sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano: el conflicto inició en la década de 1920, cuando la expansión cafetera hizo que las tierras subieran de precio y los campesinos decidieron sembrar este rubro, en lugar de seguir trabajando como peones de grandes hacendados, que perdieron la mano de obra barata.

“Los campesinos que antes estaban atados a las haciendas, decidieron sembrar café”, lo que se tradujo en la reducción de mano de obra y competencia directa para los hacendados cafetaleros. 

Ante esta situación, el Gobierno comenzó reprimiendo esos movimientos de campesinos y se “entró en un proceso de rivalidad política que se agrava cuando el Partido Liberal toma el poder y aconseja a algunos (campesinos) y el Partido Conservador resuelve atacar militarmente, con armas, a esos movimientos políticos campesinos”.

Posteriormente, en la década de lo 1960, y como consecuencia de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social aparecen los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cincuenta años después, éstos siguen siendo los dos grupos insurgentes armados más importantes del país.

En medio del conflicto, surgen los grupos paramilitares (antes chulavitas o Policía Chulavita, un grupo élite armado que actuó entre 1948-1953 para cometer masacres, sobre todo de liberales), como una estrategia del Estado para combatir en conjunto con el Ejército y las fuerzas de seguridad a los guerrilleros, así como reprimir la base social de apoyo a la insurgencia, en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional orientada por EE.UU.

Los paramilitares, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se convirtieron entonces en los mayores perpetradores de masacres y desplazamientos forzados de la historia del conflicto armado colombiano. 

El Centro de Memoria Histórica de Colombia, un organismo del Estado, calcula que desde 1958 a 2012 han muerto en el país 218 mil 94 personas por la guerra. De esta cifra poco más de 11 mil en masacres; más de la mitad ejecutadas por paramilitares de la extrema derecha.

Diálogos de paz

Con Venezuela, Noruega y Cuba, como países garantes, desde finales de 2012 Colombia vive un proceso histórico que reune en una mesa a dos de los principales actores del conflicto: El Estado y las FARC-EP.

Una agenda de cinco puntos rige los debates, que a mediados de febrero de 2015 iniciaron su ciclo 33.

Muchas son las expectativas que se derivan de este proceso, y ante las dudas que se han generado sobre el alcance para la verdadera paz de Colombia, Molano asegura que el cese de fuego decretado, en un primer momento por las FARC-EP, y más recientemente por el Gobierno,  puede ser parte del “proceso de dejación de armas”, sin embargo, esto no significa que la guerrilla va a entregar sus armas, sino que a cambio de que se asegure la garantía política y de vida de sus combatientes, los grupos las irán dejando poco a poco.

“Lo que se negocia en La Habana es netamente las armas y las raíces económicas y políticas; por lo tanto, una vez que se silencien los fusiles los conflictos seguirán pero serán tramitados por las vías políticas y no por las armas”, afirmó Molano. 

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Consultado sobre el tema, el Senador al Congreso de Colombia por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, considera que alcanzar un acuerdo de cese al fuego sería un punto importante para avanzar en el camino de la paz, pero advierte que no es suficiente con que se sellen acuerdos sobre temas importantes, sino que también es necesario que se acabe la guerra en su aspecto militar y operativo.

“Desde ese punto de vista creo que es necesario, que efectivamente se proceda a un cese bilateral al fuego de carácter indefinido y verificable. Ese es uno de los puntos que se está discutiendo (...) es necesario que se le ponga punto final al paramilitarismo. Ese es uno de los grandes enemigos de la paz en Colombia”, apuntó.

Consultado sobre por qué en los Diálogos de La Habana no están incluidos los grupos paramilitares, afirma que éstos son un brazo armado del Estado, por lo que, en su opinión, deben recibir un tratamiento distinto.

“Los paramilitares surgieron como parte de una estrategia del Estado, en medio de la  confrontación armada por lo tanto no son estrictamente una de las partes de la negociación en realidad ellos deberían ser objeto de un tratamiento distinto, de unas conversaciones, lo ideal sería que esos grupos desaparezcan y que queden prohibidos, proscritos para siempre, como parte  de un mecanismo que adopten en la mesa de negociaciones entre las FARC y el Gobierno, pero también, si es el caso, puede ser el resultado de una acción represiva del Estado”, dijo al sitio en español de teleSUR. 

Añadió que la Agenda que se ha previsto en La Habana tiene las tres principales causas del conflicto: La necesidad de una reforma rural integral, el narcotráfico y el problema de la apertura política y de la democracia, no obstante, aseguró que “esos tres temas no son la totalidad de los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana”, pues “es una de las sociedades más inequitativas del planeta, tiene graves problemas en materia de atención en salud, educación, trabajo, vivienda, explotación de los recursos naturales por parte de compañías trasnacionales”.

El 23 de septiembre de 2015 se espera la firma del punto sobre justicia y víctimas.

Algunas cifras

En 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, en el que reflejaban el alcance y daño social que ha ocasionado el conflicto colombiano, el más duradero del mundo moderno.   

Desde 1958 hasta 2012 la guerra en Colombia ha arrojado 218 mil fallecidos y 25 mil 
desaparecidos de manera forzosa; mientras que en asesinatos selectivos se cuentan unos 173 mil colombianos, la mayoría de ellos a manos de grupos paramilitares de la extrema derecha.

Estas bandas también ocupan el primer lugar en cuanto a masacres perpetradas con mil 156 víctimas.

Otro drama que refleja este organismo público es de los desplazamientos violentos, que desde 1985 hasta la fecha de publicación del informe superaban los 10 millones de colombianos. 

Cicatrices

¿Cómo cerrar las cicatrices de 50 años de guerra entre hermanos?.  Esta fue la pregunta que le hizo nuestro equipo de reporteros a Alfredo Molano e Iván Cepeda.  Sus respuestas….

Alfredo Molano

Las víctimas del conflicto armado son la gente que más le duele lo que ha pasado y hay un cierto ánimo de perdonar, hay un gran ánimo de perdonar, la gente no quiere saber más, la gente que fue herida, la gente que tiene muertos, la gente que carga el dolor quiere perdonar y quiere terminar el conflicto y esas heridas el tiempo las irá cicatrizando.

Iván Cepeda

​ “Esperemos que como parte del desarrollo de los acuerdos de paz en Colombia se pueda producir una reforma a la justicia.  Si bien eso no está en la Agenda de los acuerdos de La Habana, sí es un acuerdo sustancial que requiere una atención prioritaria, porque en Colombia hay una gran impunidad, especialmente con relación a delitos muy graves a la corrupción, a los crímenes de lesa humanidad, y por supuesto aquí hay en el fondo, una gran debilidad del sistema judicial, una falta crónica de recursos para fortalecer la justicia y también, hechos que atañen a la falta de independencia e imparcialidad de las instancias judiciales”.

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